El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García-Castellón ha propuesto juzgar a 32 personas por el caso “cártel del fuego”, entre ellas el exconsejero de la Generalidad valenciana y exdelegado del Gobierno Serafín Castellano, por presuntamente formar una organización criminal que se habría concertado para alterar la contratación y adjudicación de los contratos de extinción de incendios en el sector de la navegación aérea mediante la corrupción de funcionarios y autoridades.
En el auto de pase a procedimiento abreviado señala que los hechos son susceptibles de ser calificados como delitos de organización criminal, continuados de alteración de precios en concursos o contratación pública, cohecho, falsedad documental, malversación de caudales públicos, prevaricación; asociación ilícita, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, tráfico de influencias y exacciones ilegales.
Este procedimiento judicial, en el que hay encausados empresarios de la navegación aérea, autoridades y funcionarios, es fruto de diligencias de investigación de la Fiscalía, de diligencias de los Juzgados de Instrucción números 1 y 2 de Sagunto (Valencia) y del Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla.
García-Castellón indica en el auto que de lo investigado ha quedado suficientemente acreditado que «un grupo de personas y entidades, actuantes en el sector de la navegación aérea para extinción de incendios, con ánimo de lucro y mediante múltiples ardides y mecanismos, se han venido concertando para alterar los términos de la normal concurrencia en los procesos de contratación y adjudicación pública e igualmente que, para ello, se vino corrompiendo, mediante compensaciones económicas, a múltiples funcionarios y autoridades intervinientes en la adopción de decisiones inherentes a los procesos de contratación o del control y ejecución de lo contratado”.
Según explica, todo ello se lograba “mediante actuaciones, decisiones o comportamientos, injustos, injustificados, arbitrarios” de los investigados, bien incrementando indebidamente el gasto en favor de las personas y empresas concertadas; bien permitiendo prórrogas o modificaciones contractuales indebidamente (sin la correspondiente memoria justificativa o sin las ofertas técnicas o sin las regulares actas de iniciación y finalización de los servicios o de los partes mensuales de trabajos o de las actas de conformidad con los trabajos, o sin cumplimiento de las características mínimas de las PPT); bien aprobando indebidamente facturaciones; o bien favoreciendo a determinadas personas y entidades.
Los empresarios y sus compañías -prosigue su relato- se integraban en un grupo de actuación que se repartía geográficamente el mercado de la contratación pública en el sector, así como los procedimientos concretos de contratación, incluso mediante progresivas reuniones en las que preestablecían qué sociedades concretas concurrirían (y cuáles no) a dichos procesos, en qué zonas de influencia, con qué turnos rotatorios, cuándo en forma de UTES, y estableciéndose además sucesivas compensaciones y liquidaciones económicas intragrupo como consecuencia de tal forma de proceder.
Como ejemplo de los amaños, expone que no solo se desarrollaban en España, sino también en otros países, y que en ocasiones se provocó que algún concurso quedase desierto generándose un incremento posterior del precio de licitación en el procedimiento negociado sin publicidad.
En otros, añade, las prórrogas arbitrarias e injustificadas de los contratos y los injustificados expedientes de enriquecimiento injusto generaban “incrementos notabilísimos” en los importes finales de adjudicación o en los costes totales de los contratos.
García-Castellón explica que, conforme ha informado la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), solo en la Comunidad Valenciana, donde se han constatado las principales infracciones, con sujeción a la exclusiva concurrencia de AVIALSA (vinculada al investigado principal Vicente Huerta Domínguez) y ocasionalmente UTES en las que se integraban otros investigados, entre 1999 y 2017, se concertaron contratos por importe total de 151.585.386,22 euros.
PAGO DE DÁDIVAS O REGALOS A FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES
El magistrado asevera que de la investigación se ha acreditado que mediante dádivas o regalos los investigados principales corrompían a funcionarios y autoridades (igualmente imputadas) influyentes o intervinientes en las decisiones de contratación del sector obteniendo aquellos, para sí o terceros, las resoluciones, decisiones, comportamientos, o actuaciones delictivas, injustas o favorecedoras en dichas tramitaciones, contrataciones y ejecuciones contractuales. Igualmente, agrega, “se ha constatado una sistemática actuación de generación de actitudes clientelares en el ámbito de la administración interviniente en el sector”.
Según precisa, se ha comprobado que, en el ámbito contractual de la Comunidad Valenciana y de la Catalana, el grupo de entidades o sociedades vinculadas con AVIALSA realizó por diversos medios, en favor de funcionarios o autoridades, entregas de metálico o regalos consistentes en vehículos, cacerías, armas de fuego y accesorios, relojes y joyas o estancias en establecimientos hoteleros.
Y apunta que solo a Serafín Castellano Gómez (exconsejero de Sanidad en la Generalidad Valenciana entre 2003 y 2007 y de Gobernación y Justicia entre 2007 y 2014), y sin que eso agote todas las dádivas entregadas, se le realizaron, tomando únicamente en cuenta el ámbito de las actividades cinegéticas, regalos por importe no inferior a 163.736,02 euros.
El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 relata otra serie de pagos a funcionarios y autoridades y subraya también que al pactado funcionamiento de los investigados aludidos y sus empresas contribuyó también el uso instrumental de la Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA) gestionada, a tal fin, por el también investigado Dámaso Castejón Amenedo.
