El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha presentado el libro «El derecho y la inteligencia artificial», un texto realizado en colaboración con la Universidad de Granada que parte de las ponencias de los cursos que han ofrecido ambos cuerpos sobre inteligencia artificial y las consideraciones que deberán tener los profesionales del derecho ante su implantación en la Administración y la cotidianidad de la ciudadanía.
Alfonso Peralta, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Roquetas de Mar (Almería) y uno de los coordinadores del libro, lo define como un texto «pionero». El curso, que lleva el mismo nombre del libro y pronto iniciará su cuarta edición, «comenzó cuando la gente pensaba que hablar de inteligencia artificial era ciencia ficción, lo veía todavía muy lejano, pero la idea es que se convierta en un referente nacional e internacional», dice.
Peralta apunta que «aunque la tecnología y la sociedad siempre se adelantan a la regulación, en Europa se está trabajando lo más rápido y seguro posible para que esta tecnología sea segura y confiable y que cumpla con los derechos fundamentales de una sociedad democrática».
Asimismo, indicó los riesgos de que la inteligencia artificial «no cumpla con estos estándares y funcione con sesgos, discriminación y poca ética y transparencia». «Existe la preocupación social de que su aplicación lleva a perjuicios, especialmente la sustitución de los trabajadores humanos, pero debemos velar por que sea una herramienta de auxilio para el desarrollo profesional y la mejora de la eficiencia».
Rafael Mozo, presidente interino del CGPJ, destacó durante la presentación el «cambio disruptivo» que representa la inteligencia artificial en el tratamiento de la información jurídica, gracias a su capacidad de «analizar cantidades ingentes de datos».
Según Mozo, esta asistencia podría ayudar a «proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar la justicia». «Mientras incrementa el número de litigios, la digitalización de la Justicia ofrece varias ventajas», así como «dudas éticas y desafíos prácticos».
Mozo definió como prioridades la transparencia y el control del usuario, especialmente dado el riesgo de un sesgo algorítmico, como los que se han observado en varios sistemas de inteligencia artificial, así como «aprovechar el potencial de esta herramienta para mejorar el servicio público», sin quitar «el derecho a ser juzgado por un juez natural, independiente e imparcial».
El catedrático Francisco Herrera, que junto a Alfonso Peralta y Leopoldo Salvador Torres ejercieron como editores y coordinadores del proyecto, recordó que «ahora, se habla continuamente de la inteligencia en la prensa», si bien no había pasado tanto tiempo desde la época en que «todavía no se hablaba del peligro que podían correr los derechos fundamentales» con esta tecnología.
Este riesgo fue uno de los motivos por los cuales se propuso el curso sobre inteligencia artificial en un principio y, más tarde, la redacción del libro, aunque Herrera señala la existencia de herramientas como ChatGPT como señal de que esta tecnología ya forma parte de la cotidianidad y la importancia de su regulación.
El vocal del CGPJ Álvaro Cuesta señaló que «el libro recoge las diferentes perspectivas, riesgos y oportunidades, los aspectos jurídicos y las aplicaciones prácticas» de la inteligencia artificial, que calificó de «la cuarta revolución industrial».
También destacó la Universidad de Granada como un «referente en inteligencia artificial y sus desafíos», así como el «compromiso e independencia de la Justicia».
Una opinión de la que se hizo eco la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, que además señaló la función de la universidad como generadora de conocimiento, un «concepto humanístico» que definió como una «ética de la vida», y su rol en la transferencia del mismo.
«La universidad debe ser abierta e inclusiva, no para adaptarse a la sociedad, sino para transformarla», dijo, añadiendo que la colaboración del CGPJ había sido «fundamental» en la creación del libro, una arista más con la que cumplía su «compromiso de formar a la ciudadanía»
La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, que prologó el libro, indicó el «impacto enorme» que supone la inteligencia artificial en varios ámbitos de la vida de los ciudadanos y el rol del Gobierno de España, país que resaltó como «referente en derechos digitales en la Unión Europea».
Una de las reivindicaciones de Artigas fue la «transición tecnológica», incluyendo el uso de inteligencia artificial, que debía llevarse a cabo «de manera justa, sin perder los derechos que hemos ganado» para pasarlos «del mundo analógico al digital». En este sentido, habló de la necesidad de un «humanismo tecnológico».
Entre las entidades públicas relacionadas con la Universidad de Granada que han colaborado en el curso se encuentran la Facultad de Derecho de Granada, la Unidad de Excelencia de Investigación “Sociedad Digital: Seguridad y Protección de Derechos de la Facultad de Derecho de Granada, el Instituto Andaluz Interuniversitario en Ciencia de Datos e Inteligencia Computacional (instituto DaSCI), la Cátedra de privacidad y Transformación Digital Microsoft-Universitat de Valencia y la Cátedra Telefónica-Universidad de Granada ‘IA, Ciberseguridad y Sociedad Cognitiva ‘
