El juicio del caso Nóos se reanudará este martes 5 de abril con la declaración, a lo largo de la semana, de hasta 69 testigos. Entre ellos se encuentra Marc Viader, arquitecto que reformó parte de la vivienda de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, ubicado en el barrio barcelonés de Pedralbes.
Se trata de testigos que libraron a la entidad facturas cuyas cantidades, según la Fiscalía Anticorrupción, nada tenían que ver con los costes reales generados por los proyectos celebrados por Nóos en Palma y Valencia, que ascendieron en total a más de seis millones de euros. El Ministerio Público considera que su importe no es imputable a estos eventos.
En el caso de Viader, está citado a declarar el martes junto a otros 19 testigos. El arquitecto admitió en su día ante agentes de la Policía Nacional haber facturado por las obras de reforma del palacete 20.000 euros a través de Aizoon, empresa de la que son copropietarios la Infanta y marido.
Tal y como justificó, procedió de este modo por orden del exduque, concretamente en el año 2005, a pesar de que la factura se correspondía a nivel privado con el encargo de rehabilitación y ampliación del domicilio particular que el matrimonio posee en la calle Elisenda de Pinós de Barcelona.
El importe que facturó se suma a los numerosos gastos que se realizaron a través de Aizoon, sociedad presuntamente ‘fantasma’ que percibió más de un millón de euros del entramado urdido por Urdangarin y su exsocio Diego Torres en torno al Instituto Nóos para desviar fondos públicos.
Del mismo modo, está emplazado a declarar, el viernes 8 de abril, el exconseller de Economía de la Generalitat Valenciana Gerardo Camps, quien será interrogado en torno a la gestación de los denominados Valencia Summit, por cuyas tres ediciones Nóos cobró más de tres millones de euros públicos.
En su declaración ante el juez, Camps, expresidente asimismo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (Cacsa), afirmó que los convenios de estos foros «los parieron y los gestionaron» los exdirectores generales de la entidad dependiente de la Generalitat, José Manuel Aguilar (2003-2005) y Jorge Vela (2005-2009), acusados en el marco de esta causa.
En torno a los mismos hechos será interpelado el mismo día José Florentino Salinas, exgerente de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), entidad que junto a Cacsa contrató al Instituto Nóos para la celebración de los Summit. También está citada la que fuera responsable jurídica de Cacsa Mari Ángeles Mallent, en su caso el 7 de abril.
En concreto, tal y como consta en el sumario, el Instituto Nóos organizó el primer congreso Valencia Summit con un presupuesto total, incluido un canon de 1.044.000 euros, de 1.351.638 euros; en la segunda edición, el presupuesto final se elevó a 1.791.477 euros, mientras que el último, en 2006, fue de 1.472.483 euros.
Sin embargo, en 2004 Nóos destinó a la preparación del Summit únicamente 194.436 euros; un año después gastó en facturas 395.597 euros, y en lo que a la tercera edición se refiere, el Instituto empleó 320.635 euros para el evento de todo el dinero público que recibió.
Así, hasta un total de 3,6 millones de euros recibió Nóos de la Administración pública valenciana en virtud del convenio de colaboración suscrito el 8 de septiembre de 2004, en concreto, entre la entidad aparentemente sin ánimo de lucro, Cacsa y la FVTCB, al que siguieron las addendas de 2005 y 2006. (EP)
