Hace tiempo que vengo leyendo y releyendo un libro que cayó en mis manos hace dos o tres años. Se titula «Cómo mueren las democracias» y está escrito por Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, profesores de la Universidad de Harvard, Estados Unidos.
En su trabajo analizan los factores que contribuyeron a que países democráticos terminaran en una deriva autoritaria que terminó transformando su forma de gobierno. Países como Perú, bajo Alberto Fujimori, Venezuela, con Hugo Chávez, Turquía, con Tayyip Erdogan y tantos otros.
«¿Cómo hacen añicos las instituciones democráticas que supuestamente limitan a las personas autoritarias elegidas por el Gobierno? Algunas lo hacen de un plumazo. Pero, con más frecuencia, el desmantelamiento de la democracia se inicia de una manera paulatina. Para muchos ciudadanos, al principio puede resultar imperceptible», pero se va produciendo a pasitos diminutos, por separado, de un modo cuasi invisible, dicen los dos profesores.
Además, suelen estar dotados de una pátina de legalidad: O bien los aprueba el Parlamento o bien el Tribunal Supremo [en Estados Unidos no tienen Tribunal Constitucional] garantiza su constitucionalidad. «Muchos de ellos se adoptan con el pretexto de perseguir un objetivo público legítimo (incluiso loable), como combatir la corrupcón, garantizar la limpieza de las elecciones, mejorar la calidad de la democracia o potenciar la seguridad nacional».
Tengo que reconocer que el último anuncio de PSOE y Unidas Podemos, de aprovechar su proposición de ley de supresión del delito de sedición para presentar dos enmiendas pensadas para forzar el desbloqueo de la renovación de los dos magistrados del Tribunal Constitucional por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), me ha hecho volver otra vez al libro de Levitsky y Ziblatt.
Porque implica, por tercera vez, modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para, en este caso, reducir la mayoría de tres quintos a mayoría simple del Pleno para elegir a los dos nuevos magistrados del Constitucional. Para que nos entendamos, de 11 a 10 votos.
No es mucho, pero es suficiente.
El grupo progresista tiene 8 votos. Los conservadores cuentan con 10, divididos en dos bloques. Por una parte dos «versos libres», Wenceslao Olea y Vicente Guilarte, y por otra parte, los ocho restantes, que funcionan al unísono.
Este es un grupo cabreado, primero por la reforma de la LOPJ de marzo de 2021, que privó a un CGPJ en funciones, como este, hacer ningún nombramiento, creando una crisis sin precedentes en el poder judicial y, específicamente, en el Tribunal Supremo por las vacantes, que afectan a la capacidad de resolución del Alto Tribunal. Un ninguneo público del poder judicial por parte del poder legislativo.
Y, segundo, por la reforma de esa LOPJ, el pasado mes de julio, que restituía temporalmente al Pleno del CGPJ la capacidad de nombrar a los dos magistrados del TC que le corresponden.
LOS VOCALES NO SON CULPABLES DE LA PROLONGACIÓN DE SU MANDATO
Un cabreo comprensible, hay que decirlo. Porque ninguno de los vocales del CGPJ son culpables de esta prolongación de su mandato de cuatro años, que el Parlamento tenía que haber llevado a cabo en diciembre de 2018.
Si hay que culpar a alguien es a la clase política. Al «legislador» que, con su conducta, está afectando gravemente al sistema de división de poderes. Puesto en tela de juicio, más que nunca en estos días.
Según se ha podido saber, en la reforma de la reforma de la reforma de la LOPJ que PSOE y Podemos ahora proyectan se establecen plazos de obligado cumplimiento para forzar al CGPJ –más bien a los ocho vocales del grupo conservador enrocados– a realizar los nombramientos.
¿Cómo? reformando el artículo 599.1.1 de la LOPJ. Poniendo un tope de 5 días hábiles. En ese periodo, los vocales del CGPJ tendrían 2 días para proponer candidatos a magistrados del TC, con un áximo de 1 por persona. Después el presidente interino dispondría de 3 días hábiles para «convocar un Pleno extraordinario para proceder a la elección de los dos magistrados».
Esto se podría hacer de una forma relativamente rápida.
En dos semanas.
Para el 28 de diciembre, podría estar aprobado y vigente.
Antes de ese día, el CGPJ tiene fijado el Pleno ordinario para el 22 de diciembre. Ni que decir tiene que esto pone presión sobre los 18 componentes actuales del Consejo. Y más en concreto sobre el grupo conservador de 8 que ahora tiene que optar entre mantenerse en sus trece o permitir que los otros 8, con Olea y Guilarte, fieles y leales escuderos del dimitido presidente Carlos Lesmes, elijan a quien ellos quieran.
A mi entender, este es el último capítulo de esta deriva que estamos viviendo en la que se está poniendo a prueba las costuras del sistema democrático del que nos dotamos con la Constitución de 1978.
LAS DOS REGLAS NO ESCRITAS ESENCIALES DE LA DEMOCRACIA
Los profesores Levitsky y Ziblatt explican que los países funcionan mejor y sobreviven durante más tiempo cuando las constituciones escritas están apuntaladas por reglas no escritas del juego.
Reglas o normas que sirven como guarraíles de la democracia que impiden que la pugna cotidiana desemboque en un conflicto donde todo vale.
Y señalan dos reglas fundamentales para que la democracia funcione: «La tolerancia mutua, o el acuerdo de los partidos rivales a aceptarse como adversarios legítimos», por una parte. Y por otra, «la contención institucional», evitar «realizar acciones que, si bien respetan la ley escrita, vulneran a todas luces su espíritu».
Aquí me asalta lo que el Gobierno pretende hacer con el delito de sedición y con el de malversación para beneficiar a los separatistas condenados o en el exterior, o expolíticos condenados.
En España ya pasamos por esto en nuestra historia durante el periodo de la República.
Ni socialistas, ni republicanos de izquierdas ni los católicos y monárquicos de derechos se aceptaban mutuamente como rivales legítimos, recuerdan los dos profesores. La cosa terminó como terminó.
Nuestros mayores lo tuvieron muy presente cuando apoyaron masivamente la Constitución en 1978. Nunca más, me dijo un día mi padre, soldado de la derrotada República.
Pero los seres humanos solemos olvidar la historia y tendemos a repetirla, variándola. Estamos siendo testigos de esto cada día. Curiosamente, todos los dictadores, pasados y presentes, justificaron su consolidación en el poder etiquetando a sus adversarios como «una amenaza existencial».
Los insultos en el Parlamento, el desencuentro permanente entre las diferentes fuerzas políticas…, todo indica que vamos en esa dirección. Que unos y otros se consideran precisamente eso, «una amenaza existencial».
Muchos podrán afirmar que esto que estoy escribiendo es una exageración. Que esta última decisión de PSOE y Podemos es «lógica» para desbloquear una situación sin solución –que ellos solos, políticos de una y otra ideología, han creado– y que, por ello es necesario.
Y me pregunto: ¿Así muere la democracia? Así está comenzando a morir. Estamos más que avisados.
