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Renovación del CGPJ: ¿Se puede cuadrar el círculo?
El autor de la columna, Carlos Berbell, aborda la problemática de la renovación del CGPJ y las claves para que eso suceda. Foto: P. Berbell/Confilegal.
21/11/2021 06:48
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Actualizado: 20/11/2021 19:45
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A lo largo de los últimos días se ha extendido la especie de que la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es inminente por dos razones. Porque con la del Tribunal Constitucional se ha demostrado que el desbloqueo es posible, porque España, que necesita la entrega del segundo pago de 10.000 millones de fondos de la Unión Europea, se está viendo presionada desde Bruselas para renovar el órgano de gobierno de los jueces con ese dinero.
En ese paquete va también, claro está la resolución de la reforma laboral, en la que están enfrascados Gobierno, sindicatos y patronal. Todo se relaciona con todo.
La cosa, sin embargo, no es tan inminente, según me explican mis fuentes.
El PP está de acuerdo en renovar con el sistema actual, por el que los 20 vocales –12 jueces y 8 juristas de reconocido prestigio– se haga con los mimbres actuales. Es decir, Congreso y Senado eligen a todos.
A cambio, exige al PSOE que se comprometa a abrir el proceso de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que la siguiente renovación, dentro de 5 años, los 5.500 jueces puedan elegir a sus 12 representantes por voto secreto y directo.
Algo que apoyan tanto la Comisión Europea como el Consejo de Europa, el órgano ideológico cuya misión es formentar la democracia y los derechos humanos –no forma parte de la Union–.
UN CALIZ AMARGO PARA EL PSOE
Esta segunda parte del caliz amargo, la reforma de la LOPJ para volver a la fórmula de 1980, es lo que el PSOE no está dispuesto a tragar.
No si eso supone perder la cara y provocar una sangría de votos que favorecería a una izquierda radical que está buscando organizarse para afrontar las siguientes elecciones.
El problema se agrava porque en el este de Europa, Polonia, otro miembro de la Unión, inició en 2017 el mismo camino que España en 1985, sustrayendo a su carrera judicial el elegir a los 15 vocales jueces de su Consejo Nacional de Judicatura y trasladando esa potestad al Parlamento.
Algo que ni la Comisión Europea ni el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideran que es ajustado al derecho de la Unión, al que, además, vulnera.
Aún en el caso de que el PSOE pudiera encontrar un recurso político que le permitiera salvar la cara ante el electorado, permitiendo que la carrera judicial eligiera a sus 12 vocales, persistiría un segundo problema.
Y gordo.
¿Cómo se va a elegir al nuevo presidente –entendido en masculino y femenino, que estamos en tiempos de corrección política–?
Lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial es que le corresponde a los 20 vocales elegirlo después de haberse constituido.
Hasta ahora, lo que ha venido ocurriendo es que el presidente del Gobierno de turno y el líder de la oposición se han puesto de acuerdo y han elegido –ellos– al presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.
Ocurrió con Antonio Hernández Gil, con Pascual Sala, con Javier Delgado Barrio, con Francisco Hernando, con Carlos Dívar, con Gonzalo Moliner y también con Carlos Lesmes.
Con Dívar y con Lesmes fue muy descarado. Los medios lo anunciamos días antes. Como si fuera lo normal.
Y era la anormalidad suprema.
UNA COMPONENDA QUE NO SE PUEDE REPETIR
Como PP y PSOE o PSOE y PP elegían a los 20 vocales, estos traducían los deseos del acuerdo político a la persona del elegido.
Esta componenda hoy ya no es posible.
Lo vimos en diciembre de 2018 cuando se pusieron de acuerdo para que el sucesor del actual presidente en funciones, Carlos Lesmes, fuera Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo.
La filtración de un «WhatsApp» enviado por el senador del PP y exdirector general de la Policía, Ignacio Cousidó, celebrando una falsa afinidad ideológica del magistrado elegido tuvo como consecuencia la renuncia pública de este a cualquier propuesta de presidir el órgano de gobierno de los jueces.
La España de 2021 ya no es la de 2001 o 2008 o 2013. Ni sus jueces tampoco. Los actuales se sienten orgulloso de su independencia, que la tienen, y del papel que juegan en la defensa del estado de derecho.
Una componenda como la de Carlos Dívar o Carlos Lesmes sería duramente contestada. La legitimidad del elegido de esta manera quedaría en entredicho desde el minuto uno.
Y con ella la del propio CGPJ, que no saldría de esta crisis de credibilidad en la que se haya inmersa, en parte también por su prolongación artificial del mandato durante tres años.
Es un auténtico nudo gordiano de difícil resolución política.
Lo que nos lleva al planteamiento de esta columna: ¿Se puede cuadrar el círculo? ¿Este círculo?
¿Y de qué manera?
Alejandro Magno encontró la solución cortando con su espada el nudo gordiano pronunciando su célebre sentencia: «Es lo mismo cortarlo que desatarlo».
La solución más simple, en este caso, sería cumplir la ley al pie de la letra.
Que lo elijan los 20 vocales libremente.
Como debería ser.
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