En diciembre se cumplirán cuatro años desde que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se encuentra en funciones. Y este asunto siempre se encuentra presente en cada acto o rueda de prensa en el que participa algún presidente o alto cargo de un tribunal español.
En este caso, el pasado viernes, el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan Pablo González, convocó a los medios de comunicación para presentar la memoria anual correspondiente al ejercicio de 2021.
Tras analizar la situación que vive el tribunal y explicar la sobrecarga, fue preguntado por cómo afecta el bloqueo del CGPJ a la Audiencia Provincial de Madrid.
Juan Pablo González manifestó que “en el día a día de los tribunales, en la tramitación de los asuntos, la no renovación del Consejo no tiene una gran incidencia salvo en lo que se refiere al Tribunal Supremo”. Según recordó, el Alto Tribunal tiene un número importante de vacantes (17) que el CGPJ no puede cubrir debido a la reforma del Gobierno de limitación de competencias en la que se impide realizar nombramientos”.
Pero admitió que, aunque en la Audiencia Provincial no afecta a la tramitación de asuntos ni cobertura de plazas, “sí existe un efecto indirecto en la medida en que, toda la polémica que se ha generado, afecta y repercute en la imagen de los jueces y tribunales, en general”, lo que les provoca un “profundo malestar”.
Esto es consecuencia de que el Poder Judicial, en su conjunto, y en particular, “está sometido de manera permanente a un debate de cuestionamiento político”.
A ello añadió que esta situación sólo ocurre en España. Pues en países como Portugal, Inglaterra, Francia o Italia, hay muchas cuestiones que pueden ser objeto de discusión o batalla política. Pero los tribunales “quedan al margen de ello y ninguna fuerza política cuestiona su independencia”.
“Desgraciadamente la Administración de Justicia y el CGPJ son de forma permanente objeto de debate partidista con un grave daño en la imagen y prestigio de jueces y tribunales”, concluyó.
