El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha acordado la incoación de diligencias previas a raíz de una querella presentada contra el Banco Popular, su expresidente Ángel Ron y el exvicepresidente Roberto Higuera por un presunto delito de estafa de inversores o incumplimiento de los deberes de información en la ampliación de capital del ejercicio 2012.
En su auto el responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 se ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción para que emita informe sobre su competencia en los hechos denunciados y para que, en su caso, inste las diligencias que han de practicarse.
En un primer inicio el escrito fue remitido el Juzgado Central de Instrucción Número 4 al ser éste el responsable de la investigación sobre otro proceso distinto. En concreto, el juez José Luis Calama indaga en dos fases del proceso de resolución del Popular: las presuntas irregularidades contables de la entidad en 2016, con la ampliación de capital, y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.
Fue el propio magistrado el encargado de constatar que los hechos denunciados en esa querella nada tenían que ver con la causa que él instruye, por lo que devolvió las actuaciones para que se procediese a su reparto. Eso fue lo que llevó a que fuese Abascal el que se hiciese cargo del escrito.
En concreto, la querella señala que el Consejo de Administración del Banco Popular era sabedor de que si proyectaba al mercado la realidad de la situación de la empresa, la ampliación de capital de 2012 no alcanzaría los resultados deseables para lograr la inyección de dinero con la que «parchear» su crítica situación, de forma que decidieron alterar la imagen fiel de la entidad.
Y esto se habría realizado especialmente tras la integración de las cuentas de Banco Pastor en Banco Popular, con la finalidad de dar una apariencia de solvencia cuando en realidad se estaba, apunta la querella, ante una entidad ruinosa.
La motivación del inicio de las actuaciones guarda relación con la querella interpuesta por el despacho Durán & Durán Abogados en representación de clientes que «perdieron todo su dinero invertido» en la mencionada ampliación de capital del 2012.
