La magistrada titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos Chamorro, ha citado a declarar a Plus Ultra en calidad de investigada, como persona jurídica, para el próximo 15 de junio, a las 10.00 horas, en el marco de las diligencias que se siguen sobre las presuntas irregularidades en la concesión de la ayuda pública que recibió por 53 millones de euros.
Así, la magistrada ha estimado la petición de VOX, que ejerce la acusación popular en la causa junto al PP y Manos Limpias.
VOX ya adelantó que pediría la comparecencia del representante legal de Plus Ultra antes de que la magistrada se pronuncie sobre la petición de archivo que hizo la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la aerolínea.
La juez instructora considera pertinente escuchar a la compañía después de que los peritos que redactaron el informe encargado por el juzgado y los que firmaron el solicitado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) presentaran sus conclusiones ante el Juzgado el pasado 29 de marzo.
Según han informado fuentes jurídicas, los peritos del ‘caso Plus Ultra’ -los que redactaron el informe encargado por el juzgado y los que firmaron el solicitado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)- indicaron a la juez que parte de esa subvención concedida por el Gobierno a Plus Ultra se destinó a un pago realizado a Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Los peritos del juzgado aseguraron que la compañía procedió al pago íntegro de una deuda con la estatal venezolana y los peritos de Deloitte y DC Advisor explicaron que se trataba de un pago a un proveedor.
DIFIEREN SOBRE LA IDONEIDAD DE LA AYUDA
Desde Plus Ultra confirmaron a eque durante el careo se abordó el pago relativo a la petrolera. Han precisado que el equipo de peritos que asesoró a la SEPI aclaró que «la deuda con PDVSA no se había podido pagar por motivo del embargo y las sanciones internacionales».
Además, la empresa subrayó que la petrolera es la proveedora de combustible de todas las compañías que operan en Caracas, no solo de Plus Ultra, e insistieron en que este «problema» afecta a todas las aerolíneas que vuelan a Venezuela.
Ante esta actuación, los peritos independientes del juzgado indicaron que lo habitual en una empresa que necesita una ayuda pública es aplazar la deuda y hacer esperar a los proveedores.
Durante el careo, estos cuestionaron que la compañía pudiera recibir la subvención de 53 millones de euros, mientras que los segundos defendieron la decisión de la SEPI de conceder la ayuda. Ambos equipos se ratificaron en los informes que aportaron al juzgado y que ya defendieron el pasado 18 de enero en un primer careo que tuvo que repetirse ayer a raíz de un fallo técnico.
Según las citadas fuentes jurídicas, los peritos independientes insistieron en que Plus Ultra se encontraba en «causa de disolución» al momento de recibir la ayuda aprobada por el Ejecutivo. En concreto, ratificaron el documento de 499 folios en el que explicaron que existían «dudas más que razonables» sobre cuál era la situación patrimonial de la compañía a fecha 31 de diciembre de 2019 y, en consecuencia, sobre el cumplimiento de las condiciones esenciales para la concesión de la ayuda pública.
Por su parte, los peritos de Deloitte y Daiwa Corporate Advisor -firmantes del informe encargado por la SEPI en el marco del análisis del fondo de ayuda a la solvencia- mantuvieron sus conclusiones de que la empresa «no estaba en crisis». Y reiteraron su opinión favorable para otorgar la ayuda.
