La Fiscalía Anticorrupción ha rebajado más de 20 años la pena de cárcel que inicialmente solicitó para el comisario jubilado José Manuel Villarejo por las piezas Iron, Land y Pintor del caso Tándem que juzga la Audiencia Nacional (AN) desde el pasado mes de octubre, y por las que se sientan en el banquillo una treintena de acusados. Inicialmente solicitaba 109 años y 10 meses para Villarejo y la ha dejado en poco más de 80 años.
El fiscal César de Rivas ha modificado las conclusiones provisionales suprimiendo de la acusación contra Villarejo los delitos de cohecho activo, tráfico de influencias y algunos de descubrimiento y revelación de secretos cometidos contra particulares en relación con su vida sexual en grado de tentativa.
Además, ha influido el perdón otorgado hoy por el exjuez Francisco Javier Urquía a todos los acusados de la pieza ‘Pintor’, en la que figura como perjudicado.
Anticorrupción se ha alineado con esta acusación particular para retirar del pliego de cargos el delito de descubrimiento y revelación de secretos que afectan a la salud y la vida sexual respecto a Urquía. Mantiene la acusación por el delito de extorsión en grado de tentativa cometido contra Urquía, por ser un tipo penal que no se ve afectado por la disculpa de la víctima.
Inicialmente, la Fiscalía Anticorrupción reclamaba que Villarejo fuera condenado a 109 años y 10 meses de cárcel y a multas que superarían los 950.000 euros, a las que habría que sumar las indemnizaciones de las que respondería solidariamente junto a las otras personas que resultaran condenadas, así como inhabilitaciones para ejercer cargo y empleo público y para el sufragio pasivo.
En ‘Iron’ se juzga el presunto encargo a Villarejo del despacho de propiedad intelectual Herrero & Asociados para que investigara a Balder, ante la sospecha por parte del primer bufete de que el segundo había robado su base de datos. La Fiscalía pedía en un principio a 57 años de cárcel para Villarejo por esta pieza, ahora 44.
En ‘Land’, Anticorrupción, reclama 34 años por la investigación que habría dirigido contra Yolanda García Cereceda, su entonces pareja Jaime Ostos hijo y el arquitecto Joaquín Torres, entre otros, por mandato de Susana García Cereceda en el marco del conflicto familiar y empresarial desatado tras la muerte de Luis García Cereceda, el otrora dueño de la empresa promotora de la urbanización de lujo ‘La Finca’ (Madrid). En un principio solicitaba 38 años y 10 meses de cárcel y una multa de 252.000 euros.
Por último, en ‘Pintor’, que versa sobre el encargo que habrían hecho a Villarejo los empresarios Juan y Fernando Muñoz -el primero es el marido de la periodista Ana Rosa Quintana– para extorsionar a un exsocio y al letrado de este último, el exjuez Francisco Javier de Urquía, para supuestamente conseguir información del exsocio y de su entonces abogado con el fin de reclamar una deuda pendiente en Hacienda, el Ministerio Público solicitaba 14 años de prisión, en sus conclusiones definitivas solicita 5 años y medio debido al perdón de Urquía a los acusados.
Con la presentación de las conclusiones, este primer juicio por ‘Tándem’ entra ya en su recta final, después de ocho meses de sesiones que se prolongarán al menos hasta septiembre.
PARA LA MUJER DE VILLAREJO PASA DE 83 AÑOS Y MEDIO A CINCO AÑOS
Anticorrupción también ha reducido las condenas solicitadas para la mujer de Villarejo, Gema Alcalá; su hijo José Manuel Villarejo Gil; y su socio, Rafael Redondo.
La Fiscalía ha retirado todos los delitos que imputaba a la mujer del comisario jubilado, salvo el de cooperadora necesaria del presunto delito de cohecho pasivo de su marido, con lo que la petición de pena ha pasado de 83 años y medio de prisión a cinco años.
Para el hijo de Villarejo pedía inicialmente 14 años de prisión, que ahora reduce a un año, al tener en cuenta el perdón de Urquía en la pieza Pintor, la única por la que es juzgado.
En el caso de Redondo, el Ministerio Público ha rebajado su solicitud de 102 años de prisión a 70 años y medio al retirar su acusación por cohecho activo, tráfico de influencias y algunos delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
En cuanto al conjunto de trabajadores y presuntos colaboradores de CENYT, Anticorrupción ha eliminado, asimismo, las acusaciones por cohecho activo, tráfico de influencias y algunos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, de modo que ahora para los inspectores de la Policía jubilados Constancio Riaño y Antonio Bonilla; 22 años y medio de cárcel y 18 años, respectivamente; y 9 años y medio para el abogado David Macías.
RETIRADA COMPLETA
Además, los fiscales han retirado su acusación contra el policía Javier Fernández y el funcionario de Hacienda jubilado Antonio Chaparro al considerar que, si bien «ha quedado totalmente acreditado» que las claves personales de ambos se usaron para acceder a datos reservados que después comercializaría CENYT, no se ha podido probar que participaran de ello. Inicialmente solicitaba para ellos 25 años de prisión, y 4 años y medio, respectivamente.
Algunos de los acusados, que llegaron a acuerdos de conformidad con el Ministerio Público antes del juicio, también se han beneficiado de reducciones de pena efectuadas por la Fiscalía tras los perdones de Urquía en ‘Pintor’ y de Ostos y el dueño de la agencia de detectives Método 3, Francisco Marco, en ‘Land’.
Así, los hermanos Muñoz, para los que inicialmente solicitaba 8 años de cárcel, el acuerdo de conformidad, 14 meses, y ahohra queda en tres meses de prisión y el pago de una multa.
La petición de pena para Susana García Cereceda, fijada provisionalmente en 16 años y 10 meses, quedó tras el acuerdo de conformidad en un año y medio de prisión.
‘Iron’, ‘Land’ y ‘Pintor’ son las primeras piezas de ‘Tándem’ que llegan a juicio de las más de treinta que componen una macrocausa vertebrada por el presunto uso que Villarejo habría hecho de los medios policiales que tenía a su alcance para usarlos en las investigaciones privadas que hacía para sus clientes, desde grandes empresas del IBEX 35 a particulares.
La línea de defensa de Villarejo ha sido afirmar que era un agente de Inteligencia al servicio de CNI y Policía Nacional que usó su grupo empresarial, CENYT, para beneficio del Estado.
