El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «romper los puentes» para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la reforma «unilateral» que ha registrado esta mañana en el Congreso de los Diputados, según denuncia, para «controlar» el Tribunal Constitucional (TC).
Así se ha pronunciado, en una entrevista en Telecinco, tras conocer que el PSOE ha registrado esta mañana una Proposición de Ley, que se tramitará por la vía de urgencia, para que el CGPJ pueda proponer a dos magistrados para la renovación del órgano de garantías estando en funciones. Modifica el artículo 570 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y su entrada en vigor está prevista para julio.
La reforma de 2021 impulsada por PSOE y Podemos que limita funciones al órgano de gobierno de los jueces afectaba a la renovación del Constitucional.
Feijóo ha indicado que su partido se ha enterado por los medios de comunicación de esta reforma legal del PSOE, que también firma Unidas Podemos, para «reponer» esta competencia del CGPJ que le quitó hace unos meses. Pero sólo para la renovación del TC. Aquella reforma también está provocando graves disfunciones en el Tribunal Supremo, que ya cuenta 14 plazas vacantes; e impide nombrar en los Tribunales Superiores de Justicia.
El presidente del PP ha criticado que el Ejecutivo dejó al CGPJ sin competencias y que ahora, como «le interesa modificar el Constitucional y cubrir las vacantes, le repone parte de las competencias que le había hurtado».
«Después de lo que hemos visto con el CNI, con la Fiscalía General del Estado o con el CIS, esto empieza a ser una preocupación no puntual, sino una preocupación estructural», ha añadido Feijóo.
Preguntado sobre si el PP apoyará esta reforma, Feijóo ha respondido que cómo va a apoyar su formación un cambio con el que el Gobierno demuestra que «ya no le interesa negociar el CGPJ, sino controlar el TC». «¿Cree que se puede negociar con alguien que no solo no tiene respeto por la negociación, sino que, además, rompe cualquier tipo de puente para seguir conversaciones y seguir negociando?», ha planteado, y ha dicho que la sensación que tiene su partido es que el objetivo del Gobierno es «no negociar nada con el PP».
Según el líder del PP, el Ejecutivo no «quiere» negociar la renovación del CGPJ, de la misma manera que tampoco ha negociado con su partido el plan económico que le envió a Moncloa ni ha atendido la oferta de pacto en política de seguridad y defensa.
«O este Gobierno ya tiene un problema de soberbia instalado en su propia forma de proceder o simplemente tiene su propio proyecto político, que consiste en controlar instituciones y mantenerse en el Gobierno, que no en gobernar, y en un proyecto personal o personalista», ha concluido.
LA REACCIÓN DE VOX Y CIUDADANOS
«Sánchez es un autócrata que quiere controlarlo todo» y, especialmente la Justicia, ha declarado el portavoz de VOX en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, sobre la decisión del Gobierno de modificar su propia reforma.
«Esto demuestra una vez más que la izquierda no cree en las instituciones», ha afirmado en declaraciones en el Congreso.
Por su parte, el vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal Francés, ha declarado a Confilegal que la reforma que propone el Gobierno «demuestra una vez más el nulo respeto que tiene por la estabilidad y la neutralidad de las instituciones constitucionales, cuyas funciones son de la máxima importancia».
«Cambiar a conveniencia una Ley, previamente modificada para chantajear al PP, al Poder Judicial y a todos los españoles para elegir los políticos a los jueces demuestra la escasa conciencia de respeto democrático que tiene el Gobierno. Y de Podemos no nos extraña. Pero del PSOE creo que verdaderamente causa un daño enorme a la estabilidad democrática de nuestro país, en una coyuntura actual dramática para las familias españolas donde los partidos que creen en la Transición deberían propiciar consensos», manifiesta.
Por último, Bal destaca que «recientemente, el PP se ha repartido con el PSOE y Unidas Podemos otros cuantos magistrados del TC poniendo a personas de indudable afinidad política con los partidos que los nombraron, además de ser cómplice también en el reparto del Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, la AEPD y RTVE».
