El conflicto enfrenta al Sindicato de Empleados Públicos de Málaga (SEPMA) con el Ayuntamiento de Estepona, Málaga, sobre estas líneas. Foto: Google Maps.
500 trabajadores de empresas remunicipalizadas por el Ayuntamiento de Estepona podrían pasar a ser fijos tras la última sentencia del Supremo
Cerca del 90% de los profesionales de dicha corporación están en situación de abuso de temporalidad
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20/2/2022 06:48
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Actualizado: 20/2/2022 10:46
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El próximo 15 de marzo en el Juzgado de lo Social 8 de Málaga tendrá lugar el juicio por el conflicto colectivo impulsado por el Sindicato de Empleados Públicos de Málaga (SEPMA) frente al Ayuntamiento de Estepona (Málaga), que afecta a un 90% de sus trabajadores.
En este conflicto afecta al personal laboral, la mayor parte en fraude de ley y subrogado después de que el Ayuntamiento de Estepona decidiera en 2011 remunicipalizar los servicios.
En este asunto será clave la reciente sentencia de la Sala de lo Social del Supremo que avala la conversión de trabajadores subrogados en fijos.
Desde SEPMA explican que el Ayuntamiento de Estepona lejos de ser una excepción, representa el paradigma del abuso pues, a excepción de los agentes de policía local y bomberos, todos los servicios municipales están cubiertos por trabajadores con contratos temporales, lo que representa que casi el 90% de la plantilla pueda considerarse en fraude de ley y en abuso de temporalidad.
La inmensa mayoría de los empleados del Ayuntamiento de Estepona y de las concesionarias son personas con más de 10, 20 e incluso 30 años de antigüedad que, ocupando puestos estructurales, carecen de estabilidad y fijeza laboral.
Desde el 2011, año en que se produjo la subrogación al Ayuntamiento de los trabajadores de las extintas sociedades municipales, hasta hoy, se vienen manteniendo de forma interina e indefinida centenares de puestos de trabajo.
Esta práctica declarada ilegal por la justicia europea y también por muchos tribunales españoles, ha sido utilizada en Estepona para mermar los derechos, precarizar las condiciones y disminuir en casi 15 puntos el poder adquisitivo de los trabajadores municipales
Se ha vulnerado el convenio colectivo
Para Miguel Ángel Fernández, abogado que defenderá los intereses de SEPMA, este conflicto colectivo viene “porque hay un artículo del convenio el 26.4 exactamente que señala que los trabajadores temporales hay que hacerles fijos. El Ayuntamiento se niega y hasta ahora les mantiene como indefinidos no fijos. El conflicto afecta a unos 500 trabajadores”.
Este conflicto colectivo lo impulsa SEPMA como demandante pero la ley también obliga a llamar al resto de sindicatos con representación en el Ayuntamiento e interés en este asunto, “eso hace que hayan sido citados para juicioATAE, CSIF, UGT, CCOO y el comité del empresa del Ayuntamiento».
En ese artículo 26.4 del convenio colectivo suscrito el 13 de noviembre del 2008 señala que “se consideran fijos todos aquellos trabajadores que realicen trabajos de carácter permanente y no temporal así como los contratos en fraude de ley”.
Para Fernández “es de los pocos convenios colectivos que refleja esta problemática que queremos que ahora se cumpla».
Este jurista valora de forma positiva la sentencia de la Sala de lo Social del Supremo sobre trabajadores subrogados, “ha dado un volantazo en su jurisprudencia. En dicha sentencia ya señala que la figura del indefinido no fijo esta evolucionando, según la doctrina, a un interino por vacante sino a la figura del personal fijo”.
Fernández recuerda que en la sentencia “se reconoce que todos los trabajadores subrogados de una unidad productiva, ya sea publica o privada, se consideran fijo, porque sino se les causa un perjuicio mayor. Se trata de respetar esa condición que tenían en la empresa privada”.
Este experto reconoce que hubo una subrogación en el 2011, “en el conflicto colectivo se tiene que determinar por ley a qué trabajadores se les pueda aplicar la sentencia en el caso que sea favorable. Eso se hará en ejecución de sentencia”.
El abogado que representa los intereses de SEPMA en este asunto reconoce la falta de diálogo para resolver este tema fuera de la vía judicial.
El próximo día 15 de marzo se celebra el juicio en el que este sindicato solicita la aplicación del convenio y convertir en fijos a todos estos trabajadores que llevan muchos años desarrollando labores estructurales en este Ayuntamiento.
Una sentencia importante para los trabajadores
Silvia Castro, abogada experta en urbanismo, integrante en SEPMA, lleva más de veinte años como trabajadora en fraude de ley en este Ayuntamiento. “Es bastante interesante esta sentencia de la Sala de lo Social del Supremo, un 80% son trabajadores en fraude de ley temporal. En muchos casos no se han convocado concurso o concurso oposición en los últimos veinte años”.
Esta afectada recuerda que “el único personal funcionario en Estepona son los claveros,el tesorero, el interventor y el secretario que son habilitados nacionales, policía local y cinco técnicos. La demanda que se plantea afecta al 80% de la plantilla y exigimos la fijeza”.
Castro reitera las tesis de su abogado, “hay un artículo del convenio colectivo donde queda claro nuestra fijeza tanto si se realizan labores permanentes durante más de dos años y aquellos que realicen sus funciones en fraude de ley”.
La doctrina del TJUE marca el camino de cómo afrontar este tipo de situaciones
“Al mismo tiempo nos hemos apoyado en la doctrina del TJUE y en las sentencias últimas que marcan el camino de cómo afrontar este tipo de situaciones de abuso de temporalidad. En el Ayuntamiento de Estepona, hoy por hoy todos los puestos son estructurales realmente”.
Para esta abogada, “la sentencia de la Sala Social del Supremo sobre la subrogación de los trabajadores es importante, hace referencia a otra en Portugal que viene a decir que con independencia que se diga del acceso a la función publica es por los principios de mérito capacidad y libre concurrencia, por encima de las Constituciones está lo que diga la justicia europea”.
En cuanto a la subrogación del 2011, “la masa de trabajadores de este ayuntamiento viene de las extintas empresas municipales creadas por el Gobierno de Jesús Gil. El poco personal del Ayuntamiento se trasvasó a esas empresas. Cuando se fue Gil esas empresas seguían funcionando. Esa subrogación se hizo por acuerdo plenario. El 80% del personal está subrogado”.
Para esta jurista, “la situación de Estepona es diferente a la de su entorno. En Marbella se están haciendo procesos de consolidación y estabilización. Sin embargo, aquí no se está haciendo nada. Como dice la nueva Ley 20/2021 de reducción de la temporalidad los procesos deben estar convocados antes de junio del 2022, pero no creemos que se haga nada en nuestro municipio”.
Desde SEPMA se habla del talante del alcalde de Estepona, José María Garcia Urbano, adscrito al Partido Popular que lleva en el ayuntamiento tres legislaturas. En mayo del 2023 hay elecciones municipales. Se le acusa de haber hecho un ERE al año de entrar, despidiendo a 273 trabajadores municipales.
Este ERE fue respaldado por el Tribunal Supremo como legal, pero a nivel de demandas individuales muchos de esos trabajadores recurrieron su despido y una parte importante de ellos están ganando su demanda y volviendo al Ayuntamiento. Al parecer el expediente se hizo mal técnicamente, con lo cual la readmisión esta siendo importante.
Nuestra interlocutora lleva una veintena de años en fraude de ley, “se ha hecho el conflicto colectivo para evitar represalias por parte del Ayuntamiento y que ningún compañero se sienta señalado por reclamar lo que es justo. Estamos hablando de casi 500 personas”.
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