El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una interpelación urgente en el Congreso de los Diputados para que la ministra de Justicia, Pilar Llop, dé explicaciones en la sesión plenaria del próximo miércoles sobre la huelga indefinida de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que comenzó el pasado 24 de enero y que, según datos de los convocantes, ha supuesto la suspensión de unas 125.000 vistas y el bloqueo de 432 millones de euros en cuentas judiciales.
Los ‘populares’ explican que lanzan la interpelación urgente «para que el Gobierno informe sobre el desarrollo de la acción de gobierno en el ámbito del Ministerio de Justicia, especialmente en lo referente a la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia».
También reclaman al departamento de Llop que informe «sobre la propuesta y ejecución de la política de gobierno para el desarrollo del ordenamiento jurídico en materia de derecho penal, civil, mercantil y procesal, competencia que tiene atribuida en virtud del artículo del real decreto 453/2020, de 10 de marzo».
A este respecto, el PP recuerda que en su artículo 1 dispone que corresponde al Ministerio de Justicia «la propuesta y ejecución de la política del Gobierno para el desarrollo del ordenamiento jurídico, especialmente en materia de derecho penal, civil, mercantil y procesal; la política de organización y apoyo de la Administración de Justicia, así como la cooperación con las comunidades autónomas en coordinación con los demás departamentos competentes en la materia».
Tras la interpelación urgente a la titular de Justicia, el Partido Popular redactará una moción que se debatirá y votará en el Pleno que arrancará el 21 de febrero en la Cámara Baja.
El PP exigirá explicaciones a Llop justo un día antes de que el comité de huelga y el Ministerio de Justicia se reúnan por primera vez desde que comenzó el parón ‘sine die’ de los LAJ.
La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados han reprochado que el Ministerio les haya convocado para el próximo jueves, advirtiendo de que dará tiempo a que se suspendan otros 55.000 juicios y se bloqueen otros 150 millones de euros.
EL ORIGEN DEL CONFLICTO
El conflicto que tiene su origen en «la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas», en especial la de 2015, lo que –denuncian las tres asociaciones convocantes– ha provocado un «insoportable desequilibrio».
Señalan como «detonante» del conflicto el acuerdo que Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales «sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021».
Antes de que empezara la huelga, Llop pidió al comité de huelga que huyera de «posiciones maximalistas» porque impedían «buenos acuerdos». Por su parte, el secretario de Estado de Justicia, Antonio ‘Tontxu’ Rodríguez, aseguró que la huelga de los LAJ era una medida «política» y que estaba «fuera de lugar».
Rodríguez incidió en que «cualquier tipo de reclamación económica que tiene lugar en esta huelga no tienen un sentido», puesto que Justicia «ha cumplido todos los acuerdos» alcanzados con la representación de estos trabajadores.
