La Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia ha señalado que el número de jueces profesionales y fiscales en España se encuentra por debajo de la mediana de los sistemas judiciales europeos en un informe que evalúa a los países miembros del Consejo de Europa, así como a Israel, Marruecos y Kazajistán.
Según esta publicación, que toma datos del año 2020, en España hay 11,24 jueces y 5,37 fiscales por cada 100.000 habitantes, mientras que la mediana europea da como resultado 17,60 jueces y 11,10 fiscales por cada 100.000 habitantes.
Por otro lado, la cantidad de abogados en el país supera ampliamente a la mayoría de los países del Consejo, con 303,55 abogados por cada 100.000 habitantes, más del doble de la mediana de 134,51 de las naciones evaluadas.
Los mismos datos dejan ver que los empleados que trabajan en los jugados (denominados «personal que no es juez») casi doblan el valor del punto medio, con 102,69 trabajadores por cada 100.000 habitantes frente a la mediana de 56,13.
Sin embargo, los trabajadores en las fiscalías («no-fiscales»), que llegan a los 4.82 por cada 100.000 habitantes, se quedan en menos de in tercio de la mediana de 15,22.
El informe también ha examinado la paridad entre géneros en el oficio jurídico. En España, las mujeres que ejercen como fiscales y jefes de oficinas alcanzan respectivamente el 65% y el 47%, superando la mediana de 52% y 28%.
En cuanto a las juezas, que representan el 55% de los magistrados españoles, no se quedan muy atrás de la mediana de 62%.
Además, el documento menciona que en el país «los jueces están especialmente entrenados para realzar su sensibilidad ante la discriminación» de género, especialmente en casos de «violencia contra mujeres», y destaca las «comisiones de igualdad» en los consejos de jueces y fiscales que tratan «temas generales de igualdad en lo jurídico» y «el balance de género».
Los perfiles de los sistemas judiciales de 49 países forman parte del informe de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia, un cuerpo organizado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en el año 2002 con el objetivo de «desarrollar herramientas y proponer medidas concretas para mejorar la eficiencia y calidad del servicio público de la justicia».
