La respuesta no está en el viento, como decía Bob Dylan en una de sus canciones sino en la cabeza del nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Y no se aclarará hasta que tenga lugar el Congreso Extraordinario de Sevilla, los días 2 y 3 de abril, donde será «úngido» como máximo dirigente del principal partido de la oposición.
Bajo la dirección de Pablo Casado el planteamiento político para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –tres años y tres meses fuera de su tiempo– había sido muy claro: renovamos con el sistema actual. Los doce vocales de procedencia judicial serán elegidos, en esta ocasión, por 3/5 de los votos de ambas cámaras. Pero, al mismo tiempo, reformamos la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que el órgano de los jueces que suceda a este que elegimos ahora, dentro de 5 años, sea elegido por la la carrera judicial directamente, mediante voto secreto y directo. Como dice Europa. Como se hizo en el primer CGPJ, en 1980.
¿Qué hará Núñez Feijóo cuando aterrice?
En las diferentes fuentes del PP pulsadas no hay unanimidad.
Solo incertidumbre.
Tienen muy claro que al CGPJ le corresponde la elección de dos de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que deben renovarse –su actual vicepresidente, Juan Antonio Xiol, y el magistrado Santiago Martínez-Vares– el próximo mes de junio.
La modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, llevada a cabo en marzo de 2021, por la que se despojó al órgano de gobierno de los jueces de su potestad para hacer ningún nombramiento cuando se encuentre en funciones –como el actual– impide que se pueda producir dicha elección.
Y también todo nombramiento discreccional de magistrados en el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Audiencias Provinciales.
Es cierto que cabe la posibilidad, por una parte, de que desde el Congreso de los Diputados se promulgue un parche legislativo que permita al CGPJ el nombramiento excepcional de los magistrados del Constitucional. O que el propio tribunal de garantías declare inconstitucional, con junio como frontera inaplazable, la reforma de la LOPJ sobre la base de los dos recursos interpuestos por PP y por VOX.
En junio tienen que renovarse cuatro magistrados. Los mencionados Xiol y Martínez-Vares, por el CGPJ; y Pedro José González-Trevijano, actual presidente del Constitucional, y Antonio Narváez, por el Gobierno.
«Es improbable que Feijóo dé marcha atrás sobre este tema. Es una de nuestras líneas rojas más claras. Si cediéramos estaríamos dando señales de debilidad que VOX aprovecharía y ese no es el mensaje que debemos comunicar. Porque si alguien ha bloqueado la renovación del CGPJ, ese ha sido, sin duda el PSOE», explican fuentes del PP.
«Lo que es más probable es que Feijóo pueda adoptar una postura más dialogante. Porque Casado no lo ha sido. Y que se ofrezca a llegar a acuerdos sobre temas fiscales, de defensa o de educación. Temas de estado. Pero no sobre el CGPJ. Sobre todo con las elecciones generales en el horizonte de un año y medio», añaden.
Una visión que no es del todo compartida.
«Europa espera un gesto del PP para devolver la normalidad democrática. La renovación del CGPJ es ese gesto, alto y claro. Hemos hecho del Consejo del Poder Judicial una trinchera que hay que superar. Este es el momento para hacerlo. Cuando ganemos cambiaremos la LOPJ. Los doce vocales del CGPJ después de este Consejo que se elija ahora serán elegidos por los jueces directamente», añade otra fuente también de esa formación.
La llegada de Núñez Feijóo aclarará todo. Lo que se decida en Sevilla marcará la línea a seguir. Hasta entonces, incertidumbre.
