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¿Por qué la juez Jerez no ha archivado ya la denuncia de López Madrid contra la doctora Pinto, después de 7 años?

¿Por qué la juez Jerez no ha archivado ya la denuncia de López Madrid contra la doctora Pinto, después de 7 años?
El columnista, Carlos Berbell, no entiende cómo después de ser imputados el financiero Javier López Madrid y el comisario José Manuel Villarejo en dos juzgados de instrucción, uno de la Audiencia Nacional, ella sigue con la denuncia del empresario contra la doctora Elisa Pinto desde hace siete años y cinco meses.
29/7/2021 06:45
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Actualizado: 29/7/2021 06:45
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Esto es algo que vengo preguntándome desde hace tiempo. ¿Por qué la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 26 de Madrid, Concepción Jerez, no ha archivado ya la denuncia que interpuso Javier López Madrid, yerno del empresario Juan Miguel Villar Mir, alto ejecutivo del IBEX 35 y «compi yogui» de la Reina Letizia, contra la doctora Elisa Pinto?

¿Qué se lo impide? Su inacción me crea serias dudas y me genera un cierto desasosiego y una cierta desconfianza, tengo que admitirlo.

Porque hace ya tiempo que ha quedado bastante claro que el comisario jubilado José Manuel Villarejo articuló esta denuncia, que está en su Juzgado, para contrarrestar la que la doctora Pinto le había interpuesto a López Madrid el 20 de diciembre de 2013.

La del empresario fue presentada el 17 de marzo de 2014.

Ha quedado más que claro en el Juzgado de Instrucción 39 de Madrid, donde cayó la denuncia de la doctora Pinto.

Y ahora más claro todavía en el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Manuel García Castellón. 

Ayer, precisamente, el mencionado magistrado dio carpetazo a la investigación, a la fase de diligencias previas –dicho en el suajuli jurídico– y abrió la siguiente fase del procedimiento por la que la acusación particular de la doctora Pinto, representada por Ana Blanco, y el Ministerio Fiscal, tendrán que articular los respectivos escritos de acusación. Que lo harán.

Y las defensas de López Madrid, Villarejo y su socio, Rafael Redondo Rodríguez, tendrán que redactar los suyos, en línea exculpatoria, como mandan los cánones.

Después, de esta fase, conocida como procedimiento abreviado, se pasará a la de apertura de juicio oral.

ACUSADOS DE COHECHO

García Castellón lo ha visto claro. A Villarejo y a su socio, Rafael Pérez, les atribuye un delito de cohecho pasivo del artículo 419 del Código Penal. El comisario tenía prohibido hacer este tipo de «pluriempleos» y menos utilizar los medios de la policía para tales fines. 

A López Madrid, por el contrario, lo que le imputa es un delito de cohecho activo del artículo 424 del Código Penal. Se refiere justo al que paga, al que pone «la guita». 

Se especula con que Villarejo habría recibido dos millones de euros por los servicios prestados a López Madrid.

El empresario, según entiende el magistrado, contrató al policía, hombre de máxima confianza del número 2 de la Policía, el director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino, en septiembre de 2013.

«Durante 2014, José Manuel Villarejo Pérez, en cumplimiento de lo pactado con Javier López Madrid, y con fines privados, se dedicó a hostigar a María Elisa Pinto. Llevó a cabo seguimientos e intentó impedir que denunciase a Javier López por acoso», dice García Castellón.

Pero es que además «Villarejo empleó medios policiales para desacreditar a María Elisa: realizó seguimiento, accedió a su información privada sin autorización e intentó interferir en la investigación policial, solicitando información sobre el estado de las pesquisas, manipulando al investigación policial y realizando previsiones sobre el resultado de una rueda de reconocimiento de la que tendría que formar parte«.

También relata que Villarejo le presentó a López Madrid al comisario Enrique García Castaño, al que en la Comisaría General del Información –la policía «secreta», de la que era el número 2– le conocían como «el gordo».

Y también al inspector Alberto Carba instructor de la denuncia que cayó en el Juzgado de la magistrada Jerez, de la que trata esta columna.

«Este agente de policía envió varios correos electrónicos a Javier López Madrid comunicándole el estado de la investigación y recibiendo instrucciones», dice García Castellón. Recibiendo instrucciones de López Madrid, se entiende. Esto es muy turbio y tendrá que aclararse en el juicio.

Pero es que aquí no acaba la cosa.

El 28 de agosto del año pasado, la titular del Juzgado de Instrucción 39 de Madrid, Belén Sánchez Hernández –siete años y medio después de que la doctora Pinto presentara su denuncia contra López Madrid por acoso y amenazas– hizo lo mismo que ayer García Castellón.

Cerró la fase de investigación y la transformó en procedimiento abreviado, tras apreciar indicios de delitos de acoso y amenazas, por lo que correspondía a López Madrid.

Y de acoso, amenazas y lesiones, por lo que tocaba a Villarejo.

AMENAZAS Y APUÑALAMIENTOS

El acoso, relata, se materializó en llamadas amenazadoras con mensajes como «vamos pinchar a tus hijos«, «te vamos a matar«, «eres una puta… lo vas a a pagar caro por hacerte la lista», «no coges el teléfono pues te mandaremos un mensaje con un cuchillo para que lo entiendas, esto no se va a acabar«, «sabes que el final de todo esto será que te matemos, esto solo puede acabar acabando contigo», «eres una puta loca que te has creído que te vas a salir con la tuya», «tus hijos están seguros?», «te vamos a matar, has hablado demasiado, como no sabes callarte solita te callaremos nosotros» y «vas a morir zorra, tus hijos van a morir, puta loca suicida, baja a misa para que te veamos«.

La magistrada Hernández también cuenta cómo Villarejo supuestamente apuñaló a Elisa Pinto el 10 de abril de 2014.

«El día 10 de abril de 2014María Elisa Pinto Romero se encontraba en el interior de su vehículo Ssanyong Rodius 2151FKK en la Avenida de Pio XII de Madrid, en compañía de su hijo menor de diez años de edad (…), cuando un varón identificado como José Manuel Villarejo Pérez ha aprovechado que Elisa Pinto ha bajado del coche y se ha acercado a la misma apuñalándola en la zona abdominal, huyendo del lugar diciéndole ‘López Madrid quiere que cierres la boca’», relata la magistrada en su auto.

Fue una puñalada de cuatro centímetros de longitud que requirió sutura.

Pero esa no fue la primera agresión con arma blanca que sufrió la doctora Pinto.

Tres meses antes, el 13 de enero de 2014, cuando conducía por la Avenida del comandante Franco, muy próximo a su casa, un individuo con tatuaje en la mano en forma de estrella dentro de un círculo, «se introdujo en su coche (…) estando parado con la intención de atentar contra su integridad física, causándole un corte con objeto punzante mientras decía ‘estás indefensa'».

Fue en el hombro izquierdo. De 3 centímetros, lo que también necesitó sutura, tras ser recogida por una ambulancia del SAMUR, que la trasladó a las urgencias del Hospital Gregorio Marañón.

VILLAREJO RECONOCIDO

Villarejo después fue reconocido por la doctora Pinto en una rueda de reconocimiento como el hombre que la apuñaló. Por esa razón la magistrada le impuso al comisario la prohibición de acercarse a 500 metros de su persona.

Por supuesto que los dos imputados en este caso recurrieron el auto que acababa con la investigación.

Con lo que no esperaban encontrarse fue con la respuesta del fiscal del caso, Fernando R. Mayoral, que el pasado 8 de marzo, solicitó a la magistrada Belén Hernández que además de considerar a López Madrid autor de un delito de acoso y otro de amenazas y a Villarejo de un delito de lesiones, ampliara el auto por considerar a ambos como coautores de los referidos delitos al haber actuado de común acuerdo. 

En el escrito, al que ha tenido acceso Confilegal, el fiscal Mayoral refiere la transcripción literal de una conversación que Villarejo mantuvo con dos personas más, Javier y Adrián, en la que reconoce haber apuñalado a la doctora Pinto. 

El material procede de las grabaciones encontradas durante la entrada y registro en las oficinas de la empresa de Villarejo, Cenyt, y en su domicilio habitual en la Finca «El Montecillo», en 2020, donde se encontró su agenda personal en la que de su puño y letra anotó el 17 de marzo de 2017 «Intentar retrasar la rueda en todo caso, hay que preparar la declaración una vez que me identifique, porque será así». 

Estas incautaciones se produjeron por orden de García Castellón. Y el fiscal del caso de Plaza de Castilla las ha llevado a su caso, al del Juzgado de Instrucción 39.

VILLAREJO RECONOCE, EN UNA GRABACIÓN, QUE LA APUÑALÓ

La conversación fue así:

Villarejo: Sí… Tronca del Gordillo [Ignacio Gordillo, exfiscal de la Audiencia Nacional y primer abogado de la doctora], el soplapollas ese, que es compañero nuestro… Sí, sí, bueno ahora ya es abogado. Que era además el abogado de la mujer de la médico esa que yo apuñalé. 

Javier: No lo sabía.

Villarejo: Sí, sí…

Javier: Pero si ese señor (ininteligible).

Adrián: Lo que no entiendo es por qué fallaste (se ríe Villarejo).

Villarejo: Porque estaba nervioso. 

Alberto: Eso los 2 centímetros…

Villarejo (riendo): Porque estaba nervioso, será hija de puta. 

LÓPEZ MADRID Y VILLAREJO: DOS JUICIOS POR 4 DELITOS EN DOS TRIBUNALES

Uno se producirá, con toda probabilidad, en la Audiencia Provincial de Madrid, por los delitos de acoso, amenazas y lesiones.

Por los que la abogada de la doctora Pinto, Ana Blanco, solicita la imposición de 22 años de cárcel para cada uno –la Asociación Clara Campoamor, que ejerce la accion popular, pide 17 años de prisión para López Madrid y Villarejo–, multas de 90.000 euros y una indemnización por las lesiones sufridas y las secuelas psíquicas y físicas ocasionadas.

El segundo tendrá lugar en la Audiencia Nacional. Este por los delitos de cohecho activo y cohecho pasivo.

¿Y QUÉ PASA CON LA MAGISTRADA JEREZ?

Han pasado 7 años y cinco meses. La instrucción, si se le puede llamar así, ha traspasado todos los límites habidos y por haber. 

Está fuera de plazo, se mire por donde se mire. Y no es mi opinión. Son varias las fuentes consultadas. De la máxima solvencia. 

En diciembre de 2015 entró en vigor el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, modificado, que establecía que el plazo general para cualquier instrucción tenía que ser de seis meses.

Un plazo que podía alargarse, a petición del fiscal, hasta 18 meses más.

Es decir, sumado todo, 24 meses. El caso tenía que haber terminado en enero de 2019, como mucho.

El citado artículo fue vuelto a redactar y modificado el 27 de julio de 2020. Se pasó de los 6 meses iniciales a los 12 meses para la incoación de la causa y luego puede prorrogarse por periodos de seis meses sin límite.

Nada parece haber afectado a esta causa. A la denuncia de López Madrid contra la doctora Pinto.

Vuelvo a repetirlo: está fuera de plazo. 

Hace dos años y medio que la magistrada debería haber dado carpetazo al asunto, sobreseyéndolo, o haberlo transformado en procedimiento abreviado y haber ido adelante con ello.

Nada ha pasado. Bueno, sí. En una ocasión ordenó detener a la doctora Pinto para que fuera conducida a su persona.

Sinceramente no veo nada claro el fin de esta instrucción de la magistrada Jerez.

No entiendo por qué sigue abierta a estas alturas. No tiene sentido. El Ministerio Fiscal ya se ha pronunciado en la Audiencia Nacional y en el Juzgado de Instrucción 39.

¿Acaso alguien puede pensar que, con la cantidad de indicios incriminatorios sobre la mesa contra López Madrid y contra Villarejo, la Fiscalía va a pronunciarse de forma completamente opuesta en la causa que instruye la magistrada Jerez?

En el mundo jurídico corre un viejo dicho sobre la Fiscalía, para explicar, de un modo gracioso, la unidad de acción de la Fiscalía: «La Fiscalía, al igual que Dios, nuestro señor, es una y trina».

Alguien tendría que contárselo a la señora magistrada.

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