«El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid [ICAM] se ha equivocado al aceptar la mediación solicitada por las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia para solucionar el conflicto que éstos han provocado», ha afirmado el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez.
«La ley establece fórmulas para la mediación y esta no es la vía. Primero propusieron a cuatro miembros del Consejo General del Poder Judicial, uno de los cuales es letrada judicial. Ella [en referencia a María Ángeles Carmona] pertenece al mismo cuerpo de funcionarios que está provocando este conflicto», ha recordado.
Y ha añadido: «seguro que el decano lo ha hecho de buena fe, pero se ha confundido. Mandó una carta a la ministra, de la que he tenido conocimiento a través de la prensa, diciendo que proponía esa opción de mediación. Todo el mundo sabe quién está legitimado aquí para solicitar una mediación en un conflicto colectivo y cuál es el camino. Y este no lo es».
El decano del ICAM, Eugenio Ribón, se reunió el pasado viernes con miembros de las tres asociaciones convocantes –el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ)–, para estudiar el conflicto y las soluciones.
Ribón, por otra parte, no figura en la lista de mediadores de su propio Colegio, el ICAM. De acuerdo con la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, para ser mediador son precisos tres requisitos: poseer una licenciatura univrsitaria, tener una formación teórica-práctica de mediación (el 35 % de la cual debe consistir en la participación de mediaciones asistidas), y tener seguro de responsabilidad civil.
