«El Tribunal Supremo valora muy positivamente el compromiso adoptado hoy por el Ministerio de Justicia de asumir las peticiones que viene planteando la Sala de Gobierno desde el pasado mes de enero para evitar el colapso en la Sala de lo Contencioso Administrativo».
De esta forma se ha pronunciado el Alto Tribunal tras la reunión mantenida hoy en el Palacio de Justicia entre el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, César Tolosa; el director del gabinete Técnico del Supremo, Juan Manuel San Cristóbal; el secretario de Gobierno del Supremo, Ángel Tomás Ruano; y el letrado coordinador del Área Contencioso-administrativa, Pedro Escribano, por una parte.
Y por la otra, el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público Justicia, Manuel Olmedo; el subdirector general de Servicios Contenciosos de la Abogacía del Estado, Luis González; y una asesora de Ministerio.
La aguas han vuelto a su cauce y el entendimiento entre Supremo y Ministerio parece ser completo. Como se suele decir cuando hay una decisión unánime «habemus Papam».
Se acabó el tira y afloja entre ambas instituciones, consecuencia de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial por el Parlamento que impide a un Consejo General del Poder Judicial en funciones, caducado hace tres años y medio, hacer ningún nombramiento de magistrados del Supremo.
Las vacantes no cubiertas, particularmente en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que preside Tolosa está afectando de forma directa a su capacidad de resolución. La plantilla de esta Sala es de 32 magistrados donde hay siete vacantes. En marzo y abril pasado se han jubilado dos: Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez Pérez.
El Supremo ha repetido por tres veces su «valoración positiva», comunicada a través de un «WhatsApp» oficial.
«La Sala valora muy positivamente –subraya por segunda vez el Supremo– el anuncio del Ministerio de impulsar una reforma legislativa para atender eficazmente la litigiosidad en masa que permita a los juzgados suspender causas que presenten identidad jurídica sustancial con recursos pendientes de casación ante el Supremo hasta que el alto tribunal se pronuncie al respecto. El cauce para llevar a cabo la medida será la presentación de autoenmiendas a la Ley de Eficiencia Procesal, actualmente en trámite, que reformen la ley de Jurisidcción Contencioso- Administrativa en este punto».
«Además, el Tribunal valora el compromiso del Ministerio para dotar a la Sala Tercera de una nueva Secretaría, con un letrado de la Admnistración de Justicia y el personal funcionario adecuado para afrontar la entrada litigios de responsabilidad patrimonial del Estado derivada de las medidas adoptadas para afrontar la COVID.
Asimismo, el Tribunal valora positivamente –por tercera vez– la disponibilidad del Ministerio para reforzar con tres letrados el Gabinete Técnico del Supremo en el área contencioso- administrativo, tal y como solicitó el Supremo», concluye.
El Ministerio de Justicia, por su parte, dice –por la misma vía del comunicado– comprender las dificultades «que generará a la Sala Tercera la tramitación y resolución de esa bolsa enorme de asuntos de responsabilidad patrimonial» que ha referido Tolosa a Olmedo, magistrado también –en servicios especiales, una situación administrativa similar a la de excedencia pero sin perder los derechos y la antigüedad una vez que vuelva a su destino tras acabar esta fase política–.
Olmedo se ha mostrado «favorable a las medidas de refuerzo propuestas por la Sala Tercera consistentes en la dotación de tres letrados coordinadores, con la categoría de magistrado, que se hagan cargo de las labores de gestión y auxilio técnico a la Sección de Enjuiciamiento correspondiente».
«Además, el secretario general también ha comunicado a Tolosa que el Ministerio ‘está trabajando en una reforma legislativa que acabe con la situación de diferencia retributiva que, desde la reforma del año 2015, sufren los letrados coordinadores del TS en función del cuerpo de procedencia'».
Olmedo recordó que, desde 2015, cuando se destinaron 3,3 millones de euros a refuerzos, el gasto para este fin se ha ido incrementando progresivamente, hasta haberse triplicado en los últimos dos años, y haber alcanzado ese mismo nivel tan solo en el primer semestre de 2022, “suponiendo un gran esfuerzo presupuestario por parte del Ministerio de Justicia”.
