Vox ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral de Andalucía contra la Dirección General de Canal Sur y Televisión SA (CSRTV, SA) por un incumplimiento del artículo 66 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que alude a la vulneración del principio de neutralidad informativa, durante el periodo comprendido entre el 15 y el 22 de mayo de 2022.
De acuerdo con Vox, los informativos de CSRTV han beneficiado al Partido Popular sobre el resto de formaciones políticas, con una mayor desproporcionalidad y desigualdad en lo referente al partido político Vox desde la disolución del Parlamento de Andalucía y la convocatoria de las elecciones para el próximo 19 de junio.
En su escrito, explica la desproporcionalidad derivada de una simple comparativa de 977 segundos de elogios del PP, frente a los 230 segundos de VOX, ocupando así el Partido Popular o sus representantes la mayor cuota de pantalla, pese a que VOX obtuvo 12 escaños (867.429 votos) frente a los 15 escaños obtenidos por el Partido Popular (874.190 votos), en las últimas elecciones generales en las provincias de Andalucía.
Además, Vox hace referencia a otras formaciones minoritarias como: C’s, Por Andalucía, Adelante Andalucía y Andaluces Levantaos, a quienes les han sido otorgados 465, 497, 369 y 251 segundos, respectivamente.
Desde la vicesecretaria jurídica de Vox se ha solicitado a la Junta Electoral de Andalucía a que Canal Sur y Radio Televisión SA declaren que los Informativos Regionales, edición 14:30 horas y 20:30 horas, durante el periodo comprendido entre el 15 y el 22 de mayo de 2022, han vulnerado los principios de neutralidad y pluralismo político de todas las formaciones políticas que no forman parte del Gobierno de Andalucía y garanticen el cumplimiento de los mismos.
OLONA DENUNCIA A LA ALCALDESA SOCIALISTA DE SALOBREÑA ANTE LA GUARDIA CIVIL
Por otra parte, la candidata de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona, presentó ayer una denuncia ante la Comandancia de la Guardia Cicivl de Salobreña, Granada, contra María Eugenia Rufino González, alcaldesa socialista de ese municipio por un supuesto delito de prevaricación administrativa (ex artículo 404 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal), y por presunto delito electoral (ex artículo 139.7 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General), con vulneración de los derechos fundamentales de la denunciante reconocidos en los artículos 19 y 23 de la Constitución española.
En la denuncia Olona deja constar que la denunciada ha utilizado torticeramente las Instituciones y potestades públicas municipales, perjudicando gravemente su imagen, su honorabilidad y su candidatura.
La alcaldesa socialista envió a investigar a una pareja de policías locales para determinar si Olona vivía en Salobreña, donde se había empadronado –es imprescindible el requisito el empadronamiento en alguna localidad andaluza para presentarse a las elecciones–, con el fin hacer descarrilar la candidatura de la cabeza de Vox.
Según esta formación, Rufino González ha tratado de privar a Olona de un derecho fundamental, su derecho al voto, reconocido en el artículo 23 de la Constitución española, ya que «la baja en el padrón municipal comportaría la imposibilidad de participar con su voto en las próximas elecciones autonómicas andaluzas señaladas para el próximo 19 de junio de 2022. Así como restringir su derecho fundamental a la libertad de residencia, según proclama el artículo 19 de la Constitución española».
La Junta Electoral Provincial ratificó ayer la legalidad del empadronamiento de Olona en Salobreña.
