La magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Ana María Ferrer, y el catedrático, abogado del Estado y letrado de las Cortes Generales, Luis María Cazorla, recibieron ayer, de manos de la ministra de Justicia, Pilar Llop, los Premios Excelencia y Calidad de la Justicia que otorga anualmente el Consejo General de Procuradores de España (CGPE).
Ferrer, en su edición 2022, y Cazorla, en la de 2021, la cual no pudo celebrarse debido a la pandemia.
Juan Carlos Estévez, presidente del CGPE, glosó, previamente, las personalidades de ambos premiados. De Ferrer recordó que era hija de magistrado, y esposa también de magistrado –Javier Martínez Lázaro, fallecido, para el que tuvo un cariñoso recuerdo– y subrayó que la galardonada llevaba el oficio en la sangre. Su nombramiento para la Sala de lo Penal hizo historia porque fue la primera mujer en asumir esa responsabilidad en ese destino.
También hizo referencia a su firme compromiso en la lucha contra la violencia de género. A lo que contestó Ferrer después recordando el de la procura española, en ese mismo frente, recordando las innovaciones aportadas por este colectivo para que la asistencia a las víctimas fuera lo más eficaz posible.
La ministra Llop, en el cierre del acto, que tuvo lugar ayer por la tarde en el salón principal del Palacio de Parcent, uno de los tres edificios del Ministerio de Justicia en la madrileña calle de San Bernardo –salón que está presidido por un enorme escudo de la Primera República española–, destacó el papel de Ferrer como juez instructora de algunos de los casos más mediáticos de los años 90.
Llevó cabo un “gran trabajo que ha contribuido a fomentar buena imagen de España en la lucha contra la corrupción». Ferrer ha sido, además, un referente en el avance hacia la perspectiva de género en la Justicia, y todo un ejemplo de “solidaridad con las víctimas» de la violencia de género, añadió.
Sobre Cazorla, Estévez subrayó su compromiso con el estado de derecho y su brillantez como jurista todo terreno.
La ministra, por su parte, destacó su labor como gran experto en derecho parlamentario, en su función de letrado del Congreso de los Diputados, lo que “ha contribuido a la separación de poderes, con gran conocimiento de derecho y oficio».
La ministra puso también en valor su trabajo como miembro del Fondo de Becas Soledad Cazorla, que lleva el nombre de su hermana, desaparecida, y cumple una función extraordinaria en la atención de niños huérfanos por violencia de género.
Sobre ambos destacó su «entrega y valía profesional». Y los describió como «dos de las personalidades más importantes del Derecho español».
Además, recordó que, con anterioridad, el Ministerio de Justicia también los ha distinguido con la Gran Cruz y la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort.
Para cerrar, la ministra destacó el papel y labor que desempeñan los colegios, junto con los profesionales de la procura, en el servicio de asistencia jurídica gratuita o en desarrollo de leyes como la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
