leire diez en plaza de castilla
La Audiencia Nacional concentra así las dos causas abiertas sobre las presuntas maniobras de la exmilitante socialista contra jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil. Foto: EP.

El ‘caso Leire Díez’ queda en manos de Pedraz tras aceptar Zamarriego remitirle toda su investigación

12 / 08 / 2026 14:18

Actualizado el 12 / 08 / 2026 14:22

Santiago Pedraz, titular de la sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional), plaza 5, será el encargado de investigar las dos causas abiertas contra Leire Díez tras aceptar el juez Arturo Zamarriego remitir su investigación sobre las presuntas maniobras de la exmilitante del PSOE para conseguir información comprometida contra mandos de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción.

Fue el pasado mes de junio cuando el magistrado Pedraz, que investiga la presunta trama que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán para obstaculizar procedimientos judiciales que afectaban al partido político y al Gobierno, solicitó al titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid nº 9 que se inhibiera y le remitiera la causa al considerar que los hechos investigados están conectados.

Ahora Zamarriego ha aceptado finalmente la petición de Pedraz, según una providencia emitida este martes 11 de agosto. De esta forma, la Audiencia Nacional asumirá las dos investigaciones, unificando el caso Leire Díez en el mismo tribunal.

Zamarriego fue el primer juez que investigó el caso Leire Díez

La causa de Zamarriego partió de una denuncia presentada por Hazte Oír por una reunión en la que Díez habría ofrecido favores al empresario Alejandro Hamlyn, investigado por fraude de hidrocarburos, a cambio de información.

El titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid nº9 llegó a imputar a Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol por su presunta participación en una trama «coordinada» para «recabar información comprometida o irregular de mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción».

Ello porque vio indicios de que Díez, Dolset y Rusiñol buscaban, a través de esa «información comprometida», la posibilidad de «anular o malbaratar» investigaciones judiciales en «casos relevantes» que podrían afectar a políticos y empresarios, tras dos denuncias presentadas por los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda, con quienes Díez se habría reunido para pedir información a cambio de una contraprestación económica.

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