El juez de la Audiencia Nacional que instruye la macrocausa ‘Tándem’, Manuel García Castellón, ha propuesto juzgar al comisario José Manuel Villarejo y al exdirector de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo por la decena de encargos presuntamente irregulares que el funcionario realizó para la energética entre 2004 y 2011. Acuerda asimismo declarar a la compañía y a la Administración del Estado como responsables civiles.
Así consta en el auto de pase a procedimiento abreviado de la pieza separada 17, recogido por Europa Press, en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 propone juzgar también al socio de Villarejo en la empresa Cenyt Rafael Redondo.
El magistrado considera acreditados los delitos de cohecho pasivo propio, cohecho activo, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad de documento mercantil.
En su auto, el juez señala al Grupo Iberdrola y a la Administración General del Estado como responsables civiles y da traslado a la Fiscalía y las acusaciones para presentar sus escritos de acusación.
La resolución explica que, de acuerdo con la investigación, entre los años 2004 y 2011, Antonio Asenjo, en su condición de director de seguridad de Iberdrola y con pleno conocimiento de que José Manuel Villarejo se encontraba en servicio activo como Comisario del Cuerpo Nacional de Policía, «encargó a éste diferentes investigaciones sobre hechos que afectaban directamente a la compañía Iberdrola».
Según el juez, la finalidad de las investigaciones encargadas por Asenjo, en nombre, y por cuenta de Iberdrola, a Villarejo, quien se encontraba en servicio activo como comisario de Policía, «fue obtener información sobre personas físicas y jurídicas que pudiera ser utilizada por la compañía para la defensa de sus intereses».
Y remarca que las investigaciones encomendadas por Iberdrola fueron asumidas por Villarejo «a través del Grupo Cenyt, del que era titular real, y en el que tenía un papel relevante, como abogado y encargado de la gestión ordinaria, el investigado Rafael Redondo, quien además intervino también en la ejecución de las investigaciones encargadas por el Grupo Iberdrola».
Por estos encargos, expone el auto, la empresa de Villarejo y Redondo obtuvo 1.455.064 euros del Grupo Iberdrola.
Los primeros trabajos con Villarejo, en 2004
Tras esta descripción, García Castellón explica que el primer trabajo investigado es de 2004 y se denominó proyecto ‘Arrow’. Lo encargó Asenjo y tenía por objeto «investigar a las personas físicas y jurídicas que los investigados sospechaban que estaban obstaculizando la construcción de la central de ciclo combinado que Iberdrola estaba ejecutando en la localidad gaditana de Arcos de la Frontera». Buscaba también «mejorar la posición» de la energética en los conflictos que se vivían a cuenta de la construcción de esta central.
El juez recuerda que las labores de Villarejo se concretaron «en numerosos informes y gestiones que fueron documentados entre los años 2004 y 2006» y que incluyeron «el acceso a tráficos de llamadas telefónicas realizadas y recibidas por las personas objeto de investigación», un total de siete personas.
Explica que puede apreciarse, indiciariamente, «una voluntad por parte de la compañía de ocultar estos trabajos como parece inferirse del hecho que las facturas correspondientes a los servicios prestados por Cenyt no fueron emitidas por ésta sino por otra compañía diferente, Castellana de Seguridad, S.A. (CASESA)».
El juez explica que ese 2004 Asenjo también encargó al comisario el denominado proyecto ‘Aglow’, cuyo objeto era establecer una colaboración permanente dirigida a obtener cualquier información que pudiera resultar de interés para la compañía contratante –Iberdrola– «y que le sirviera para defenderse frente a cualquier actuación que pudiera perjudicar sus intereses».
Entre 2004 y 2005 Asenjo también encargó el denominado proyecto ‘Blackboard’ o ‘BB’, que se centró, recuerda el juez, en investigar a Manuel Pizarro, presidente entonces de la compañía Endesa, una de las principales competidoras del Grupo Iberdrola en el mercado.
«En la ejecución de este proyecto Blackboard los investigados llegaron a hacerse con los tráficos de llamadas entrantes y salientes de Manuel Pizarro» y de otras dos personas más, recuerda.
Sobre Pizarro también se creo el proyecto ‘Quarter’, centrado en este caso «en la obtención de información sobre personas con las que aquél pudiera haber contactado en el marco de la oferta pública de adquisición (OPA) que en el año 2005 la compañía Gas Natural realizó sobre Endesa».
Wind, Gipsy y Posy
Sobre el proyecto ‘Wind’, otro de los que ha sido objeto de investigación, el juez recuerda que nació en 2006 y que tuvo por objetivo analizar a la persona de Pedro Víctor Barriuso Otaola, quien había sido responsable de energías renovables del Grupo Iberdrola, ante las sospechas de que pudiera desarrollar algún proyecto empresarial que compitiera en el mercado con la propia energética.
Ese mismo año, Asenjo encargó a Cenyt «todo tipo» de informes sobre diferentes personas que se barajaban para entrar a formar parte del consejo de administración de la compañía, entre las que se encontraba Inés Macho Stadler.
El magistrado prosigue explicando que en otro proyecto, denominado ‘Front’ se investigó a dos trabajadores de la central nuclear de Cofrentes (Valencia)respecto de quienes sospechaban que pudieran haber facilitado a terceros información reservada de dicha central nuclear.
Ya en 2009, en el proyecto ‘Gipsy’, Villarejo y Redondo investigaron para Asenjo si el directivo del Grupo Iberdrola José María Álvarez Vázquez pudiera haber cometido algún tipo de irregularidad al contratar con proveedores. Y ese mismo año, en el proyecto ‘Posy’, se centraron en obtener información sobre Florentino Pérez, presidente de la compañía ACS, y personas a él allegadas que, entre otras cuestiones, «pudiera ser utilizada por el Grupo en el conflicto que se mantenía entre ambos a cuenta de la composición del consejo de administración de la propia compañía Iberdrola.
En el año 2010, Asenjo, «actuando por cuenta del Grupo Iberdrola», encomendó a Villarejo el llamado proyecto ‘Sugus’, para analizar la figura de Gustavo Buesa Ibáñez, quien había sido designado consejero de Iberdrola Renovables, sociedad filial del Grupo.
Y en 2011, Asenjo, actuando por cuenta de Iberdrola Renovables, le encomendó al comisario el denominado proyecto ‘Wind’, «que se centró en la investigación de la compañía suiza Eólica Dobrogea AG y de su representante Corneliu Dica, con la que Iberdrola Renovables se había asociado para ejecutar la construcción de un parque eólico en Rumanía».
El magistrado recuerda en su auto que para justificar los pagos por esos trabajos Asenjo, Villarejo y Redondo «acordaron emitir una serie de facturas manipulando los conceptos a fin de reflejar servicios diferentes a los realmente prestados y enmascarar así que habían sido prestados por un comisario en servicio activo».
