Recientemente el Ministerio del Interior, en reunión de seguimiento del III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, ha difundido el Informe sobre la evolución de estos delitos en España durante 2025, con datos desprendidos del Sistema Estadístico de Criminalidad, así como la evaluación de indicadores del precitado Plan de Acción, que se extenderá hasta 2028.
Los datos, siempre con un rango inferior a la realidad, que puede cuadruplicarse, señalan un alcance de 2.417 hechos que suponen un crecimiento del 23,63 %, situándose entre ellos los motivados por racismo/xenofobia (934), orientación sexual (571), ideología (241), sexo y género (183), creencias o prácticas religiosas (75), antisemitismo (69), disfobia (59), islamofobia (35), aporofobia (29), antigitanismo (20), por razón de enfermedad (15) y otros.
Llama la atención la cifra de menores afectados, víctimas (297) y agresores (175), y la gran presencia de jóvenes, entre 18 y 25 años, víctimas (411) y agresores (204).
Datos de categorías en la estadística, conforme a un determinado momento del Código Penal y respecto de motivaciones o factores discriminatorios recogidos, no exentos de objeciones, en tanto en cuanto dejan sin señalar datos de hechos agrupados en esos ítems, como la transfobia, la cristianofobia, la serofobia y otros hechos que, estando subsumidos en categorías generalistas, no permiten obtener datos para políticas activas de prevención e intervención, así como de ayudas específicas a víctimas.
Mucho más grave es que el propio Código Penal excluya como motivaciones de discriminación el origen territorial, la identidad cultural, lingüística, deportiva u otros factores de intolerancia, faltando al principio constitucional que prohíbe todo tipo de discriminación, al negar una cláusula general antidiscriminatoria como plantea el artículo 14 cuando finaliza: «…o por cualquier otra condición o circunstancia personal y social»; principio ya incorporado en países como Alemania y Francia, garantizando la igualdad ante la ley y posibilitando la protección universal de la víctima.
Entran también en escena, como elementos de desafección, las interpretaciones de operadores jurídicos, esencialmente jueces y fiscales, que añaden un plus de exclusión en casos que deberían tener cabida dentro de los motivos explicitados en el propio Código Penal.
Es el caso de la interpretación del factor ideológico, reducido a la identidad política, obviando otras cosmovisiones de grupos que incluso usan la violencia, o por motivo constitucionalista, que tanto afecta a personas que son agredidas por esta fundamentación; la exclusión de grupalidades por no ser «minorías» o «colectivos vulnerables», términos de los que nada dice el Código Penal desde 1995, cuando se incorporaron estos delitos para la protección de libertades y derechos fundamentales, y que choca con los propios preceptos establecidos, ya sea por racismo, antisemitismo, ideología, religión o creencia, etnia, raza o nación, sexo u orientación sexual, enfermedad, etc.
¿Cómo se ajusta esta incorrecta expresión de «minorías» o «vulnerables»? ¿La cristianofobia afecta a una minoría? ¿Y la ideología? ¿A qué grupo vulnerable se refiere?
El relato y lenguaje desarrollados en la política y en los medios han confundido gravemente por sus interpretaciones excluyentes, provocando desafecciones institucionales y desconfianza democrática.
Plan de Acción: insuficiencia y descoordinación de los ministerios sociales
Nunca hubo tantos instrumentos de lucha contra los delitos de odio. Lo empezamos a reclamar en 1991 y cuatro años después ya estaba en el Código Penal (1995); en la década de los años 2000 se generaron las Fiscalías de Delitos de Odio y organismos como el OBERAXE; poco después llegaron estos informes y la creación de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio (ONDOD); también llegó la vocalía a este respecto del Consejo General del Poder Judicial.
Y en los últimos años se introdujeron, para estimular a la sociedad civil, subvenciones a programas para prevenir, intervenir y apoyar a víctimas. Movimiento contra la Intolerancia ha sido precursor y notario de toda esta realidad.
Pese a todo ello, cuestiones de fondo como la interpretación correcta para la detección e intervención siguen sin avanzar, generando decepción ante su crecimiento, en especial por el daño que se causa en las redes sociales, donde las empresas digitales tienen una gran responsabilidad no exigida debidamente.
Junto a ellas, lenguaraces influencers, políticos y periodistas que, lejos de despolarizar, radicalizan extremismos creando un clima de intolerancia que es el hábitat favorable para el desarrollo de los delitos de odio.
Interesante fue en este seguimiento la opinión del representante del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), apuntando a las redes, su impacto en menores y su uso para acciones de terrorismo.
Palabras que suscribimos y recomendamos aplicar, más allá de la dimensión jurídica, en especial para la prevención, con la existencia contemplada de crímenes de odio terroristas.
En España, sea desde la matriz yihadista o, sea desde el terrorismo de ETA, tenemos una larga experiencia trágica.
El reconocimiento por el Consejo de Europa vino tras la masacre de 77 personas ejecutada por el neonazi Breivik en 2011, un 22 de julio, jornada oficial del Día Europeo de las Víctimas de los Crímenes de Odio.
El III Plan de Acción de Lucha contra el Delito de Odio, sin duda, es positivo y un avance, pero la descoordinación con los departamentos sociales ministeriales, especialmente por parte de estos últimos, es notoria porque están abordándolo desde una banalización enorme, sin especialización y con una inflación de intervinientes de la sociedad civil sin experiencia que impide profundizar al respecto.
Es obvio que, al igual que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Fiscalía crean unidades especializadas en delitos de odio, en el ámbito social las entidades especializadas las podemos contar con los dedos de una mano, realizándose una retórica publicitaria ineficaz para abordar el fondo del problema, junto con una inadecuación del destino de los recursos, cuya responsabilidad es de los departamentos ministeriales, que no alcanzan objetivos fehacientes.
De ahí que el Consejo de Víctimas de Delitos de Odio (COVIDOD) señale en la Comisión de Seguimiento que se realice una auditoría social sobre los recursos y objetivos destinados a estos efectos en los diferentes departamentos ministeriales, dado que la conclusión a la que llega es que no luce.
Ni que decir tiene que no se trata de dejar de destinar recursos, sino de destinarlos correctamente y de manera coordinada; también COVIDOD apuntó que estos recursos económicos deberían estar sujetos a un cierto nivel de centralización en el Ministerio del Interior al objeto de que estas subvenciones sean coherentes con el Plan de Acción contra los Delitos de Odio.
Neutralizar el estigma, enfrentar al delito y apoyar a la víctima
Se insiste una y otra vez en realizar sensibilización preventiva, pero del dicho al hecho… muchas veces observamos propaganda radicalizada que se aleja de una intervención educativa que debe estar presidida por la defensa de la dignidad de la persona y las libertades y los derechos fundamentales, bien jurídico a proteger frente a los delitos de odio.
Sin embargo, vemos que incluso profesores, periodistas, asociaciones, influencers o políticos legitiman estigmas de personas y grupos, realizan discursos de odio, demonizan al diferente, al que tiene distinta opinión, construyen relatos y desarrollan tropos que fundamentan la intolerancia, generando un clima de discordia, de todos contra todos, donde la tolerancia ha desaparecido y la convivencia se pone en riesgo porque deviene el delito de odio.
¿Cuál es su responsabilidad?
¿Y la de los dirigentes políticos que lo consienten o lo hacen posible?
¿Quién se hace responsable del crecimiento de climas que favorecen la xenofobia o el antisemitismo, como ejemplos de realidades destacadas recientemente?
Estigmas como «inmigrante-delincuente» o «judío-genocida», entre otros, ¿por qué no se erradican de las redes sociales y de otros escenarios donde se siembra la intolerancia que luego nutre el delito?
Y los tropos de la invasión y criminalización de los inmigrantes, muy extendidos por la ultraderecha, así como los señalamientos de deportistas, empresas, asociaciones judeo-israelíes o que tengan alguna relación con estas, extendidos por el antisemitismo transversal.
Y los tropos sostenidos contra policías y guardias civiles que, más allá de la crítica a una institución o a una acción sobrepasada, se centran en señalamientos y falacias ad hominem hacia estas personas y sus familias, como evidencian las campañas ACAB (All Cops Are Bastards) y las del «Día del Inútil» en Navarra, estigma extendido por la ultraizquierda. Y se puede continuar con el estigma de la serofobia, la misoginia, la homofobia, el antigitanismo, la islamofobia y otras manifestaciones del trágico poliedro de la intolerancia.
Muchos comportamientos quedan fuera del radar; otras veces hay infradenuncia porque sigue existiendo desconfianza institucional; otros son por conocimientos defectuosos; otros, los más peligrosos, por adoctrinamiento; otros por desconocimiento, sean de responsabilidad pública o privada, de quien lo debe detectar, prevenir o sancionar.
El caso es que los estigmas crecen sin neutralizarse, los relatos malignos sin contranarrativas, estas conductas se desarrollan generando víctimas que lo sufren y una sociedad que apunta a desangrarse en un horizonte cercano.
Transitamos por un periodo difícil. Urge despolarizar, desradicalizar, llamar a la concordia, la tolerancia y la convivencia democrática, asegurar que nuestros menores no crezcan con el veneno del odio radicado en la intolerancia al diferente y escuchar la reclamación de Movimiento contra la Intolerancia de implementar un debate serio en el marco del III Plan de Acción para abordar este agujereado escenario, donde las instituciones tienen la responsabilidad de escuchar y debatir, como así entendió doña Aina Calvo Sastre, secretaria de Estado de Seguridad, comprometiéndose públicamente a implementarlo. Así sea.
