Los magistrados, Ángela Murillo, en el centro, Carmen Paloma González, a la izquierda, y Fermín Echarri, a la derecha, consideran que no existe ningún tipo de evidencia que ponga en tela de juicio su imparcialidad. El fiscal Miguel Serrano se ha opuesto a la recusación del comisario emérito José Manuel Villarejo porque está animada por una "finalidad absolutamente espúrea". Foto: AN/EP.
El tribunal de la AN rechaza la recusación interpuesta por el comisario Villarejo: «no hay prejuicio alguno contra él»
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20/6/2022 13:37
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Actualizado: 20/6/2022 13:37
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El tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que juzga a José Manuel Villarejo ha rechazado el último incidente de recusación formulado por el comisario jubilado.
Villarejo consideraba que la presidenta, Ángela Murillo, hizo un comentario en el juicio que reflejaría una «convicción plena» de su culpa, por lo que invocó la ‘doctrina Otegi’, que llevó a repetir un juicio contra el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, para apartar a los tres magistrados.
En la sesión de este lunes, Murillo ha decidido desestimar la petición de Villarejo al no encontrar evidencia alguna de «ningún tipo de prejuicio ni de enjuiciamiento prematuro» por parte de ella y sus dos compañeros, los magistrados Fermín Echarri y Carmen Paloma González.
La presidenta del tribunal que lo sienta en el banquillo por los proyectos ‘Iron’, ‘Land’ y ‘Pintor’ del caso ‘Tándem’ ni siquiera ha admitido a trámite la solicitud, ante las protestas de Antonio José García Cabrera, el abogado del policía retirado.
«NO SE PUEDE CAMBIAR EL TRIBUNAL A GUSTO DEL ACUSADO»
De esta forma, el tribunal ha seguido el criterio del fiscal anticorrupción Miguel Serrano, que se ha opuesto a la recusación al observar una «finalidad absolutamente espúrea» por parte de Villarejo.
«No se pude cambiar el tribunal a gusto del acusado» ni en base a acusaciones «infundadas», ha dicho en su intervención, para recordar que «no es la primera» solicitud de este tipo «articulada ante este tribunal» y que espera que «sea la última».
Al parecer del fiscal, la petición de Villarejo supone una «interferencia absolutamente gratuita» en el devenir del juicio y son argumentos «desorbitantes» que persiguen dar a entender una parcialidad inexistente en el tribunal que enjuicia al comisario.
Efectivamente, Villarejo, que se enfrenta a 109 años de cárcel por estas tres piezas separadas –de las más de 30 que componen ‘Tándem’–, ya ha intentado recusar al tribunal en otras ocasiones, anque sin éxito.
También ha formulado recusación contra el instructor de la macrocausa, Manuel García Castellón, al estimar que dio un trato de favor al denunciante del caso, el empresario Francisco Menéndez, durante las declaraciones del 2 de junio.
En un escrito del pasado viernes, Villarejo recusó a Murillo, Echarri y González, señalando que han perdido la imparcialidad exigida para juzgarle en tres de los muchos trabajos de espionaje que el comisario habría hecho con su grupo empresarial, CENYT, para particulares valiéndose de los medios policiales a su alcance.
Villarejo basaba su solicitud en la sesión del juicio del pasado 9 de junio y, en concreto, en una discusión que se produjo sobre si era necesario reproducir de forma íntegra dos conversaciones grabadas por el comisario jubilado en las que se aludiría a ‘Pintor’, un encargo que habría consistido en que investigara al empresario Mateo Martín Navarro y a su abogado, el exjuez Javier Urquía, para resolver a favor de los hermanos Juan y Fernando Muñoz Támara un conflicto que tenían por el pago de una deuda fiscal.
EL ORIGEN DE LA DISCUSIÓN
Aquel día, el fiscal anticorrupción Miguel Serrano se opuso a que se escucharan las conversaciones completas que habría grabado Villarejo, argumentando que «solo unos pasajes limitados» de los audios que se iban a reproducir «tenían relación con la pieza 6» (‘Pintor’), mientras que «el resto de la amplísima conversación versaba sobre cuestiones estrictamente privadas», advirtiendo asimismo de que estaba plagada de «groseros comentarios».
García Cabrera insistió en que se reprodujeran los audios aunque fuera «a puerta cerrada», aduciendo que como parte defensora «tiene derecho a conocer en qué términos se expresó el señor Villarejo» en las citadas conversaciones. Al mismo tiempo, el abogado defensor recordó que «si él hubiera podido tener copia de ese material, hubiera podido seleccionar los pasajes», pero «no se le ha dado».
Villarejo defiende que esos audios son «meras copias digitales» cuya autenticidad cuestiona porque asevera que habrían sido grabados de forma remota por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), al que junto a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía atribuye haber fabricado esta macrocausa en su contra por una venganza personal.
El fiscal replicó que el principal acusado podía hacer esa criba igualmente porque «Villarejo sabe perfectamente (lo que hay), porque grabó el contenido de ese audio, y nos debería y nos podría señalar cuál es el contenido no incriminatorio o exculpatorio que tiene».
«Su cliente, efectivamente, como dice el Ministerio Fiscal, conoce perfectamente lo que dice esos vídeos porque los ha grabado él (…) Sabe lo que se grabó porque lo grabó él», zanjó Murillo.
CONDENA ANTICIPADA
Hoy, en la reanudación del juicio, la defensa de Villarejo ha señalado que con «tales grabaciones» va a «justificarse» la condena de su cliente, un pronunciamiento «que ya se anticipa notoriamente, no solo por las expresiones objetivamente utilizadas por la presidenta del tribunal, sino por la forma de expresarlas».
Según su abogado, lo dicho por Murillo en la última sesión «denota una convicción plena de culpabilidad del acusado cuando no ha terminado ni siquiera la fase de práctica de prueba». Por eso, tanto este lunes como en su escrito, García Cabrera ha invocado la ‘doctrina Otegi’, aplicada por el Tribunal Supremo para anular la sentencia dictada en marzo de 2010 por la Audiencia Nacional y por un tribunal también presidido por Murillo que había condenado a Arnaldo Otegi a dos años de cárcel e inhabilitación absoluta durante 16 años por un delito de enaltecimiento del terrorismo por participar en un homenaje al etarra José María Sagarduy.
Villarejo recordó que dicho juicio contra Otegi fue anulado por el Supremo porque Murillo «se dirigió al acusado preguntándole si condenaba la violencia de ETA y, al responder que no contestaría a esa pregunta, la magistrada comentó, de malas formas: ‘Ya sabía yo que no me iba a contestar a esta pregunta’; a lo que el acusado respondió: ‘Y yo que iba a hacerla'», según indica en su escrito.
Invocando esa doctrina, la defensa de Villarejo ha señalado que hay una «legítima sospecha» de que los «aspectos esenciales» del juicio «ya están decididos antes de que incluso haya terminado la fase de prueba y antes de que él haya podido emitir su última palabra». Dicho esto, ha apuntado a una «pérdida de imparcialidad sobrevenida» en el tribunal de la Audiencia, algo que, a su parecer, son «hechos muy graves y trascendentes en el devenir procesal del caso», por lo que ha demandado que se estimara su petición.
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