En esta entrevista en Confilegal explica cuáles son sus principales retos al frente del Colegio y analiza la situación de la abogacía.
Ángel Cervantes: ‘El ICA Toledo amparará a todos los compañeros ante cualquier situación de abuso de justiciables e instituciones, que nadie lo dude’
Ángel Cervantes ha sido reelegido decano del Colegio de Abogados de Toledo al no presentarse candidatura alternativa al cierre del plazo electoral, continuará como representante de los abogados de la provincia por segundo mandato consecutivo durante los próximos cinco años
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09/12/2022 06:50
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Actualizado: 09/12/2022 08:30
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«El Colegio de Abogados Toledo amparará a todos los compañeros ante cualquier situación de abuso por parte de justiciables e instituciones, que nadie lo dude. Lo tengo por bandera». Así lo declara a Confilegal el decano, Ángel José Cervantes Martín, más conocido como Ángel Cervantes, quien ha revalidado en el cargo para un segundo mandato al no presentarse candidatura alternativa para las elecciones del próximo 22 de diciembre.
Otros cinco años continuará siendo el representante de los abogados de esta provincia manchega hermana de Madrid.
El pasado martes, 29 de noviembre, la Junta Electoral lo proclamó de nuevo decano del ICA Toledo. Una renovación que acoge «con orgullo y satisfacción, como diría el emérito».
Ángel Cervantes explica en Confilegal cuáles son sus principales retos al frente del Colegio. Entre ellos, estar al lado de sus colegiados cuando necesiten el apoyo de la institución, como ha venido haciendo ejercitando personalmente su defensa ante situaciones de maltrato, desgraciadamente muy a la orden del día en el colectivo.
En este diario detalla algunos de esos casos que ha sufrido la abogacía de Toledo y cómo les hacen frente desde el Colegio.
Otro de sus propósitos es luchar por la dignificación del Turno de Oficio, su «ojito derecho». Un servicio en el que España es el país europeo con más asuntos, pero uno de los que menos paga cada caso.
Cervantes es miembro de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), presidida por Antonio Morán Durán, y en esta entrevista expone sus reivindicaciones para los compañeros que desempeñan el turno de oficio, un pilar fundamental de la Justicia y del Estado de Derecho, que presta un servicio público esencial a la ciudadanía.
También es coordinador del Máster Universitario en Acceso a la Abogacía en el Campus de Toledo, y la formación es otra de sus batallas. «En el ICA Toledo es gratuita y está a disposición de cualquier abogado, ejerciente o no, sea colegiado de este Colegio o de otro», indica.
Además, entre otras cuestiones, aborda el tema de la conciliación y el hecho de que los abogados, procuradores y graduados sociales se vuelvan a quedar otro año sin vacaciones de Navidad. También se pronuncia sobre la huelga de letrados de la Administración de Justicia, que apoya.
En estas elecciones, en el ICA Toleda se renueva parcialmente la Junta de Gobierno. Para los cargos de decano, diputado segundo y diputado cuarto solo se ha presentado una candidatura, por lo que han sido proclamados electos.
Ainhoa Franco, anterior bibliotecaria, será la nueva diputada segunda y José Moragón repite como diputado cuarto.
El 22 de diciembre se celebrarán elecciones al puesto de bibliotecaria, cargo para el que se han presentado dos candidatas: Pilar Barroso y Natalia Marcos, ambas abogadas ejercen en Illescas.
La nueva Junta de Gobierno tomará posesión de sus cargos a principios de 2023.
Los miembros de la Junta de Gobierno, de izquierda a derecha: José Moragón (diputado 4º), Fernando Garrido (diputado 2º, no se ha presentado en estas elecciones), Ahinoa Franco (ha resultado electa como diputada 2ª), Federico Caleero (ciputado 1º y vicedecano), Angel José Cervantes (decano), Julio Moralejo (secretario), Isidoro Sánchez (tesorero), Germán Tenorio (diputado 3º) y Miguel Ángel Vieites (diputado 5º).
¿Cómo se siente con la renovación? No hay quien le tosa.
Con orgullo y satisfacción, como diría el emérito.
En el ICA Toledo tenemos mandatos de cinco años, pero el anterior, con la pandemia, fue un poco escaso y nos quedaron cosas en el tintero, por lo que lucharé para conseguir lo que quedó pendiente.
Estoy con ganas y fuerzas. Quiero seguir mejorando el Colegio.
¿Qué retos tiene para este segundo mandato?
Terminar la implantación del Colegio 3.0 -le hemos dado un gran cambio en nuevas tecnologías-, seguiremos apostando por la formación, dirigida a los nuevos compañeros y también a los más veteranos, y lucharemos por la dignificación del Turno de Oficio, que es mi ojito derecho.
«Paradójicamente, todos los jueces de Toledo, los LAJs y la Fiscalía se pusieron de nuestro lado en la huelga de letrados del turno de oficio de noviembre de 2018»
Respecto a las nuevas tecnologías, implantaremos la ventanilla única y renovaremos la web para hacer el Colegio más accesible. También quiero implantar en este mandato el voto telemático, que debería ser igualmente una realidad en todos los Colegios.
El amparo colegial es otra de las patas de nuestro proyecto. El Colegio de Abogados de Toledo amparará a todos los compañeros ante cualquier situación de abuso por parte de justiciables e instituciones, que nadie lo dude. Lo tengo por bandera.
Saldremos en su defensa. Tendrán nuestro apoyo.
¿Qué situaciones de maltrato se están dando en Toledo? ¿Y cómo actúa el Colegio frente a ellas?
Situaciones de clientes privados y del turno de oficio bordes y maleducados con nuestros compañeros y que incluso amenazan. Desde el Colegio, desde hace muchísimo tiempo venimos amparando a los colegiados ante estas situaciones.
Mi Junta de Gobierno, y yo personalmente, hemos asistido a compañeros en estos juicios. La última vez fue hace un par de meses.
Explique el caso.
Los 83 Colegios de la Abogacía de España tenemos un Servicio previo de Orientación Jurídica (SOJ) para los justiciables que van a pedir justicia gratuita. En nuestro Colegio lo atienden seis abogados, que se van turnando.
Cuando uno quiere justicia gratuita porque no tiene recursos, acude a este servicio, expone su caso y sus circunstancias personales y a partir de ahí se inicia el expediente de tramitación de justicia gratuita.
«Yo ya he ejercitado la representación de varios compañeros. No es que necesiten dirección letrada, sino que quiero que tengan a su Colegio en el juicio defendiéndolos»
Recientemente, se dio el caso de que un justiciable insultó y amenazó a una de las abogadas que presta sus servicios en el SOJ, Arantxa Gallardo. Tuvo que personarse la Guardia Civil.
Presentamos una denuncia y hubo juicio. Aunque la compañera es una gran profesional, asumí su defensa y la Junta de Gobierno estuvo en la vista oral para acompañarla también simbólicamente.
Yo ya he ejercitado la representación de varios compañeros. Insisto, no es que ellos necesiten dirección letrada, sino que quiero que tengan a su Colegio en el juicio defendiéndolos.
¿Qué otros casos se han producido recientemente?
Eso también le ha ocurrido a otro compañero, Luis Fontán. En Illescas, que es un partido muy conflictivo y con una litigiosidad brutal.
En este caso también ejercitó la acusación la Junta de Gobierno, representada por Ainhoa Franco, actual diputada segunda, para que se viera amparado ante esa situación.
La presidenta de la Agrupación de la Abogacía Joven de Toledo (AJATO), Diana Fernández, también ha sufrido este maltrato por parte de una persona de Rumanía a la que había asistido por el turno de oficio. Al final, a esa persona no le reconocieron la justicia gratuita y cuando ella le pasó la minuta y le dijo que se la tenía que abonar, el justiciable le contestó con malas formas y hasta la quería agredir.
Es intolerable que una persona que pide justicia gratuita -un recurso que ofrece el Estado y que paga el Ministerio, cuyo servicio de orientación lo presta el Colegio de Abogados en unas dependencias del Palacio de Justicia, la casa de la Justicia- venga amenazando y coaccionando y diga a la abogada que lo atiende que la va a matar y que la espera en la calle, como le pasó a Diana Fernández, letrada que actúa en el partido judicial de Torrijos.
Mandamos comunicación a la juez decana de ese partido judicial, que es muy sensible con los problemas de la abogacía, a la Guardia Civil y a la Policía Local. A la mañana siguiente me llamó Diana diciendo «decano, no sé qué has hecho, pero tengo al jefe de la Policía Local en la puerta del despacho, y me dice que van a estar expectantes para evitar que me ocurra algún problema con esta persona».
Acción-reacción.
«Desde nuestra Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia (CRAJ), que preside nuestro vicedecano, Federico Calero, cuando hay que ponerse serio y pegar un tirón de orejas, se hace»
Cuando habla de situaciones de abuso a manos de las instituciones, ¿a qué se refiere en concreto?
A que desde nuestra Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia (CRAJ), que preside nuestro vicedecano, Federico Calero, cuando hay que ponerse serio y pegar un tirón de orejas, se hace.
Ya se suspendió de empleo a un juez hace dos años por un tema.
Los colegiados tienen nuestro amparo ante los justiciables y también frente a los órganos jurisdiccionales, donde las quejas principalmente son contra el juez y secretarios judiciales, hoy llamados letrados de la Administración de Justicia (LAJ).
De la Fiscalía no suele haber mucha queja. Cuando se ha dado el caso, he gastado mis cartuchos llamando al fiscal jefe, comunicándoselo, y se suelen resolver la mayoría de asuntos simplemente con esa conversación.
También lo hago así con el juez decano. Toledo es una ciudad, pero al final nos conocemos todos y yo intento gastar siempre ese cartucho previo, preventivo, hablando primero con ellos antes de formular una queja.
«En el tema del turno de oficio nuestro Colegio es uno de los más activos»
Por tanto, que los abogados tengan claro que el Colegio los amparará frente a los órganos judiciales y frente a los justiciables en cualquier causa de abuso.
Y lucharemos por la dignificación del colectivo. En el tema del turno de oficio nuestro Colegio es uno de los más activos.
La última huelga que se hizo en España por los retrasos en los pagos a los abogados del turno de oficio la hizo su Colegio, y fue de varios días. Usted llevaba entonces sólo unos meses en el cargo…
Exacto. Durante el puente de Todos los Santos de 2018, del 1 al 4 de noviembre. Entonces llevaría unos 6-7 meses como decano.
Los compañeros manifestaron que no prestarían servicios de guardia y lo que hizo la Junta de Gobierno, en vez de ponerse de perfil, fue apoyarlos.
Pero desde la responsabilidad, hasta el punto de que en ese Puente en dos partidos judiciales no hubo ni un solo letrado del turno de oficio, aunque los miembros de la Junta asistimos puntualmente a los supuestos más sangrantes, cuando había causa con preso.
¿Recibió algún escrito de requerimiento por aquello? El decano emérito de Málaga, Francisco Javier Lara, también defendió a los compañeros decidiendo suspender en mayo de 2020, en plena pandemia, la asistencia presencial de los letrados de guardia por la falta de medidas de seguridad y se le va a juzgar por supuesta desobediencia. El juicio está señalado para junio de 2023…
Sí. Tuve algún escrito, no duro, pero recordándome que era obligación del Colegio designar. No nos tembló el pulso, y hablo de mi Junta en bloque.
¿Y usted qué contestó ante esos requerimientos?
Dije «sí, pero estamos con los compañeros. Tienen que cobrar, esto no es gratis».
Paradójicamente, todos los jueces de Toledo, los LAJs y la Fiscalía se pusieron de nuestro lado. No fue como en otros sitios, que ha habido enfrentamientos, como le ocurrió a mi amigo Javi Lara.
No digo que nos hicieran palmas, pero sí que estuvieron de nuestro lado. Eso sí, nos dijeron que cuando hubiera detenidos había que designar a alguien.
Contestamos que no se preocuparan, que éramos conscientes y que así haríamos, pero no cuando hubiera un investigado no detenido.
La gente fue valiente, y la Junta, porque es ponerse en contra del sistema.
«Nuestro Colegio ha sacado un comunicado de apoyo a los LAJs, ante la huelga que están haciendo (…) Al final quien nos trata mal, a todos, es el Ministerio»
Al final me sentí respaldado por los compañeros, por los operadores jurídicos.
Por eso, ahora, cuando ha habido huelga de LAJs, el Colegio ha sacado un comunicado de solidaridad con sus reivindicaciones, de compañerismo.
Ellos fueron solidarios con nosotros y nosotros también con ellos, porque al final quien nos trata mal, a todos, es el Ministerio.
Yo hablo de la parte que me toca: los colegiados y el turno de oficio. Nuestras reivindicaciones son por la dignidad del colectivo. Es una queja continua.
¿Qué va a hacer usted por el turno de oficio, como decano y miembro de la Comisión de Asistencia de Justicia Gratuita del CGAE?
El Colegio seguirá luchando para mejorar las condiciones de los compañeros que desarrollan este servicio.
Los 23 Colegios del denominado territorio común, los que dependemos del Ministerio de Justicia, que no tenemos la competencia transferida, somos el patito feo en cuanto a las compensaciones e indemnizaciones que percibimos.
«Desde la Abogacía se está reclamando al Ministerio que se actualicen los baremos»
Hay determinadas actuaciones que no se cobran y estamos peleando con el Ministerio frente a ello.
Desde la Abogacía se está reclamando al Ministerio que se actualicen los baremos. Hay que actualizarlos u homogeneizarlos con la media de lo que se paga en las comunidades con competencias transferidas. No puede ser que por un divorcio se pague a los compañeros 750 euros en Navarra, mientras que en Castilla-La Mancha o Castilla y León sólo 240.
La universalidad de las prestaciones en materia de oficio es otra de nuestras reivindicaciones. Me explico: trabajo hecho, trabajo retribuido.
Al letrado le designa el Estado, por lo que éste debe pagar esa actuación. Si después el justiciable no presenta documentación o es insolvente o no se le reconoce la justicia gratuita, que sea el Estado el que intente cobrarlo, ue tiene mecanismos para poder ir en la vía de apremio contra ese justiciable.
Entre los beneficiarios de Justicia Gratuita, en la ley, en el artículo 2, no están las empresas, las personas jurídicas. Aún así, el juez dice «desígneme usted un letrado».
Hasta el momento se han venido pagando las ejecuciones -hipotecarias, de título judicial, etc.-. Se pagaban poco, pero se pagaban. Ahora, tampoco se van a pagar porque el Ministerio cayó en la cuenta el pasado mes de mayo de que ese baremo no figura expresamente detallado en el anexo del reglamento.
No puede ser que un abogado esté tres años con una ejecución hipotecaria y no se le vaya a abonar ni un euro.
Dentro del Consejo General de la Abogacía hay una decena de comisiones, una de ellas es de Asistencia Jurídica Gratuita, que preside Antonio Morán y de la que soy miembro.
Como vamos a dos velocidades, creamos un grupo de trabajo adscrito a esa Comisión, que es el grupo de trabajo de los decanos de territorio común.
¿Por qué dice que se va a dos velocidades?
Porque algunas veces los problemas que tenemos en territorio común no los tienen, por ejemplo, los compañeros de Navarra o del País Vasco.
Cuando ha habido retrasos y hemos tenido que salir a la calle denunciándolo, me decían decanos de otras comunidades que contáramos con su apoyo, pero que ellos sí están al día, cobran puntualmente, tienen un convenio que les paga tres veces lo que cobramos nosotros y se lo acaban de mejorar, por lo que no tienen ninguna legitimación para movilizar a su gente.
¿Y qué dice respecto a que los letrados, procuradores y graduados sociales se queden otro año más sin vacaciones de Navidad? Fue una promesa del Ministerio hace un año que las tendrían. Es una deuda histórica con estos colectivos…
Lo hemos peleado muchísimo desde el CGAE, la presidenta a la cabeza. Desde el Gobierno se prometió que si se aprobaba antes de Navidades las leyes de Eficiencia Organizativa y Procesal, que están actualmente tramitándose, se haría a través de otro mecanismo, para que tuvieran por fin esas merecidisimas vacaciones de Navidad. Pero estamos casi en la casilla de salida y estas navidades, desgraciadamente, tampoco contaremos con esas vacaciones prometidas.
«Es imprescindible que se admita la enmienda que se ha introducido a instancias del CGAE sobre la suspensión del curso de los procedimientos por enfermedades de larga duración de los abogados»
Se dijo que si no se llegaban a aprobar las leyes de eficiencia para Navidad, se arbitraría una resolución, algo transitoriamente, para que la desconexión ya fuese una realidad en estas navidades, pero al final, nada. Es decepcionante.
El Proyecto de ley de Eficiencia Procesal también incluye otras medidas para favorecer la conciliación de abogados, como la suspensión de plazos y vistas por nacimiento y adopción, fallecimiento de familiares o enfermedad del profesional. Otra histórica reivindicación de la abogacía, que pide igualdad con el resto de operadores jurídicos…
Exacto. Es imprescindible que se admita la enmienda que se ha introducido a instancias del CGAE sobre la suspensión del curso de los procedimientos por enfermedades de larga duración de los abogados.
Casi todas las peticiones que la Abogacía hizo al Ministerio de Justicia se han recogido en el Proyecto de Ley. Ésta relativa a las enfermedades graves o de larga duración será recogida vía enmienda. De momento, se desconoce cómo quedará redactada finalmente.
El CGAE ha planteado que se suspenda el curso del procedimiento cuando: «El profesional, por enfermedad o accidente requiera hospitalización y, mientras dure esa situación y, en caso de baja médica sin hospitalización, hasta que reciba el alta, o por razones de salud pública mientras dure la situación».
Hasta el momento, dependemos de la buena fe de los tribunales y del Letrado de la Administración de Justicia. En algunas comunidades autónomas se habían firmado protocolos de conciliación con los Tribunales Superiores de Justicia, pero no eran vinculantes para ningún letrado de la Administración de Justicia ni para los jueces. Era un código de conducta, de buenas prácticas.
Se están conociendo casos terribles, como el de un abogado enfermo de cáncer que pidió la suspensión de un juicio por encontrarse muy mal por la quimioterapia y la LAJ se la denegó. Ha ocurrido en un Juzgado de Primera Instancia de Barcelona, finalmente se ha suspendido el juicio, pero porque la abogada de la otra parte lo apoyó, también ha recibido el amparo del ICAB…
Sí, conocí el caso por Confilegal. Una situación cuanto menos sangrante.
También está ocurriendo esto a compañeras que están fuera de cuentas o a compañeros a los que se les ha muerto un familiar, entre otras situaciones.
Si la Ley de Enjuiciamiento Civil se ve modificada recogiendo la enmienda propuesta por el CGAE, pondremos fin a todas estas situaciones.
Cambiando de asunto, otra de las reivindicaciones de la abogacía es que la formación sea gratuita. ¿En el ICA Toledo los compañeros tienen que pagar por los cursos que reciben de formación?
No, la formación que ofrecemos es gratuita desde que llegamos nosotros hace cinco años. Decidimos que la formación tenía que ser gratis. Antes se cobraba algo de forma simbólica.
«No cobramos nada a los colegiados ni tampoco a los alumnos del Máster, o exalumnos, y la pueden recibir también abogados de otros colegios»
No cobramos nada a los colegiados ni tampoco a los alumnos del Máster, o exalumnos, y la pueden recibir también abogados de otros Colegios.
Seguimos haciéndola dual -presencial y ‘online’- para facilitarla, por si acaso les coincidiera con el día que tienen un señalamiento y no pueden desplazarse hasta el Colegio, pero sí conectarse.
Les proporcionamos un enlace para que lo puedan ver en los siguientes tres meses.
¿Qué tipo de cursos realizan?
Un curso de especialización sobre el turno de oficio, destinado a los más jóvenes.
Le damos mucha importancia a la violencia de género. Anualmente realizamos una jornada con ponentes de toda la geografía española.
También ofrecemos formación especializada en función de la demanda. Por ejemplo, el Congreso en Derecho Concursal y Mercantil Ciudad de Toledo -le hemos puesto apellido-, que se celebra la primera semana de septiembre.
Tocamos todas las materias de actualidad.
Por último, ¿qué promete su Junta de Gobierno?
Mi Junta de Gobierno y este decano lo que prometemos es trabajo y dedicación.
Y también poner el énfasis en esa función social que ejerce la abogacía, y seguir avanzando con la sociedad civil, y en la medida de lo posible seguir suscribiendo convenios de colaboración, tanto con instituciones públicas como privadas.
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