La privación de la potestad que tiene el CGPJ de hacer nombramientos ha desarbolado al poder judicial español. En la foto, el presidente interino, Rafael Mozo, que sucedió a Carlos Lesmes después de su dimisión. Foto: CGPJ.
La reforma que impide al CGPJ hacer nombramientos ha diezmado y debilitado al Poder Judicial en un modo sin precedentes
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05/12/2022 06:49
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Actualizado: 05/12/2022 01:14
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Es evidente que el «legislador», cuando llevó a cabo la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para impedir que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones –ahora con cuatro años cumplidos– pudiera hacer ningún nombramiento discrecional, lo hizo «en caliente».
Ninguno de los diputados que votaron a favor reflexionaron sobre las consecuencias que eso provocaría. Un año y nueve meses después los efectos son evidentes: han diezmado y debilitado al Poder Judicial español de un modo que no tiene precedentes en su historia.
Y lo que es peor, han puesto en peligro la esencia misma del sistema democrático, basado en la división de poderes.
Unos y otros han convertido al CGPJ en un campo de batalla político. Una situación que está afectando a buena parte de la carrera judicial, entre la que está cundiendo el desánimo y la desconfianza, según ha podido constatar Confilegal.
El dimitido presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, describió dichos efectos con una palabra acertada: «devastadores».
Porque no han podido renovar 70 puestos de gran responsabilidad. 31 en los Tribunales Superiores de Justicia, entre ellos las Presidencias de Castilla-La Mancha, Castilla-León o Comunidad Valenciana, por citar algunos, 20 Presidencias de Audiencias Provinciales y la Presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Sin embargo, el que más sufre este sindiós es el Tribunal Supremo, donde se han producido 18 vacantes; el 14 % de sus efectivos. Las más perjudicadas son las Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social; también la de lo Militar.
AGUJEROS NEGROS
Sus efectos, en palabras del dimitido Carlos Lesmes, han sido «devastadores». A día de hoy, hay 70 plazas desiertas, la mayoría en los tribunales superiores de justicia, que cuentan hasta 31 vacantes, incluidas varias presidencias; a lo que se añaden otras 20 en audiencias provinciales y una en la Audiencia Nacional.
El mayor agujero lo sufre el Supremo, donde ya hay 18 vacantes, lo que supone casi un 14 % de sus efectivos. Las salas más perjudicadas son las de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social y la de lo Militar, siendo las dos primeras las salas que aglutinan la mayoría de las reclamaciones vinculadas a las restricciones por la pandemia de coronavirus.
Además, la Sala de lo Contencioso-Administrativo tiene pendiente resolver dos asuntos destacados: los recursos de PP, Cs y Vox contra los indultos concedidos por el Gobierno a los condenados por el ‘procés’; y el recurso formulado por el secretario general del CGPJ, José Luis de Benito, secretario judicial de carrera, contra el nombramiento de Rafael Mozo como presidente interino del Consejo.
En esta Sala se produjeron, entre 2021 y 2022, un total de ocho vacantes por la jubilación de cinco magistrados, Jorge Rodríguez-Zapata, José Díaz Delgado, Javier Borrego Borrego, Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez, al cumplir 72 años, la excedencia voluntaria de Jesús Cudero Blas, que se pasó a la abogacía, y el fallecimiento de Nicolás Maurandi Guillén y Ángel Aguallo Avilés.
Es cierto que se ha «reforzado» con el regreso de Lesmes a su destino original. pero eso no cambia las cosas. Porque el próximo 27 de diciembre se jubilará Octavio Herrero y el 27 de marzo lo hará Inés Huerta, al cumplir los 72 años.
En el caso de la Sala de lo Social, tenían que contar con 13 magistrados.
Y solo tienen 8. Desde 2020 se han producido cinco vacantes: las de José Manuel López García de la Serrana, que falleció, Lourdes Arastey, que fue nombrada magistrada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Jesús Gullón, Ricardo Bodas, y María Luisa Segoviano, esta última la primera mujer de la historia en ser presidenta de la Sala, por jubilación.
Por lo que respecta a la Sala de lo Militar, formada por 8, cuestan solo con 6.
Las menos «diezmadas» son las Salas de lo Civil, que tiene solo una vacante. Y la Sala de lo Penal, que está al completo, con sus 15 magistrados. El 13 de abril que viene se producirá su primera baja, la de Miguel Colmenero, al cumplir los 72 años preceptivos.
EL NUEVO CONSEJO ESTARÁ UN AÑO, AL MENOS, HACIENDO NOMBRAMIENTOS
Si alguna vez el PSOE y el PP llegaran a ponerse de acuerdo en la renovación del CGPJ, si eso sucediera, la consecuencia directa de la decisión tomada de impedir hacer nombramientos a un Consejo caducado, es que los nuevos se van a pasar, como poco, empleando la mayor parte de su tiempo en convocar los puestos vacantes, entrevistando a los candidatos y votando.
Luego vendrá el proceso de adaptación de todos ellos. Que nadie espere que, con ello, la justicia se ponga al día en poco tiempo.
Y esto sin olvidar lo que ocurrirá en el CGPJ con el nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional, que le corresponde al actual Consejo, tras la contrarreforma de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permite que se haga.
Los nombres que se barajan son los de José Manuel Bandrés –ya elegido por el grupo progresista– y Pablo Lucas, y los de Julián Sánchez Melgar y Pablo Llarena, por el grupo conservador. De suceder, habría que sumar nuevas bajas tanto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, a la que pertenecen Bandrés y Lucas, y a la de lo Penal, en la que están encuadrados Sánchez Melgar y Llarena.
Lo dicho, el poder judicial español es hoy un sindiós consecuencia de la total y absoluta falta de reflexión del «legislador». Unos lodos que proceden de aquellos polvos.
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