Veinte de los 67 de Colegios de Procuradores de España también han recurrido ante el Tribunal Supremo (TS) el Real Decreto que elimina los topes mínimos de los aranceles que estos profesionales perciben por su trabajo, y que entró en vigor el pasado mes de mayo.
Ayer anunciaron el recurso impugnando este Real Decreto, el 307/2022, de 3 de mayo, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales. Un iniciativa que respaldan los 4.500 procuradores a los que representan.
El Consejo General de Procuradores de España (CGPE) ya recurrió este Real Decreto representando a todos los Colegios y, por lo tanto, a los 10.000 procuradores.
El pasado 24 de mayo el CGPE interpuso dicho recurso, el primero que se ha interpuesto. Ayer, 1 de julio, el secretario de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, Sinforiano Rodríguez, comunicó al CGPE la adminisión a trámite del recurso interpuesto. «Y dando traslado del expediente para formalizar la demanda», dice el escrito oficial.
Los Colegios recurrentes advierten del deterioro del mercado que se va a producir con los nuevos aranceles de máximos y la eliminación de los mínimos.
Están preocupados por «la más que probable» repercusión negativa en la calidad de los servicios que los procuradores dan a los clientes, puesto que la eliminación del tope mínimo hará que deban trabajar «a cambio de unas retribuciones a la baja que minusvaloran el quehacer del colectivo».
Y destacan que desde que entrara en vigor el anterior Real Decreto que regulaba los aranceles de la procura, en 2003, el colectivo de procuradores sigue cobrando la misma retribución frente al 40% de inflación acumulada durante las dos últimas décadas.
Según ha podido Confilegal, el Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya también está preparando un recurso similar, en la misma línea del CGPE.
