La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo pone sus esperanzas en la renovación del CGPJ para no colapsarse
Fuentes del Tribunal Supremo explican a Confilegal cuál es la situación actual de la Sala, las previsiones de los próximos meses y cuáles serían las soluciones. Foto: Carlos Berbell/Confilegal

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo pone sus esperanzas en la renovación del CGPJ para no colapsarse

Habrá sobrepasado todas las líneas rojas en diciembre
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06/10/2022 12:22
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Actualizado: 06/10/2022 12:58
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En la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS), la de lo Contencioso-Administrativo, se han producido entre 2021 y 2022 un total de ocho vacantes por la jubilación de cinco magistrados, Jorge Rodríguez-Zapata, José Díaz Delgado, Javier Borrego Borrego, Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez, al cumplir 72 años, la excedencia voluntaria de Jesús Cudero Blas, que se pasó a la abogacía, y el fallecimiento de Nicolás Maurandi Guillén y Ángel Aguallo Avilés.

La plantilla cuenta actualmente con sólo 25 magistrados (incluido su presidente, César Tolosa Tribiño), lo que supone el mínimo legal para constituir sus cinco secciones, ya que cada una de ellas debe tener al menor cinco magistrados. Deberían estar 33 (32 más el presidente), pero no se pueden cubrir las vacantes por la imposibilidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial cuando haya expirado su mandato, debido a la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Confilegal ha hablado con fuentes del Tribunal Supremo para conocer cuál es la situación actual de la Sala, las previsiones de los próximos meses y cuáles serían las soluciones.

La Sala pone sus esperanzas en la renovación del CGPJ para no colapsarse, según las citadas fuentes.

Independientemente de las secciones especiales, son cinco secciones ordinarias: la primera, que es de admisión, y las siguientes, de enjuiciamiento. Cada una tiene que tener cinco magistrados y en este momento están en el límite con 25. Y ello teniendo en cuenta que Tolosa Tribiño preside la Sección Primera, con lo cual no hay ningún problema. Esto quiere decir que en cuanto haya una vacante, la Sala se encontrará con un problema de composición de las secciones.

En principio, el sistema que tienen establecido es que los magistrados que están en la Sección de Admisión pasarían a las secciones de enjuiciamiento a los efectos de la deliberación. No llevarían ponencia por el trabajo que ya tienen en la Sección de Admisión.

EL ESCENARIO QUE SE AVECINA

Se da la circunstancia, además, de que los negociadores progresistas de los nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional cuya designación corresponde al CGPJ han puesto sobre la mesa 9 nombres y la mayoría de los magistrados del Supremo que se han postulado desde el bloque progresista pertenecen a esta Sala. Se trata de José Manuel Bandrés Sánchez Cruzat, Eduardo Espín Templado, Isabel Perelló Doménech, Ángeles Huet de Sande y Pablo Lucas Murillo de la Cueva, por lo que si hubiera acuerdo, uno de los candidatos parece que va a ir de la Sala Tercera.

En todo caso, el próximo mes de diciembre se jubilará Octavio Juan Herrero Pina, con lo cual quedarían 24 magistrados.

Si la situación se prolongara, en marzo de 2023 también se jubilará Inés María Huerta Garicano, y con 23 estarían prácticamente con 10 magistrados menos, lo que supondrá que tengan que reorganizar el trabajo.

POSIBLES SOLUCIONES

Según informan a Confilegal las citadas fuentes del TS, actualmente están llevando a cabo una solución excepcional, que se puede aguantar sólo un cierto tiempo, mediante el recurso al propio presidente de la Sala u otros.

El magistrado César Tolosa Tribiño, en su toma de posesión como presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal, en noviembre de 2020, en la que relevó a Luis María Díez-Picazo Giménez. Foto: TS.

Y ante eso señalan dos soluciones. Una es reestructurar la Sala y tener menos secciones, si bien a las citadas fuentes esta solución les parece «absolutamente la última de todas, por una razón bien sencilla: porque en todo caso esto va a ser una situación transitoria, aunque se prolongase incluso dos años, porque cambiar toda la estructura de la Sala Tercera para ese tiempo supone cambiar los sistemas informáticos, las normas de reparto… Cambiar todo, en definitiva».

La mejor solución sería, según estas fuentes, buscar otra solución con el mismo número de secciones, pero que con menos magistrados se pudiera buscar una vía de sustituciones, algún sistema que les permitiera seguir funcionando.

Evidentemente, con menor rendimiento, «porque si tenemos en cuenta que un magistrado viene a poner unas 80-90 sentencias al año, sólo hay que hacer un cálculo de cuántos faltan y saber qué es lo que está pasando».

Afortunadamente, las estadísticas del año pasado no han sido malas, se han defendido, pero, ¿cuánto tiempo van a poder aguantar esta situación?

A esto se suma que «se está produciendo gradualmente un incremento de la entrada de asuntos», y se encuentra con que de asuntos ordinarios tendrá este año «entre 700 y 800 más, que ya son muchos», pero es que, además, tienen pendiente toda la bolsa que va entrando de responsabilidad patrimonial del Covid, presentadas por ciudadanos y profesionales que dicen haber sufrido daños indemnizables por este cauce, por causa de la aplicación de medidas incluidas en las normas aprobadas para hacer frente a la pandemia.

De momento, ya tienen «alrededor de unos 900 asuntos». 

«Si tienes menos magistrados y tienes mil asuntos ordinarios, más los de la responsabilidad patrimonial, el panorama es desalentador», sentencian estas fuentes. En la medida de lo posible, los magistrados intentarán sacarlo adelante. 

Preguntadas estas fuentes sobre si afecta esta complicada situación al ánimo de los magistrados, afirman que «afortunadamente, el ambiente dentro de la Sala Tercera es bueno. Es un ambiente de cordialidad que permite que las decisiones que hayan de adoptar sean más sencillas».

«Los magistrados de la Sala están actuando con un enorme sentido de la responsabilidad», subrayan.

EN VÍAS DE PODER IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS SOLICITADAS AL MINISTERIO DE JUSTICIA

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo aprobó el pasado mes de enero la propuesta del presidente de la Sala Tercera para la reorganización de sus secciones ante las vacantes existentes. Así, acordó reforzar las dos secciones que tras las jubilaciones de Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez quedaban con sólo cuatro integrantes (la Segunda y la Quinta) con un magistrado cada una, que salieron de las dos secciones que cuentan con seis magistrados (la Tercera y la Cuarta).

Además, solicitó entonces al Departamento que dirige Pilar Llop que se dote una nueva Secretaría, con un letrado de la Administración de Justicia y el personal funcionario adecuado, así como la dotación de al menos tres plazas de letrados coordinadores en el Gabinete Técnico del tribunal para ser provistas por magistrados del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Para mitigar la extraordinaria carga de trabajo acordó proponer una reforma legislativa del recurso de casación contencioso-administrativo para dar una respuesta «más rápida y eficaz» a esa litigiosidad masiva, así como medidas específicas y temporales para afrontar esa situación.

En relación a la reforma legislativa, que se elevará al Ministerio de Justicia a través del CGPJ, la Sala de Gobierno propone modificar el artículo 64 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, para que los juzgados o tribunales puedan suspender causas que presentan identidad jurídica sustancial con recursos pendientes de casación ante el Supremo, y hasta que el Alto Tribunal se pronuncie al respecto. La finalidad sería, según indica, evitar que los juzgados y tribunales dicten sentencias que puedan resultar contrarias a la decisión que en el futuro pueda adoptar el Supremo, en aras de una mayor seguridad jurídica.

Un segundo aspecto de la reforma propuesta afecta a la labor de la Sección de Admisión de recursos (artículo 94 de la misma Ley) que, cuando detecte la existencia de un gran número de recursos sobre una cuestión jurídica sustancialmente igual, podrá acordar la admisión de uno o varios de ellos, suspendiendo el trámite de admisión de los demás hasta que se dicte sentencia en los primeros. 

La Sala de Gobierno entiende que sería un mecanismo similar a la tramitación de los denominados ‘procedimientos testigos’ que, según manifiesta, «permitirá dar una respuesta más ágil ante la entrada de un gran número de recursos sobre una misma cuestión y, de hecho, evite que la admisión, tramitación y resolución de esos recursos ‘colapse’ el Tribunal Supremo». Asimismo, propuso un plan específico para la Sección Cuarta.

El pasado mes de abril, la Sala de lo Gobierno del TS reiteró a Llop la necesidad de adoptar medidas para evitar el colapso en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, como ya pidió el 31 de enero y tras la reunión con la ministra el 22 de febrero.

Para afrontar estos litigios, «lo primero que va a poner son tres letrados del gabinete técnico y veremos a ver si la Secretaría, para llevar la responsabilidad, se lleva a cabo», señalan las fuentes consultadas.

«Estamos en vías de poder implementar esas medidas que se han solicitado al Ministerio de Justicia», explican desde el Supremo, y apuntan que si hasta ahora no se han aplicado es «por problemas burocráticos que no son todos imputables al Ministerio».

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