La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha señalado hoy que los pinchazos a mujeres que se están produciendo en lugares de ocio o fiestas son un delito de lesiones, y ha llamado a denunciarlos.
La ministra se ha pronunciado así en una entrevista con el periodista Marc Sala, en La Hora de La 1, de TVE, en la que ha lamentado que con «estas actitudes depravadas de desalmados» se está provocando «la expulsión de las mujeres de los espacios públicos» de ocio.
«Está generando una alarma en las chicas jóvenes y es un fenómeno que todavía no conocemos bien, más allá de que son hechos graves de violencia contra las mujeres«, ha declarado la ministra, magistrada en servicios especiales, y ha subrayado la importancia de que las víctimas acudan a los servicios de seguridad de los centros de ocio, se acerquen rápidamente a un centro médico para que se haga un análisis y presenten denuncia, porque sin ella será «muy difícil» conocer el patrón que siguen los autores, la finalidad y quedarán impunes.
Estos hechos se han denunciado ya en varias comunicadades autónomas, entre ellas Cataluña, Andalucía, País Vasco y la Comunidad Valenciana. Hasta el momento, en la práctica totalidad de los análisis realizados no se han encontrado sustancias tóxicas y las víctimas no han denunciado otros delitos, como agresión sexual o robo.
Llop ha manifestado que desde el Gobierno se trabaja en conocer qué intención hay detrás de ese tipo de acciones porque pueden comportar delitos más graves. «Necesitamos saber qué pasa en el fenómeno del pinchazo, no sabemos si hay sustancias en determinados casos, pero es un hecho grave porque se nos expulsa de espacios de diversión y ocio donde queremos estar», ha insistido.
El objetivo del Ministerio de Justicia, según ha explicado, es conocer a qué se debe este fenómeno para combatirlo de manera eficaz. Y ha dicho que están «muy vigilantes» con todas las herramientas con las que cuentan desde el Instituto de Toxicología.
Llop ha recordado que el pasado 8 de marzo, el Ministerio presentó un protocolo relativo a delitos de agresiones sexuales por medio de este tipo de método, con el que todos los institutos de medicina legal están coordinados y siguen unas pautas y pasos concretos. Los centros cuentan con kits homologados para la recogida de muestras y, además, el Ministerio ha adquirido dos máquinas de alta sensibilidad para analizar sustancias en sangre y orina.
«Si hay algún tipo de sustancia, no desaparece tan rápido como dicen. Con estas máquinas podemos averiguar si hay sustancias en un plazo de doce horas en sangre y más si es un análisis de orina», ha explicado Llop.
LEY DEL ‘SÓLO SÍ ES SÍ’
Sobre si se da la agravante de género, dado que los casos que han trascendido tienen por víctima a mujeres, ha señalado que pueden suponer un delito de lesiones con agravante de género, una agravante que se introdujo en 2015.
Por otra parte, ha lamentado que no esté ya en vigor la Ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del ‘solo sí es sí’, porque contempla que en caso de sumisión química en el que se cometa delito contra la libertad sexual, se calificará de agresión sexual y no sólo de abuso.
Llop ha criticado al PP por apoyar esta enmienda que solo cambiaba una letra de la ley de garantía de la libertad sexual y que ha retrasado la aprobación definitiva de la norma, que incluye la sumisión química como agravante en las agresiones sexuales.
El Gobierno esperaba dejar aprobada esta ley el pasado 19 de julio, pero finalmente no salió adelante en el Senado debido a una enmienda introducida por Junts, aprobada con los votos de PP, ERC, Ciudadanos, Más Madrid y Coalición Canaria, entre otros, lo que obliga a devolverla al Congreso para que la avale.
La enmienda es una adición al preámbulo de la ley para dejar claro que persigue «las violencias sexuales más ocultas» como forzar un aborto o una esterilización. El texto salió del Congreso mencionando como tales los «casos de aborto y esterilizaciones forzosas», pero Junts planteó que se cambiara por «aborto y esterilizaciones forzosos».
Desde Junts defienden la iniciativa para especificar que el adjetivo debe abarcar a las dos prácticas y dejar claro que los abortos no forzados no pueden considerarse violencia, mientras que desde el Ministerio de Igualdad aluden a que se trata de un error ortográfico que puede ser subsanado sin necesidad de alargar el trámite.
Igualdad espera que el Congreso apruebe la ley del ‘solo sí es sí’ en un pleno extraordinario a finales de agosto.
