El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de la Transformación Digital de la Administración de Justicia (DGTDAJ), ha ejecutado el 95,95% del presupuesto del ejercicio 2021, lo que supone un total de 118.969.698 euros, entre pagos de facturas y transferencias.
Para conseguir esta ejecución presupuestaria se han adjudicado 82 licitaciones con ejecución en el ejercicio 2021 y 27 de tramitación anticipada para el 2022, lo que supone 120 millones comprometidos para el 2021 y 59 millones de euros para años sucesivos.
A pesar del incremento en 8.957.423 de euros en el crédito efectivo asignado a la DGTDAJ en 2021 frente al ejercicio anterior, según explica Justicia en un comunicado, se ha conseguido mejorar la ejecución presupuestaria en un 0,43% (124.164 de euros más). Esto se traduce en un incremento en el pago de un 8,26% respecto a los pagos realizados en 2020.
Las medidas y proyectos de inversión desarrollados por el plan en el eje de la transformación digital se encuadran en el proyecto de Digitalización del Sector Público, categorizado como Componente 11 Modernización de las Administraciones Públicas.
Por otro lado, de los 107.891.013 euros repartidos por el Gobierno para la transformación digital de la Justicia, provenientes de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la DGTDAJ y la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC) han ejecutado 14.981.413 de euros, un 14% del total.
Entre los principales proyectos estratégicos desarrollados con los presupuestos ejecutados en 2021 asociados a los Fondos de Recuperación, destaca el Escritorio Virtual de Inmediación Digital (EVID), con una inversión de 3.705.625 euros.
Este proyecto tiene el objetivo de habilitar la atención por videoconferencia a profesionales y usuarios en todas sus relaciones con la Administración de Justicia con plena seguridad digital.
Otro proyecto destacable, financiado con presupuesto ordinario y de los Fondos de Recuperación, es el del puesto de trabajo deslocalizado. Con una inversión de 16.833.348 euros, este proyecto ha sido clave para que la Administración de Justicia haya podido seguir funcionando durante la pandemia.
El puesto de trabajo deslocalizado supera el concepto de teletrabajo, ya que se trata de un puesto de trabajo en expansión, integrando las aplicaciones indispensables para realizar el trabajo diario, eliminando barreras tecnológicas y suprimiendo la dependencia de un espacio físico.
