Una empresa de externalización de servicios despidió el pasado 3 de marzo a 25 trabajadores que desarrollaban su labor en una multinacional francesa auxiliar de la automoción de la localidad vallisoletana de Mojados, que mantenía un contrato de subcontratación de servicios con la otra mercantil. En ella, fabricaban piezas para coches.
El conflicto comenzó cuando a estos trabajadores se les informó días previos al despido de que iban a ser subrogadas desde la empresa de externalización a una tercera compañía para seguir desarrollando el trabajo que venían prestando. «Pero esa operación nunca se cerró, hasta el punto de dejar a los trabajadores en una situación de inseguridad jurídica y laboral», explica a Confilegal el abogado de los trabajadores y encargado de las negociaciones, Saúl Núñez Amado, de AGG Abogados, con sede en Valladolid.
Núñez manifiesta que «los trabajadores desconocían si seguían manteniendo su relación de trabajo, al no recibir ni la comunicación del fin del contrato ni de la subrogación de la que se les había informado» y «en medio de esta incertidumbre, la multinacional francesa les envió una carta comunicando que la empresa matriz había notificado a la subcontrata el fin del contrato de arrendamiento de servicios, y comunicó que se dejaba sin efecto, también, el proceso de subrogación iniciado con la nueva empresa que supuestamente iba a continuar prestando el servicio y asumiendo las obligaciones laborales con ellos».
«Ante este ‘triángulo empresarial’ con la empresa matriz que decide no renovar con la empresa subcontratada, la nueva empresa que decide no subrogar, y la empresa para la que venían trabajando que comunica el fin de la relación laboral, expusimos a la empresa para la que venían trabajando los argumentos para que el despido de estos 25 trabajadores fuera considerado como improcedente y se pusiese a su disposición la máxima indemnización que permite la ley”, detalla el letrado.
Las negociacione se prolongaron durante el mes de marzo, hasta que el pasado día 28, «la empresa de externalización para la que trabajaban reconoció la improcedencia de estos despidos, y ha indemnizado con 33 días por año trabajado a cada empleado, frente a los doce que planteaba al principio», detalla el letrado.
Los hechos fueron reconocidos ante el Servicio de Relaciones Laborales (Serla), donde se reconocieron las improcedencias y se pactaron los importes de las indemnizaciones.
Así, cada uno de los trabajadores afectados ha percibido entre 3.000 y 4.000 euros más de la cantidad que les ofrecían en un principio. Un dinero que ha pagado íntegramente la empresa de externalización, puesto que Saint James no tenía contratados directamente a estos trabajadores.
«Ante unos hechos que suponían dejar a los trabajadores en una situación de desamparo completo, decidimos negociar para conseguir que ese despido era improcedente y que les correspondía una indemnización superior, así como el montante del preaviso y otras cantidades que faltaban por abonar», señala Saúl Núñez.
Los trabajadores se sienten satisfechos, según ha informado Amílcar Álvarez, portavoz del grupo de trabajadores despedidos. “Ya que no podíamos seguir trabajando, por lo menos nos vamos para casa con lo máximo que nos corresponde hasta que podamos encontrar un nuevo empleo, porque nosotros solo queríamos y queremos trabajar”, expresa.
