La vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles hace hincapié en que "la responsabilidad judicial, la independencia del poder judicial y la ejecución de las resoluciones judiciales son componentes esenciales del Estado de Derecho".
Pagazaurtundúa consigue que el Parlamento Europeo reclame que ‘se haga cumplir’ el Estado de Derecho en las entidades subestatales que lo vulneran
Además, pide a los Estados miembros que "protejan a los jueces y fiscales de los ataques y presiones políticas que tienen como objeto socavar su trabajo, a fin de garantizar plenamente su independencia”, como también reclamó esta eurodiputada
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20/5/2022 09:27
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Actualizado: 20/5/2022 09:45
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“El Estado de Derecho debe hacerse cumplir en todo el territorio de la Unión Europea, independientemente de quién lo vulnere”. Así resume la eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, el informe aprobado ayer por el pleno de la Eurocámara, con el que consigue que el Parlamento Europeo reclame que «se haga cumplir» el Estado de Derecho en las entidades subestatales que lo vulneran.
Gracias a una enmienda suya, el pleno aboga por que la Comisión Europea también actúe contra las violaciones por parte de las regiones o ante la inacción de los Gobiernos centrales.
El informe también llama la atención sobre el tratamiento y opiniones que se viertan sobre la judicatura por parte de los políticos, y pide a los Estados miembros que «protejan a los jueces y fiscales de los ataques y presiones políticas que tienen como objeto socavar su trabajo, a fin de garantizar plenamente su independencia”, como también reclamó Pagazaurtundúa.
La vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles hace hincapié en que la responsabilidad judicial, la independencia del poder judicial y la ejecución de las resoluciones judiciales son componentes esenciales del Estado de Derecho, e hizo estos llamamientos.
En concreto, el Parlamento Europeo ha aprobado el informe sobre el trabajo de evaluación realizado por la Comisión Europea en el control del Estado de Derecho en 2021 en los Estados miembros. Este informe, que reúne los informes de opinión de varias comisiones, recoge el dictamen de la de Peticiones, donde se pone énfasis en la necesidad de cumplimiento de la Ley también por parte de las administraciones locales y regionales, incluso si los gobiernos no actúan para evitar vulneraciones. «Situación que se produce en Cataluña con la negativa de cumplir el 25% de español en la educación», destaca Pagazaurtundúa.
El texto parlamentario aprobado hace estas reivindicaciones a la Comisión que “haga cumplir” los valores fundamentales de la Unión “cuando sean vulnerados por los Estados miembros o cuando los Estados miembros no actúen en caso de vulneraciones cometidas por entidades subestatales con el fin de aumentar la confianza de los ciudadanos en la judicatura”. Y pide a la Comisión que utilice “todos los medios a su alcance para actuar en este sentido, en particular el mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho, cuando proceda”.
“La UE tiene que hacer cumplir el Estado de Derecho también cuando los gobiernos quedan impasibles ante Entidades Subestatales que lo vulneran, como la UE ha actuado en los casos de los ayuntamientos que declararon espacios libres de LGTBi en Polonia, y como debería actuar en el caso de Cataluña, donde hay sentencias que el gobierno ultranacionalista tampoco quiere acatar”, recalcó la vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles durante su intervención en el pleno.
“Debemos hacer respetar el Estado de Derecho a todos los niveles de la Administración porque debe velarse por los valores de la UE y la protección del poder judicial en el sistema democrático”, añadió.
Asimismo, la opinión de Peticiones lamenta “las actitudes de las autoridades del Gobierno catalán, que alardean públicamente de su negativa a cumplir las sentencias dictadas por los tribunales competentes en el ámbito de la educación, vulnerando de forma flagrante el derecho de los niños a estudiar en la lengua oficial de su Estado miembro”. Y considera que estas actitudes y acciones, junto con el acoso a los demandantes, “ponen en peligro el respeto del Estado de Derecho y la separación de poderes, lo que perjudica gravemente la ley y los derechos de los ciudadanos”.
En este sentido, Pagazaurtundúa ha advertido a Bruselas en varias ocasiones de «los ataques al Poder Judicial de los socios del Gobierno» de Pedro Sánchez. El pasado mes de enero, denunció ante el comisario de Justicia, Didier Reynders, «las constantes llamadas a la desobediencia, las críticas abiertas a las instituciones, la Justicia e incluso a las bases del Estado de Derecho por parte de los socios del Gobierno», y le pidió que tuviera todo ello en cuenta en su próximo informe sobre el Estado de Derecho en España, que será publicado en junio.
También estuvo meses informándole de las reformas legislativas del Gobierno, especialmente la del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que «representan un ataque a la independencia de los jueces y a la separación de poderes».
De hecho, las alertas de Pagazaurtundúa llevaron al Ejecutivo comunitario a mostrar su preocupación al Gobierno por sus planes para reformar el CGPJ y que Moncloa diera marcha atrás. En el último de estos informes, de 2021, la Comisión ya advirtió contra los ataques al poder judicial y el intento de minar la reputación de los jueces.
“Tenemos que ser serios y evitar cualquier parcialidad al realizar este examen. La UE está compuesta por estados de derecho democrático, o al menos así debería ser. No será posible protegerlos si los instrumentos que utilizamos no funcionan”, manifiesta Pagazaurtundua.
Por otra parte, el Parlamento Europeo también reclama tener más en cuenta la opinión de ONGs, sociedad civil y organizaciones profesionales, especialmente, del mundo jurídico para tomar el pulso real de la salud del Estado de Derecho en cada país.
“En muchos casos han sido las ONGs y la sociedad civil en general las que han proporcionado indicios o evidencias de vulneraciones del Estado de Derecho”, ha recordado esta eurodiputada.
Maite Pagazaurtundúa creció en un entorno social de intolerancia y odio político y conoce empíricamente el acoso, la hostilidad y la intolerancia. ETA asesinó a su hermano Joseba, militante del PSE, en 2003 tras años de amenazas, acoso y agresiones.
Figura destacada del asociacionismo cívico de apoyo a las víctimas del terrorismo, Pagazaurtundúa ha participado en diferentes movimientos sociales e iniciativas por la libertad tanto en España como en otros países, y lleva décadas combatiendo el terrorismo, el discurso del odio y las identidades obligatorias y excluyentes.
También se ha distinguido por su labor de concienciación a nivel internacional de los peligros de la deriva independentista del gobierno catalán.
Fue presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (2005-2012) y miembro de Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite). Durante su mandato en la Fundación Víctimas del Terrorismo promovió que se iniciara una campaña para esclarecer los más de 400 crímenes de ETA sin resolver. También impulsó la publicación del libro ‘Vidas Rotas. Historia de los hombres, mujeres y niños víctimas de ETA‘, que recoge la crónica de todos los asesinatos cometidos por la banda terrorista.
En estos siete años en el Parlamento Europeo ha continuado con su compromiso con la libertad en el País Vasco, la dignidad y justicia para las víctimas de ETA y la regeneración de la sociedad vasca tras décadas de persecución a los no nacionalistas. Pagazaurtundúa se ha especializado en la lucha contra el terrorismo internacional, la radicalización y el auge del fanatismo religioso, así como en las políticas de prevención de los comportamientos violentos.
Recientemente, ha lanzado la web Cartografía del odio para encarar el debate sobre la tipificación del delito de odio como eurodelito.
Su actividad ha sido reconocida con múltiples galardones como el Premio Sájarov a los Derechos Humanos en 2000 -como miembro fundador de ‘¡Basta Ya!’- o la Medalla de la Orden del Mérito Constitucional en 2003.
En 2005 formó parte de una candidatura colectiva al Premio Nobel de la Paz.
En 2019 fue premiada por la asociación Convivencia Cívica Catalana, que lleva desde 1998 reclamando al gobierno catalán que garantice que el castellano sea vehicular en la enseñanza y desarrollando una intensa labor ante los tribunales de Justicia para defender la libertad lingüística, «por su lucha contra el nacionalismo y en defensa del Estado de Derecho».
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