Tras recibir el suplicatorio por la Eurocámara para levantar la inmunidad a Luis ‘Alvise’ Pérez y así investigarle por el presunto acoso en redes a la fiscal Susana Gisbert, el Tribunal Supremo (TS) va a por el siguiente.
El magistrado Manuel Marchena ha acordado solicitar al Parlamento Europeo este instrumento procesal y así investigar al eurodiputado por unos presuntos delitos de acoso y revelación de secretos contra los también eurodiputados Diego Solier y Nora Junco.
La resolución considera que existen «indicios suficientes» de que las actuaciones atribuidas a Pérez pudieron alterar gravemente la vida cotidiana de ambos querellantes, tras una campaña pública de hostigamiento iniciada en abril de 2025.
Cabe destacar que hace menos de una semana, el Parlamento Europeo aceptó la petición del Supremo a levantar la inmunidad de Alvise Pérez por un presunto acoso en las redes sociales del líder de la agrupación Se Acabó la Fiesta (SALF) a la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación en Valencia, Susana Gisbert.
En dicha aprobación a mano alzada en la sede de Estrasbusrgo, se concluyó que la investigación por presuntos delitos de odio no afecta a los privilegios ni a las inmunidades del parlamentario.
Por lo que el camino se allana y todo apunta que este segundo suplicatorio podría ser concedido.
Una de las cinco causas que tiene abiertas el exeurodiputado en el Supremo
Según el auto al que ha tenido acceso Confilegal, el origen del conflicto se sitúa en unas declaraciones realizadas por Alvise en un podcast celebrado en Palma de Mallorca, en las que insinuó que sus compañeros de candidatura en SALF habrían sido comprados por lobbies armamentísticos tras votar a favor del rearme europeo.
El instructor recoge además que el eurodiputado habría animado a sus seguidores a «perseguirles y pedirles explicaciones», llegando a decir que debían gritarles en público que eran «criminales» y «corruptos».
La querella sostiene que, tras esos mensajes, Solier y Junco comenzaron a recibir miles de mensajes ofensivos y amenazas a través de redes sociales, correo electrónico y teléfono móvil.
El Supremo también destaca la publicación de datos personales de ambos, incluidos números de teléfono, correos electrónicos y perfiles en redes sociales, difundidos en canales de Telegram con cientos de miles de seguidores.
Marchena subraya que las conductas descritas «desbordan los límites de cualquier controversia política» y no pueden quedar amparadas por la inviolabilidad parlamentaria.
El auto recuerda que el delito de acoso, conocido también como ‘stalking’, protege “el derecho a vivir tranquilo y sin zozobra” cuando existe una conducta reiterada que altera la rutina de la víctima.
La decisión no implica todavía la apertura de juicio oral, pero sí supone el primer paso formal para que el Parlamento Europeo autorice la continuación del procedimiento penal contra el eurodiputado.
