Uno de los aspectos menos comentados de la nueva Ley de Memoria Democrática, aprobada el pasado 5 de octubre en el pleno del Senado, es el que amplía los supuestos para que los extranjeros puedan pedir la nacionalidad española. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 21 de octubre de 2024, con posibilidad de prórroga de un año más.
A partir de este punto, según Lucía García del Pino y Virginia Pérez, socias fundadoras de la firma especialista en extranjería Opportuna Abogados, se puede esperar que miles de personas se dirijan a los consulados y embajadas españoles para iniciar los procedimientos para volverse españoles.
En este sentido, la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática le ha ganado el sobrenombre de la «ley de nietos», ya que proporciona la oportunidad de conceder la nacionalidad a los descendientes de ciudadanos españoles que abandonaron el país durante la dictadura franquista, para lo cual hará falta la Fe de Bautismo en territorio español, la Certificación oficial de nacimiento española del ascendiente, entre otros documentos.
Así, si los padres, abuelos o bisabuelos españoles perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella por motivos ideológicos o por sus creencias, posiciones políticas u orientación sexual, los hijos que hayan nacido fuera del país tendrán derecho a la nacionalidad.
Toca lo mismo para los hijos de mujeres españolas que hayan perdido la nacionalidad después de haber contraído matrimonio con un extranjero, un incidente contemplado por la ley antes de que entrara en vigor la constitución de 1978, igual que los hijos de españoles que hayan ejercido su derecho de opción, de acuerdo a la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007, para que se les reconociera la nacionalidad de origen.
Por estos motivos, Opportuna Abogados ha creado un equipo legal que se dedique exclusivamente a procedimientos de reconocimiento de las nacionalidades. Así, los clientes que atiendan podrán hacer una revisión exhaustiva de todos los procedimientos que pueden realizar, además de acceder con celeridad a los documentos que necesitan para llevar a las sedes donde presten este servicio.
En palabras de Pérez, «los descendientes de estos optantes mayores de 21 años no pudieron beneficiarse» de la Ley de Memoria Histórica, cuya entrada en vigor generó más de 60.000 solicitudes.
«Estos descendientes tendrán la posibilidad de solicitar la nacionalidad española a la que no pudieron optar anteriormente”, dice.
Pino destacó que esperan «incorporar a 3 personas más con perfil de extranjería y civil para seguir ofreciendo un servicio personalizado y con las mejores soluciones a cada caso” para sus futuros clientes, que, confía, llegarán buscando la asistencia legal que esperan ofrecerles.
De acuerdo a los términos descritos por la ley, no se tomará en cuenta la cantidad de tiempo que los interesados hayan vivido o vayan a vivir en España en el momento en que estos obtengan la nacionalidad y tengan acceso al sistema educativo local, trabajos dentro de la comunidad europea y el libre tránsito.
