La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, ha señalado hoy que después de tres años y nueve meses de retraso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y varias amonestaciones por parte de la Comisión Europea, PP y PSOE “están obligados a cambiar la ley y dejarse de monsergas”.
“En este arranque del curso judicial sólo podemos esperar que los partidos mayoritarios asuman su responsabilidad y se dejen de enredos e imposturas. En lo que quieren, bien que corren para sacar legislación”, ha manifestado.
En este sentido, y de cara a la celebración de la reunión de control del Estado de Derecho de España el próximo jueves 8 de septiembre, ha deseado que el Gobierno de España pueda ofrecer explicaciones y asumir compromisos sobre los puntos que la Comisión Europea señaló el pasado mes de julio como preocupantes en este ámbito.
La eurodiputada de Ciudadanos ha recordado que «por tercer año consecutivo el Ejecutivo comunitario ha afeado a España por la politización del poder judicial».
“Es preciso recordar que la principal causa del bloqueo de la renovación del CGPJ ha sido siempre política, nunca legal», ha apuntado Pagazaurtundúa, y ha indicado que «en España, Ciudadanos reclama desde que nació la profesionalización, la independencia y la despolitización del Poder Judicial, para que no dependa del mercadeo político”,
Pagazaurtundúa ha señalado que con esta situación «se perjudica a los ciudadanos, al funcionamiento de la justicia y a la calidad del Estado de Derecho porque hay jueces que deben favores a personas con mucho poder a los que devolver el favor en algún momento”. “Hay togas que se manchan en el polvo del camino que interesan en los partidos”, ha criticado.
Y ha dicho que «esto se ve con claridad también en Cataluña, donde el acoso virulento y señalamiento de jueces no afines al separatismo no ha derivado en la defensa por parte del Estado y del Gobierno de esos jueces y de la Justicia, sino bien al contrario, en el pacto con los prevaricadores del Gobierno catalán”.
“En Cataluña vemos finalmente una situación de indefensión de los ciudadanos. Este acoso ha dado lugar a problemas estructurales en Cataluña, que afectan de lleno a la imposibilidad de derecho efectivo a la Justicia”, ha subrayado.
En este sentido, ha recordado que el incremento de traslados ha dado lugar a un aumento también de plazas vacantes en esa región. En 2020 el 59% de las plazas vacantes en España se concentraban en Cataluña, casi un centenar de plazas vacantes.
