VOX ha presentado hoy una denuncia ante Fiscalía por el cese de los cuatro consejeros de Indra –Alberto Terol, Carmen Aquerreta, Enrique de Leyva y Ana de Pro Gonzalo-, por un supuesto delito de imposición de acuerdos lesivos (artículo 291 del Código Penal), en el que, según afirma, podrían estar implicados los asistentes a la Junta General de Accionistas en nombre y representación de la Sociedad Estatal de Participantes Industriales (SEPI), Sapa Placencia S.L. y Amber Capital Investment Management (AMBER).
La vicesecretaria jurídica de VOX, Marta Castro, y el vicepresidente del área económica y diputado por Salamanca, Víctor González, han decidido poner el tema en manos de la Fiscalía «ante la inactividad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)«, según han explicado a las puertas de la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada.
Recuerdan que el partido reclamó a principios de julio a la CNMV que investigase el cese de estos consejeros, que se llevó a cabo el pasado 23 de junio durante la celebración de la Junta General Ordinaria de la tecnológica, «y en cuyos votos coincidieron Amber, Sapa y SEPI».
«La destitución fue propuesta como puntos fuera del orden del día por el accionista Amber Selective Opportunities Fund II, subfondo de la gestora Amber Capital, propiedad de Joseph Oughourlian. A estos efectos se da la circunstancia de que tanto Amber Capital como el propio Oughourlian son accionistas de referencia del Grupo Prisa, conglomerado mediático cuya línea editorial es próxima al Gobierno», expone VOX.
La formación liderada por Santiago Abascal afirma que existen «indicios suficientes» para considerar que «hay un plan preestablecido entre Amber, Sapa y SEPI» para controlar la compañía tecnológica. La vicesecretaria jurídica de VOX apuntaba en su escrito a la CNMV que los cuatro consejeros cesados son, precisamente, los mismos que impidieron que el presidente de Indra, Marc Murtra, fuera nombrado presidente ejecutivo, y recordaba que de hecho, los propios cesados han denunciado un presunto plan doloso entre Amber, Sapa y SEPI para hacerse con el control de Indra.
También señalaba que por ahora, SEPI es la principal accionista -una empresa de titularidad pública, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública- de Indra, que es, a su vez, la sociedad que se ocupa del recuento electoral en la mayoría de los comicios que se celebran en España.
Tras el análisis de diversa documentación, Castro hace hincapié en «la posibilidad de que el presidente de Indra hubiera facilitado información a Ambar, con el único objetivo de animar a su inversión, a comprar el paquete necesario para alcanzar las mayorías requeridas de cara a la Junta General Ordinaria del 23 de junio». De este modo, señala,»limitan el margen de maniobra de otros accionistas al alcanzar la mayoría necesaria para aprobar el cese de los consejeros independientes».
Y apuntaba que la propuesta de cese de los consejeros fue «ocultada» en el Consejo de Administración que se celebró antes de la Junta.
Por otra parte, González preguntó al Gobierno el pasado mes de mayo, desde el Congreso de los Diputados, por sus intenciones respecto a Indra, y en junio solicitó la comparecencia del presidente de la CNMV, así como de la presidente de la SEPI, con objeto de esclarecer lo acontecido en aquella Junta General de Accionistas de Indra.
«Anunciamos que seguiríamos y que tomaríamos todas las medidas necesarias para depurar las responsabilidades. Y así ha sido», ha señalado hoy VOX en un comunicado informando de sus actuaciones.
Castro ha puesto el foco sobre «la falta de actuaciones por parte de Indra para solucionar el gravísimo problema, no sólo interno», porque «el aspecto más relevante es que es una empresa estratégica, de la que no resultan perjudicados los accionistas minoritarios, sino todo el interés general».
«Entendemos que van más allá del mero incumplimiento y que podríamos estar ante un ilícito penal», declara.
LAS DILIGENCIAS QUE SOLICITA
Así, VOX ha solicitado a la Fiscalía las siguientes diligencias: el acta del Consejo de Administración por el que se acuerda la convocatoria de la Junta General de Accionistas; la convocatoria de la Junta del 23 de junio; el acta de la misma; y los acuerdos parasociales que existan, en su caso.
Además, solicita al Ministerio Público que se proceda a la identificación de los asistentes a la Junta General de Accionistas en nombre y representación de la SEPI, Sapa Placencia y Amber; y la toma de declaración de los denunciados.
VOX ha incluido en las diligencias que se requiera a la CNMV para que remita el expediente de la investigación abierta por los hechos acaecidos y, especialmente, las cartas remitidas por los consejeros cesados. Por último, pide la declaración de los afectados por el cese.
