La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, ha denunciado ante el comisario de Justicia, Didier Reynders, «las constantes llamadas a la desobediencia, las críticas abiertas a las instituciones, la Justicia e incluso a las bases del Estado de Derecho por parte de los socios del Gobierno», y le ha pedido que tenga todo ello en cuenta en su próximo informe sobre el Estado de Derecho en España.
En una nueva carta, advierte a Reynders de esta situación que pone en riesgo “la tutela efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la calidad del pluralismo y del propio sistema democrático”.
Pagazaurtundúa le ruega que «abra el angular para analizar los hechos”.
Esta eurodiputada de Ciudadanos lleva meses informando al comisario de Justicia de las reformas legislativas del Gobierno, especialmente la del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que «representan un ataque a la independencia de los jueces y a la separación de poderes».
De hecho, las alertas de Pagazaurtundúa llevaron al Ejecutivo comunitario a mostrar su preocupación al Gobierno por sus planes para reformar el CGPJ y que Moncloa diera marcha atrás.
Sin embargo, la vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior denuncia que «en vez de avanzar en una reforma que elimine la politización de los órganos, el Gobierno está estudiando ahora un ‘atajo’ legal que garantice que el Consejo de Ministros pueda designar el próximo mes de junio a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que le corresponde nombrar por ley, con independencia de la situación del CGPJ y de que otros puestos queden sin cubrir”.
“Se trataría pues de volver a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para permitir de forma específica el movimiento en solitario del Gobierno”, advierte la eurodiputada en su misiva.
Pagazaurtundúa añade que “los tentáculos del partidismo alcanzan también a otras áreas de la vida institucional española”, como el uso de la prerrogativa del indulto por parte del Gobierno a favor de los nueve dirigentes políticos condenados por el Tribunal Supremo por el caso ‘procés’.
También destaca que el socio minoritario del gobierno, Unidas Podemos, así como varios socios parlamentarios del Gobierno han participado también en actos celebrados para criticar determinadas actuaciones policiales y judiciales, e incluso denunciar procesos “injustos”.
Entre otros hechos, la eurodiputada de Ciudadanos expone, demás, que se producen en un clima de habituales llamadas a la desobediencia por parte de estos partidos y de constante deslegitimación de la Justicia y de otras instituciones democráticas como la Monarquía, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad o la prensa.
“Es sumamente importante que la Comisión Europea se interese sobre el fondo de la situación y mantenga la vigilancia sobre las derivas que se pueden producir y acabar en un daño sistémico del Estado de Derecho”, subraya.
Por ello, Maite Pagazaurtundúa reclama a Reynders que vea todos estos hechos de cara al próximo informe sobre el Estado de Derecho de la Unión y, en concreto, en el capítulo específico sobre España.
En el último de estos informes, de 2021, la Comisión ya advirtió contra los ataques al poder judicial y el intento de minar la reputación de los jueces.
