Cospedal y Ulloa han participado en un debate sobre las primeras implicaciones jurídicas de la invasión rusa de Ucrania, mientras que Garrido ha sido el protagonista del Foro Justicia ICAM, actos en los que el decano del Colegio, José María Alonso, ha anunciado que la abogacía madrileña brindará el máximo apoyo jurídico a las personas que busquen refugio en España. De izquierda a derecha: María Dolores de Cospedal, José María Alonso, Miguel Garrido e Ignacio Ulloa.
Juristas y empresarios apoyan las sanciones económicas contra Rusia por la invasión de Ucrania
La exministra de Defensa María Dolores de Cospedal, el magistrado Ignacio Ulloa y el presidente de CEIM, Miguel Garrido, se han pronunciado en este sentido en sendas jornadas celebradas hoy en el ICAM
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04/3/2022 16:50
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Actualizado: 04/3/2022 16:55
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Juristas y empresarios se han pronunciado hoy en el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) a favor de las sanciones económicas contra Rusia por la invasión de Ucrania, asumiendo el sacrificio económico que estas medidas generarán en España y en las democracias occidentales.
“La libertad tiene un precio y solo la tendremos si estamos dispuestos a pagarlo”. Así lo ha sentenciado la exministra de Defensa y actual presidenta de la sección de Derecho Militar y Seguridad del ICAM María Dolores de Cospedal, quien ha participado junto al magistrado Ignacio Ulloa, especialista en materia del Estado de Derecho, Seguridad, Justicia Criminal y Derechos Fundamentales, en una jornada de debate sobre las implicaciones jurídicas de la agresión rusa a la soberanía ucraniana.
Un debate que ha tenido como objetivo contribuir a esclarecer dudas sobre el alcance y efectividad de las sanciones internacionales contra Rusia o la respuesta militar en el marco de la OTAN.
Con anterioridad, el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Miguel Garrido, protagonista del Foro Justicia ICAM, ha apoyado todas las medidas, “por dolorosas o costosas que sean”, que puedan «contribuir a frenar la agresión contra Ucrania y acabar con el régimen de Putin».
En la presentación de ambos actos, el decano del ICAM, José María Alonso, ha transmitido un mensaje de solidaridad con el pueblo de Ucrania y con todas las víctimas que están padeciendo las consecuencias “de un ataque injustificado y tiránico por parte del dictador Putin”, una agresión que supone “una vulneración del derecho internacional más elemental” y de la que han huido cerca de un millón de personas en apenas una semana.
Alonso ha destacado que en este momento, “el más oscuro desde la Segunda Guerra Mundial, toca un fortalecimiento del Estado de derecho”.
El decano del ICAM ha señalado que la invasión ordenada por Vladimir Putin ha conseguido en muy poco tiempo lo que Europa no había sido capaz de lograr en muchos años: Una respuesta unánime de los 27, que la OTAN salga de un estado de “encefalograma plano” o que países como Finlandia y Suecia, tradicionalmente reticentes a su ingreso, estén llamando a su puerta.
Asimismo, ha conseguido que el país “más poderoso económicamente y más débil militarmente” de la Unión haya decidido incrementar sustancialmente su presupuesto militar, ha agregado.
Alonso ha expresado el firme compromiso de la abogacía madrileña para brindar todo su apoyo a las personas que busquen refugio en España, anunciando la puesta en marcha de un mecanismo para ayudar a regularizar la situación de quienes ya se encuentran en nuestro país y favorecer la reagrupación familiar y la acogida temporal de quienes vengan a partir de ahora.
IMPLICACIONES JURÍDICAS
En el debate sobre las implicaciones jurídicas de la invasión de Ucrania, organizada por el ICAM, a través de sus secciones de Derecho de la UE y Derecho Militar, y con la colaboración de la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR), se han abordado tanto las posibles consecuencias penales por la agresión rusa como la efectividad de las sanciones impuestas por los aliados occidentales contra el régimen de Putin.
Cospedal ha indicado que la Alianza Atlántica juega un papel fundamental en la resolución de esta crisis y que España debe ser un aliado fiel y leal participando en todas las dimensiones de la respuesta articulada desde la OTAN.
En ese sentido, se ha mostrado partidaria del envío coordinado de armamento letal para apoyar la defensa ucraniana de su territorio. “La legalidad internacional no puede estar permanentemente siendo atacada desde fuera sin que el mundo defensor del Estado de Derecho, fundamentalmente representado en Naciones Unidas, pero también en la alianza atlántica, haga nada”, ha subrayado.
También ha querido poner en valor la respuesta europea a la agresión rusa. «Una respuesta como la que ha tenido Europa en este tema nunca se había visto, los europeos hemos encontrado un motivo para estar unidos”, ha expresado.
En cuanto a la posible responsabilidad penal de los instigadores de la agresión, esta experta en Derecho Militar está convencida de que se acabará dirimiendo en los tribunales internacionales.
“Estamos en una etapa inicial del conflicto, pero qué duda cabe que el análisis que se pueda hacer de la invasión, porque ha sido una invasión, no una declaración de guerra, de la vulneración de los derechos, del ataque a un país, como mínimo estamos hablando de cuestiones que pueden ir a un tribunal internacional”, ha declarado.
En cuanto al ‘modus operandi’, ha afirmado que revela un “afán expansionista que responde a criterios del pasado”, puesto que se está llevando a cabo un tipo de guerra “que pensábamos que no íbamos a volver a ver”. Sin embargo, ha precisado que “una cosa es ocupar una ciudad y otra cosa es mantenerse». «Mantener la ocupación requiere mucho dinero, muchos medios y muchos efectivos, y está claro que Rusia no los tiene”, ha indicado.
SANCIONES INTERNACIONALES
En su intervención, el magistrado Ignacio Ulloa se ha referido al origen, marco regulatorio y eficacia de las sanciones contra el régimen ruso. Según ha explicado, “las sanciones son mecanismos no punitivos, pero relativamente eficaces”.
En el caso concreto de Rusia, ha recordado que su origen se remonta a 2014, tras la anexión rusa de Crimea. Desde entonces, las medidas sancionadoras se han venido aplicando a razón de reglamentos y decisiones semestrales para mantener la presión sobre los oligarcas y sus
finanzas, si bien “en los últimos cinco días se ha producido una revolución en la imposición de las sanciones”, ha resumido.
Las sanciones impuestas a 654 individuos, cuyos bienes están bloqueados, y 52 sociedades puramente rusas, abren una nueva etapa en esta materia. Para Ulloa, junto con la amenaza de procesamiento en tribunales internacionales por la comisión de crímenes de guerra, las sanciones demostrarán su eficacia porque son “argumentos de la razón del derecho que contrapesan en la balanza del diálogo frente a la fuerza bruta».
«Nosotros les damos a los sancionados los derechos que no conceden a las personas del país que están ocupando, es la diferencia entre el imperio de la ley y el imperio de la fuerza”, ha expuesto.
Ulloa ha advertido que si Rusia gana la guerra, “y tiene visos de que puede ganarla en lo militar, puede suceder que devenga inmune», pero ha destacado que «el mundo es un sitio más pequeño de lo que parece».
«La justicia, muchas veces, si se ejecuta inmediatamente es venganza, pero si se ejecuta diferida es inapelable”, ha señalado.
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS EN ESPAÑA
Respecto al posible efecto boomerang que puedan tener las sanciones sobre la economía española y europea, Ulloa ha reconocido que al final se trata de un debate entre el hombre ético y el hombre económico. “La libertad tiene un precio, y eso debe estar en el trasfondo de las decisiones. Hay una motivación superior que lo justifica”, ha advertido.
En esta misma línea se ha pronunciado Cospedal: “Llevamos tanto tiempo disfrutándola que parece que no cuesta nada, pero la libertad tiene un precio, y hay veces hay que pagarlo. No de una manera tan brutal como Ucrania, pero tendremos que hacerlo”.
En el marco del Foro Justicia, el presidente de la patronal madrileña ha recalcado la necesidad de intensificar la presión económica contra el régimen de Moscú a pesar del impacto negativo que tendrá sobre las cuentas de resultados de las empresas madrileñas.
“Entendemos que estamos en una situación excepcional, somos conscientes de que la factura la tendremos que pagar todos, pero creemos que es un momento para no escatimar en ese esfuerzo”, ha señalado Miguel Garrido.
Más allá de los intereses puntuales de las empresas afectadas, para las que ha solicitado el apoyo y las ayudas que sean necesarias, ha asumido que para poner fin a la amenaza rusa hay que “hacer lo que tenemos que hacer».
Garrido ha indicado que es un momento de enorme responsabilidad de cada uno, y que «hay que tomar las medidas que sean necesarias para parar a este tirano que está causando tanto daño y que además es una amenaza futura para todos nosotros”.
“La prioridad es ponérselo difícil y al ponerlo difícil es evidente que ya tenemos consecuencias, que afectan especialmente al sector del turismo», ha manifestado.
Sin embargo, ha añadido, esas consecuencias no deben permitir que se deje de tomar “ni una sola de las medidas, por dolorosas o costosas que sean, que puedan contribuir a acabar con este personaje”.
Para Garrido, es un ataque “del cual todos somos víctimas, no solo por nuestra forma de vivir, sino un ataque a nuestra forma de ser, a nuestra sociedad, porque están atacando a nuestros hermanos europeos y tenemos que sentirlo como una agresión en carne propia”.
Por todo ello, el presidente de CEIM considera que “tenemos que ser más beligerantes todavía».
«El genocida Putin tiene que notar que estamos todos en contra y denunciando la barbaridad que está haciendo”, ha concluido.
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