Durante semanas, la Audiencia Nacional ha escuchado su voz. Sus conversaciones. Sus tratos. Sus confidencias grabadas en secreto con ministros, comisarios y empresarios. Hoy, José Manuel Villarejo, comisario jubilado, deja de ser el protagonista de los audios y se convierte en el acusado que tiene que responder por ellos.
La novena semana del juicio de la Operación Kitchen tiene un solo día de sesión —el lunes— y un nombre propio que lo ocupa todo.
Villarejo declara. Y lo hace con 19 años de prisión encima de la mesa.
Es la petición más alta de todo el juicio. La Fiscalía Anticorrupción le imputa delitos de encubrimiento, malversación, contra la intimidad y cohecho pasivo propio. Antes que él declarará Eugenio Pino, ex director adjunto operativo de la Policía Nacional, para quien el Ministerio Fiscal pide 15 años.
De qué va todo esto
La Operación Kitchen es, en esencia, una historia sobre un Estado que supuestamente utilizó sus propios recursos policiales para espiar a un enemigo interno.
El objetivo era Luis Bárcenas, extesorero del PP y depositario de una contabilidad paralela que podía hundir al partido entonces en el Gobierno.
El presunto encargo: robarle información, interceptar sus comunicaciones, cortar el hilo que conectaba la caja B del PP con nombres propios del poder.
Todo ello, según la acusación, orquestado desde el Ministerio del Interior de Mariano Rajoy.
El juicio forma parte de la macrocausa Tándem —también conocida como caso Villarejo—, el proceso que investiga los negocios privados del comisario jubilado, convertido durante años en una figura que operaba en la zona gris entre el Estado y el mercado de las cloacas.
Las grabaciones que lo cambiaron todo
En las últimas semanas, el tribunal presidido por la magistrada Teresa Palacios ha escuchado decenas de audios del propio Villarejo.
Conversaciones comprometedoras. Algunas, devastadoras.
Con María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP, y su marido Ignacio López del Hierro —ambos investigados en un primer momento, aunque la causa contra ellos fue archivada posteriormente.
Con Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, a quien Villarejo habló de supuestos pagos que Bárcenas habría hecho al expresidente Rajoy.
Con el comisario Andrés Gómez Gordo. Con el empresario Adrián de la Joya. Con el exjefe de la UDEF José Luis Olivera.
En uno de los audios más llamativos, Villarejo describió con detalle cómo captó al chófer de Bárcenas como confidente, Sergio Ríos, al que apodó El Cocinero.
El precio: 2.000 euros al mes «en crudo, gastos aparte». A cambio, información sobre la familia Bárcenas. Todo lo que se pudiera saber.
En otra grabación, el comisario afirmó tener conversaciones «duras» entre Rajoy y Bárcenas.
Los acusados y lo que pide la Fiscalía
El banquillo de la Operación Kitchen reúne a una parte significativa de la cúpula policial y política del PP en aquellos años.
El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, Eugenio Pino y Andrés Gómez Gordo se enfrentan a 15 años de prisión cada uno.
El chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, convertido en confidente y luego en funcionario policial, afronta 12 años y la nulidad de su nombramiento como agente.
Para Marcelino Martín Blas, jefe de Asuntos Internos durante el período investigado, la Fiscalía pide dos años y medio.
Otros tres acusados —los inspectores José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, y el comisario Olivera— permanecen formalmente en el procedimiento, aunque el Ministerio Fiscal solicitó el archivo de sus causas al no apreciar indicios suficientes.
Hay un nombre que no aparece en el banquillo: Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, figura central en la trama. La Audiencia Nacional archivó su caso por incapacidad mental sobrevenida tras sufrir un ictus en 2022.
