Las cuatro asociaciones de jueces se han pronunciado en la misma dirección ante la sentencia condenatoria al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito probado de revelación de secretos: la justicia funciona.
Tanto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), como la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) Foro Judicial Independiente (FJI) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) han resaltado la normalidad de todo el procedimiento.
«El Estado de Derecho funciona. La ley es igual para todos», ha resumido la presidenta de APM, María Jesús del Barco, sin querer ir más allá.
Marien Ortega Herrero, portavoz de la AJFV, se ha expresado en la misma línea: «entendemos que estamos ante el funcionamiento normal de las instituciones.Que se ha respetado el procedimiento con plenas garantías, y que toca exigir prudencia y respeto al fallo dictado por el tribunal y a la justicia».
El presidente de la Gestora de FJI, Roberto García Ceniceros, ha recordado que este era «un procedimiento peculiar. La sentencia es el resultado lógico y la constatación de que las instituciones funcionan, independientemente del resultado que sea. La justicia funciona, no se puede añadir más».
Edmundo Rodríguez Achútegui, portavoz de JJpD, de los cuatro ha sido el único que ha querido entrar en el plano valorativo: La sentencia «no ha supuesto la victoria de nadie»; «todos hemos perdido».
A su juicio, el fallo evidencia la división dentro del Tribunal Supremo, una fractura que también ha tenido reflejo en la propia Fiscalía y en la abogacía institucional. Y ha recordado que esa división “ya se había constatado” con el voto particular del magistrado Andrés Palomo cuando se acordó la apertura del juicio oral y que “ahora se ha reiterado” con los votos particulares de Ana Ferrer y Susana Polo, en referencia al hecho de que el fallo ha sido por una mayoría de 5 a 2.
Según el portavoz de JJpD, esto «ha mostrado una fractura clara en el máximo órgano jurisdiccional, el Tribunal Supremo».
Además, ha advertido de que esta división “puede haber propiciado que todo el proceso continúe con peticiones de amparo”, ante el Tribunal Constitucional.
