El PSOE ha registrado este lunes sin Unidas Podemos la propuesta de reforma de la Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre de Garantía Integral de Libertad Sexual, más conocida como la ley del “sólo sí es sí”. Y es que, desde que entró en vigor, se han beneficiado de ella más de 400 agresores sexuales con rebajas de condena e, incluso, una treintena han sido excarcelados.
Según la propuesta a la que ha tenido acceso Confilegal, se pretende introducir una serie de modificaciones en la regulación de los delitos de agresión sexual que fueron retocados por la ley del “sólo sí es sí”. Los cambios que se proponen se refieren fundamentalmente a los supuestos en que media violencia, intimidación o la víctima tiene anulada su voluntad. Eso sí, se mantiene de forma íntegra la definición del consentimiento.
El objetivo es asegurar que en el futuro no se rebajen las penas de los supuestos más graves de agresión sexual, tal y como está ocurriendo actualmente.
Han destacado la importancia de blindar la ley en favor de las víctimas para que, respetando el modelo del consentimiento, “en casos graves, no exista la posibilidad de que se impongan penas bajas”. Asimismo, también han apuntado que “se deberán establecer unas penas distintas y más graves cuando se realizan con violencia o intimidación o sobre una víctima con la voluntad anulada”.
Aumentan las penas
Suben las penas en las agresiones sexuales violentas, con intimidación o con nulidad de voluntad sin penetración, que se encuentra en el artículo 178.3 del Código Penal (CP). Por lo que la condena sería igual a la de la anterior reforma, es decir, penas de prisión de 1 a 5 años evitando además que se pueda aplicar el tipo atenuado.
Se añade un nuevo apartado en el artículo 179 del CP en el que se explica que si la agresión con penetración se comete empleando violencia, intimidación o cuando la víctima tuviera anulada su voluntad, se impondrá la pena de prisión de 6 a 12 años y no de 4 a 12.
Más condena en casos con agravantes
Por otro lado, también se modifica el artículo 180 del CP. En las modalidades agravadas de los delitos de agresión sexual y de violación, se prevé una nueva pena más grave para los supuestos en que concurre violencia o intimidación o la víctima tiene anulada su voluntad.
Es decir, que haya dos o más personas implicadas, que se incurra en una violencia de extrema gravedad, que se realicen contra alguien en extrema vulnerabilidad, cuando se ejerza un abuso contra alguien con quien ha existido una relación de afectividad o haya existido una situación de parentesco, cuando se haya anulado la voluntad de la víctima a través de químicos y cuando se utilicen armas para lograr los fines.
La reforma sube las penas de 2 a 8 años en los casos de agresión sexual, de 5 a 10 en los casos de agresión con anulación de la voluntad, de 7a 15 si hay penetración y de 12 a 15 si hay penetración con violencia de por medio.
En delitos de agresiones sexuales a menores de 16 años de edad, se extiende la exclusión del tipo atenuado cuando las víctimas tengan anulada su voluntad por cualquier causa y, por otra parte, agrava las penas en caso de violación.
Cuando el acto sexual consista en acceso carnal por cualquier vía, el responsable será castigado con la pena de prisión de 8 a 12 años en vez de 6 a 12. Pero si hay violencia, intimidación o la víctima tiene anulada su voluntad se pasa de una pena de 10 a 15 años de prisión a una pena de 12 a 15.
Además también proponen que el agravante de parentesco se extienda también a primos y no sólo a familiares de segundo grado, que abarca hasta tíos.
Patxi López lamenta la falta de acuerdo con Unidas Podemos
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patxi López, ha explicado que, ante la rebaja de condenas que se estaban produciendo en algunos casos de agresión sexual, “lo que hacemos con esta modificación es aumentar las condenas para que sean más ajustadas” y, por lo tanto, para que a partir de la entrada en vigor de esta adaptación las condenas sean “mucho más correctas”.
El portavoz ha insistido en que la Ley orgánica de libertad sexual es una buena ley y ha garantizado que la norma registrada mantiene íntegra la definición del consentimiento y que cualquier ataque a la libertad sexual de una mujer es una agresión sexual. También ha remarcado que esta modificación responde al interés de “proteger la ley y acabar con la alarma social que estaban generando esos efectos no deseados”.
López ha lamentado que no haya sido posible un acuerdo con el socio de Gobierno, Unidas Podemos, aunque ha recalcado que el Partido Socialista sigue dispuesto a dialogar durante la tramitación parlamentaria de la ley.
