La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo (TS) ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que transmita al Congreso de los Diputados y el Senado su «honda preocupación» ante la no renovación del Consejo y la imposibilidad legal de realizar nombramientos discrecionales, que están creando una situación que, de continuar, será «insostenible».
«El paulatino aumento de vacantes que no pueden ser cubiertas merma la capacidad del Tribunal Supremo de cumplir la función que la Constitución y las leyes le encomiendan y en no mucho tiempo supondrá dificultades extraordinarias para su funcionamiento», destaca.
La imposibilidad de que el CGPJ pueda nombrar cargos discrecionales estando en funciones es consecuencia de la Ley Orgánica 4/2021, promovida por PSOE y Podemos, que está provocando graves disfunciones en el Tribunal Supremo, que ya cuenta 14 plazas vacantes e impide también que no puedan renovarse los cargos de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y de Audiencias Provinciales.
EL PSOE PRETENDE VOLVER A MANOSEAR LA LOPJ PARA DEVOLVER AL CGPJ LA RENOVACIÓN DEL TC
Ahora, el PSOE pretende volver a manosear la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para devolver al CGPJ en funciones la renovación del Tribunal Constitucional (TC) modificando el artículo 570 bis, y que el Consejo pueda elegir así a los dos magistrados que le corresponden aunque esté en funciones -situación en la que se encuentra desde hace tres años y medio-, y el Gobierno a los otros dos. Reforma legal que registró el pasado viernes y cuya entrada en vigor prevé para julio.
El PSOE manifiesta que esta iniciativa es «un ejercicio de responsabilidad para cuanto antes poner en funcionamiento el TC», según ha declarado el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Héctor Gómez, que ha justificado esta reforma legal ante «la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el PP«.
Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «romper los puentes» para negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces con esta reforma «unilateral» para «controlar» el Constitucional.
La iniciativa también ha sido criticada por VOX y Ciudadanos.
«Sánchez es un autócrata que quiere controlarlo todo» y, especialmente la Justicia, ha declarado el portavoz de VOX en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, sobre la decisión del Gobierno de modificar su propia reforma.
Por su parte, el vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal Francés, ha declarado a Confilegal que «cambiar a conveniencia una Ley, previamente modificada para chantajear al PP, al Poder Judicial y a todos los españoles para elegir los políticos a los jueces demuestra la escasa conciencia de respeto democrático que tiene el Gobierno». «De Podemos no nos extraña, pero del PSOE creo que verdaderamente causa un daño enorme a la estabilidad democrática de nuestro país, en una coyuntura actual dramática para las familias españolas donde los partidos que creen en la Transición deberían propiciar consensos», manifiesta.
Además, la reforma tiene el rechazo de tres de las cuatro asociaciones de jueces: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI). Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), por su parte, opina que es la consecuencia del bloqueo a la renovación que el PP lleva realizando desde diciembre de 2018.
