El Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha comunicado este lunes a través de un informe que el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, (CGPJ) que ya ha cumplido cuatro años, es “muy preocupante”. Asimismo, ha lamentado que la situación se encuentre en punto muerto al no haber avances por la falta de acuerdo de PP y PSOE para nombrar a los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces.
En su informe sobre los cumplimientos de las recomendaciones para prevenir la corrupción de miembros del parlamento, jueces y fiscales, el GRECO ha determinado que de las 11 recomendaciones que se le hicieron a España, ha cumplido de forma satisfactoria siete, tres de forma parcial y una no la ha aplicado, que es la que hace referencia al citado bloqueo del CGPJ.
El GRECO ha calificado la situación en las conclusiones de su informe de evaluación de nueve páginas de «muy insatisfactoria», por lo que han instado a las autoridades a que actúen con decisión en este ámbito clave.
Y es que el Consejo de Europa ha recordado que, con anterioridad, recomendó a España realizar una evaluación del marco legislativo por el que se rige el CGPJ, así como de sus efectos sobre la independencia “real y percibida” del órgano de gobierno de los jueces frente a «cualquier influencia indebida» para que subsanara las deficiencias detectadas.
Preocupación al no realizar nombramientos por la LOPJ de marzo de 2021
Asimismo, ha señalado que es “muy preocupante” que el CGPJ no pueda realizar nombramientos a raíz de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que se aprobó en marzo de 2021.
En 2019 el órgano del Consejo determinó que España no había aplicado dicha recomendación y urgió a actuar para evitar la elección de los políticos del órgano de gobierno de los jueces.
Por otro lado, el informe ha recordado que las negociaciones sobre la renovación del CGPJ se reanudaron en octubre de 2022, sin embargo, se interrumpieron a finales de ese mismo mes. A lo que ha añadido que “cuando hay una composición mixta de los consejos judiciales para la selección de miembros de los jueces, las normas establecen que los jueces deben ser elegidos por sus partes y que las autoridades políticas, como el Parlamento o el Ejecutivo, no participen en ninguna etapa del proceso de selección”.
