El Gobierno ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley Orgánica del Derecho a la Defensa, un texto «pionero en Europa» que aúna «todos los aspectos de un derecho fundamental que cuenta ahora una regulación fragmentada», como el derecho a la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia, el derecho a ser informado de la acusación y a no declarar contra uno mismo, entre otros.
Así lo ha anunciado la ministra de Justicia, Pilar Llop, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, en la que también han comparecido la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Llop ha asegurado que el sistema judicial está de «enhorabuena» tras insistir en que se trata de un texto «pionero» en Europa que se enmarca en el «gran plan de modernización de la Justicia» y da «mayor garantía» al sistema jurídico español. «Por primera vez tendremos este texto único normativo», ha subrayado.
«EL DERECHO DE DEFENSA NO PUEDE DEPENDER DEL BOLSILLO»
La ministra ha recordado que todos los ciudadanos pueden verse «envueltos en un proceso judicial» a lo largo de su vida y ha asegurado que desde el Ejecutivo entienden que «sin Justicia no hay cohesión social ni territorial» y que «el derecho de defensa no puede depender del bolsillo», por lo que ha destacado el trabajo servicio de orientación jurídica.
En su intervención, la titular de Justicia ha defendido el Anteproyecto, que incorpora al ordenamiento jurídico y al sistema de garantías las demandas de la jurisprudencia de los tribunales.
Con este texto, se recoge en un solo cuerpo legal todos los aspectos del derecho de defensa y se incorporan las experiencias y necesidades manifestadas tanto por el Consejo General de la Abogacía Española, como por otros órganos y asociaciones representativas.
«REFORZAMOS EL ESTADO DE DERECHO»
Llop ha explicado que aunque el derecho a la defensa está reconocido en la Constitución, «no existen registros previos de una ley como esta». «Reforzamos el Estado de Derecho porque desarrollamos uno de los derechos fundamentales pendientes de desarrollo», ha señalado.
Según ha indicado, con esta ley se pretende que exista una guía de actuación para los operadores jurídicos, se recogen los deberes y derechos de la Abogacía, se garantiza el libre acceso a los tribunales, la ejecución de las resoluciones en los términos exactos, el derecho a ser informado de la acusación, el derecho a no declarar contra uno mismo, el derecho a la doble instancia y a la presunción de inocencia, así como el derecho al secreto profesional.
Asimismo, el texto compila los deberes y derechos de la Abogacía, tanto los principios que deben guiar su actuación como la actividad supervisora de los colegios profesionales.
Además, la ministra ha destacado como novedad que el anteproyecto aprobado recoge con rango de ley que toda persona pueda solicitar que quede por escrito el contrato con su abogado.
