Ayer comenzó la fase de audiencia pública e información pública del proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en relación a las víctimas de violencia de género y otras víctimas vulnerables, sobre el que está trabajando el Ministerio de Justicia, que dirige Pilar Llop.
En el mismo se contempla que los abogados y procuradores que hayan sido condenados por delitos de violencia de género peudan estar en el turno de oficio especializados en esa materia.
Así se da cumplimiento a la recomendación que el Defensor del Pueblo hizo al Ministerio de Justicia.
Con ese fin se ha introducido, vía Real Decreto, un nuevo artículo en el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita para regular los requisitos específicos que los profesionales -tanto de la abogacía como de la procura- inscritos en el turno de oficio especializado en violencia de género deberán cumplir para garantizar una relación de respeto y recíproca confianza entre el profesional y la persona beneficiaria de justicia gratuita.
SE PRETENDE FORTALECER EL DERECHO DE DEFENSA DE ESTAS VÍCTIMAS
De esa forma, no podrán prestar dicho servicio los profesionales que cuenten con antecedentes penales por hechos de naturaleza similar a los denunciados por las víctimas defendidas o representadas.
Esta exigencia se extiende, además de a las víctimas de violencia de género, a la defensa y representación de víctimas de otros delitos, como son el terrorismo y la trata de seres humanos, así como a las víctimas menores de edad y las víctimas con discapacidad necesitadas de protección especial.
“Con este proyecto normativo el Ministerio de Justicia reafirma su compromiso con las víctimas del delito en su proceso de recuperación, especialmente con las de violencia de género y otras víctimas vulnerables”, afirmó Llop.
Con este Real Decreto se pretende fortalecer el derecho de defensa y representación procesal de estas víctimas beneficiarias de justicia gratuita.
La ministra Llop destaca que la garantía de un adecuado derecho de defensa y representación “redundará en una mejor atención y protección de las víctimas durante el proceso, reduciendo la victimización secundaria”, al tiempo que subraya el componente de concienciación de los profesionales de la abogacía y la procura sobre la importancia de la “actuación profesional con perspectiva de género e infancia para, en última instancia, reforzar la confianza de la ciudadanía en el servicio público de justicia gratuita”.
