El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado las opiniones de los actores políticos que se han pronunciado en contra de la suspensión por parte del Tribunal Constitucional (TC) de las enmiendas a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
Sin embargo, ha declarado que el Ejecutivo acatará la resolución, que calificó de «una decisión sin precedentes», de la «actual mayoría conservadora» del TC.
Sánchez ha compartido las impresiones de varios representantes de partidos políticos en que es la primera vez en España que «se impide a los representantes legítimos, elegidos democráticamente, que realicen su función de debate y legislación».
Por ello, expresó que «[comprende] la indignación de muchos demócratas de verse vulnerados en un principio básico de representación popular» y «la preocupación de la ciudadanía» ante el bloqueo de la renovación del TC y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El PP fue el objeto de las críticas más fuertes de Sánchez, que acusó a sus miembros de «incumplir el mandato constitucional» con el «exclusivo propósito de retener por medios espurios un poder que los ciudadanos no han validado en las urnas».
En este sentido, Sánchez quiso trasladar «un mensaje de serenidad» y prometió que el Gobierno español «adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del poder judicial y el TC» y «garantizará el estricto cumplimiento de la ley y la constitución y el absoluto respeto de la voluntad popular y el mandato constitucional».
La paralización por parte del TC de los trámites parlamentarios que hubieran admitido las dos enmiendas parlamentarias sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, además de una reforma del Código Penal, ha conmocionado todo el tablero político, y todos los partidos.
La portavoz del PSOE, Eva Granados, ha expresado que su partido se encuentra «preocupado y perplejo» tras la decisión, que llega tras la admisión de las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso recurso de amparo presentado contra las enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC.
Granados acusó al PP de provocar un «conflicto de máxima gravedad», criticando que la «crisis institucional» actual no se hubiera producido si este partido «hubiera decidido respetar la Constitución y respetar a los representantes de la ciudadanía» ante la «previsión de una derrota en una votación democrática en el Senado».
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha opinado en su perfil de la red social Twitter que la democracia española «sale fortalecida», añadiendo que «en un Estado de Derecho, todos los poderes están sometidos a la Ley».
«Frente al ruido y las presiones, seguiremos defendiendo España y las instituciones sin miedo ni cesiones, desde la moderación y la razón», dijo, haciendo referencia a las medidas cautelarísimas que propuso su partido.
Con un tono más combativo se ha dirigido Santiago Abascal, presidente de Vox, a sus seguidores en la misma red social. «La decisión del TC debería detener, de momento el asalto de Sánchez», dice, apuntando a la enmienda por las cual se modificaría el régimen de nombramientos de magistrados para renovar el CGPJ.
«Pero no hay nada ganado, porque [Sánchez] sigue con su plan de perpetuarse», continúa el mensaje de Abascal. «Es capaz de desoír al TC. Seguiremos trabajando para detenerlo de forma definitiva: moción y más acciones judiciales».
Desde Ciudadanos también se mostraron de acuerdo con las acciones del TC. «En las democracias, los Gobiernos no pueden hacer lo que quieran una vez que tienen una mayoría parlamentaria», ha dicho Inés Arrimadas, presidenta del partido ‘naranja’ en una entrevista televisiva en La 1.
«Lo que ha hecho el TC ha sido dar amparo a los diputados que vimos nuestros derechos conculcados por esta manera de legislar, que es evidentemente antidemocrática», explicó, comparando las críticas de los partidos con las situación de Cataluña. «Cuando desde el poder se cuestiona a los otros poderes y la legitimidad de las leyes, los jueces y los policías, eso tiene una consecuencia en la sociedad».
Los representantes de Podemos, Izquierda Unida y Más País han dirigido numerosos ataques al TC, calificando su decisión como un «golpe de Estado».
