Tres de las cuatro asociaciones consideran que es un escándalo la iniciativa del PSOE de pretender nombrar a solo 2 de los cuatro magistrados del Constitucional que tienen que ser renovados; JJpD reprocha la actual situación al bloqueo del PP. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
APM, AJFV y FJI en contra de la reforma propuesta por el PSOE y JJpD lo ve una consecuencia del bloqueo del PP
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26/6/2022 01:39
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Actualizado: 26/6/2022 01:44
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Los jueces asociados, a través de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) critican con mucha dureza la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista de presentar una reforma de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), para permitir que el Gobierno nombre a dos de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, lo que le permitiría tener mayoría en el máxima tribunal de garantías.
La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), por su parte, opina que es la consecuencia del bloqueo a la renovación que el PP lleva realizando desde hace tres años y medio.
«Lo que plantea el Gobierno va contra la Constitución, que dice, en su artículo 159.3 que sus miembros serán designados por un periodo de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres. La redacción no puede ser más clara. O se renuevan los cuatro o no se renuevan. Pero no se pueden renovar dos y dejar otros dos. Es nuestra posición», afirma María Jesús del Barco, presidenta de la APM.
«Lo que está sucediendo ahora es una trampa evidente. El Gobierno busca alterar la mayoría del Tribunal Constitucional, a su favor, con esos dos nuevos nombramientos. Recordemos que el Gobierno ha recibido serios varapalos desde este Tribunal, como la anulación de los dos estados de alarma. Necesita cambiar el signo político en su interior a su favor», añade.
La AJFV, por su parte, considera que «Legislar a la carta y obstaculizar el cumplimiento de mandatos constitucionales en función de los intereses de un partido o del Gobierno en cada momento es el mejor modo de destruir las bases de nuestra convivencia democrática».
«La esencia de la democracia estriba en que la mayoría gobierna sujeta a reglas y procedimientos que salvaguardan las opciones de la minoría de convertirse en el futuro en la opción mayoritaria. Si se prescinde de tales reglas y procedimientos, se prescinde de la democracia misma», subraya, en un comunicado.
LA CULPA DE LA SITUACIÓN DEL CGPJ ES DEL LEGISLADOR
La Francisco de Vitoria reprocha a los grupos políticos que la situación en la que se encuentra la renovación del Consejo General del Poder Judicial es culpa y solo suya.
«Si el CGPJ está en funciones es porque los diputados y los senadores -en particular de los grupos parlamentarios cuya participación es imprescindible para alcanzar la mayoría necesaria- están incumpliendo desde hace más de tres años su deber constitucional de nombrar a los nuevos vocales del CGPJ«, afirma.
«Proyectar un comportamiento como el indicado sobre la Justicia manifiesta un desprecio absoluto por los derechos de los ciudadanos», señala. «Es urgente que diputados y senadores cumplan su obligación y designen a los nuevos vocales del CGPJ conforme a criterios que excluyan la imagen de politización del órgano». Y que se promueva una reforma legal que impida que se repitan situaciones como la actual.
Foro Judicial Independiente, por medio de su vicepresidenta, Cristina de Vicente, dice que «El Gobierno, con esta actuación, pone al Parlamento en la tesitura bochornosa de reformar una reforma y desdecirse de lo dicho. Deteriora la imagen del Tribunal Constitucional, órgano de máxima relevancia en la arquitectura del Estado, que debería estar alejado de intereses de partido. Desprecia al CGPJ, a quien le ha desprovisto de una función constitucional como es la de realizar nombramientos discrecionales, para ahora devolverle únicamente la capacidad de hacer los nombramientos que le interesan al Gobierno. Y finalmente solivianta al TS que está trabajando con un 20 % de sus plazas vacantes al que se deja castigado contra la pared».
FJI recrimina que el CGPJ aceptara sin rechista una reforma que le desproveía incluso de la facultad de plantear un conflicto de atribuciones, pues «su origen político le impide defender sus competencias. Ahora tampoco lo hará».
De acuerdo con De Vicente, «este paso del Gobierno, se produce tan solo una semana después de la visita de la vicepresidenta de la Comisión europea, Vera Jourová, recordando que el poder político no autoriza a tomar el control de otros poderes como viene ocurriendo desde hace 37 años».
El problema, subraya la vicepresidenta de FJI, es que en España «quien gana las elecciones, se gana el derecho a intervenir políticamente el poder judicial mediante el control del CGPJ, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Constitucional. Este nuevo paso, en dirección totalmente contraria a los principios que rigen la separación de poderes, tal y como el TJUE lo está interpretando, acerca la posibilidad de un procedimiento de infracción, sin que el CGPJ tenga ya ni capacidad ni credibilidad para reaccionar frente a este nuevo ataque a la independencia del poder judicial».
Juezas y Jueces para la Democracia, por medio de Edmundo Rodríguez Achutegui, miembro de su Secretariado, considera que la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que vendría a reformar, a su vez, la reforma de esa misma ley de marzo de 2021, que prohibe a un CGPJ en funciones realizar ningún nombramiento, es la consecuencia directa del bloqueo, por parte del PP, de la renovación del CGPJ. Un proceso que tenía que haberse llevado a cabo en diciembre de 2018.
«Desde hace tres años y medio el PP ha puesto excusa tras excusa para no renovar el Consejo. La primera, porque no quería tener a ningún miembro relacionado con Podemos. La segunda porque no quería como vocales a Victoria Rosell y a José Ricardo de Prada, la tercera porque había elecciones en Cataluña, luego por el juicio del proceso, después… Excusas, excusas y más excusas. Ahora parecía que Feijóo, con el nuevo talante que traía, podía llegar a un acuerdo. Ya nadie se cree nada», explicó Rodríguez Achutegui.
«Las instituciones tienen que renovarse en tiempo y forma. Lo que ha hecho el PP es impedirlo. Esa es la realidad», concluye.
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