Xoán Xosé Yáñez, miembro de la Ejecutiva de UPSJ y del Comité de Huelga, explica en Confilegal las expectativas que tienen. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Xoán Xosé Yáñez (UPSJ): ‘No es admisible que el Ministerio esté demorando tanto solucionar el conflicto’
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12/2/2023 06:52
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Actualizado: 13/2/2023 10:09
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«No es admisible que el Ministerio esté demorando tanto solucionar el conflicto». Así lo afirma Xoán Xosé Yáñez, miembro de la Ejecutiva de Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y del Comité de Huelga.
Los letrados de la Administración de Justicia -antes denominados secretarios judiciales- son el único Cuerpo superior dependiente del Ministerio de Justicia con presencia en cada uno de los órganos judiciales.
Se encargan del impulso procesal de todos los procedimientos, desde la admisión de la demanda al señalamiento del juicio, hasta la ejecución forzosa de lo acordado.
Además, son los fedatarios del Juzgado y los directores de la oficina judicial. Y los que administran la cuenta de depósitos y consignaciones.
Desde el pasado 24 de enero están en huelga, con lo que suman ya 14 días, porque denuncian que el Ministerio de Justicia no ha cumplido lo comprometido.
El Ministerio dice que ha cumplido prácticamente todos sus compromisos con el Cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, pero ustedes lo niegan. ¿En qué no ha cumplido?
El Ministerio está desinformando y lo está haciendo a propósito, porque habla de 11 acuerdos, nosotros de 13, y no estamos hablando de lo mismo, sino de cosas muy distintas. Ellos lo saben perfectamente.
En los 11 acuerdos que dice el secretario de Estado, que encima alude a 11 y lo que enumera nunca llega a esa cifra, cita como el primero de ellos el complemento de 195 euros que acordó el Ministerio en la mesa sindical en diciembre de 2021.
Ese complemento no se ha considerado adecuación salarial ni siquiera por el Consejo General del Poder Judicial. En realidad, se corresponde a una cantidad que adeudaba a los funcionarios del Ministerio que no hemos sido transferidos a las Comunidades Autónomas con competencias en Justicia.
El segundo acuerdo del que habla ‘Tontxu’ Rodríguez es de las actualizaciones de sueldos públicos respecto al IP, que se ha pactado en Función Pública, con los sindicatos también. Ni siquiera en Justicia. Son los incrementos que todos los funcionarios de España han ido recibiendo en estos últimos años para compensar la inflación. Tampoco es un acuerdo que tenga que ver con los letrados.
Después, intenta introducir algunos acuerdos con nosotros, pero no los ha cumplido, como son la productividad, la carrera profesional o el nuevo Estatuto Orgánico. De esto no se ha hecho nada.
Respecto a la productividad se habían comprometido a llegar al 5% de la masa salarial. Sin embargo, no llegan al 1,5%.
El objetivo de la carrera profesional es premiar a aquellos funcionarios que siguen preparándose y realizando formación específica para su puesto. Nosotros pedimos que se desarrolle este concepto, tal y como se ha hecho con otros Cuerpos.
En cuanto al Estatuto Orgánico, cuya actualización es urgente por todos los cambios recientes en la profesión, el Ministerio no ha dado ningún paso para aprobar el texto ya elaborado.
El Ministerio también se refiere a los dos planes de actuación: el de sustituciones y entradas y registros. Ambos se han aprobado, pero respecto de las sustituciones ha dictado una instrucción que prácticamente lo deja sin contenido. Y no ha aprobado la reforma auténtica de las sustituciones, que es un compromiso adquirido por el Ministerio en 2019 para establecerlo tal y como estaba antes de la anulación por defecto de negociación colectiva a instancias de Comisiones Obreras.
Por último, se ha actualizado lo que se percibe por las entradas y registros simultáneas, que ha pasado de 30 euros a 110. Aquí, tengo que decir que son unos supuestos rarísimos de los que pueden darse 100 en todo un año en toda España.
¿Cuáles son el resto de cuestiones que acordaron y denuncian que el Ministerio ha incumplido?
Sobre todo, hay dos acuerdos centrales y nucleares, que negociamos el pasado mes de abril y que fueron precisamente lo que paralizó la huelga anterior: referenciar nuestras nóminas a las de los jueces a través de un porcentaje y reducir los grupos de población de cinco a tres.
¿Lo de la cláusula de enganches es difícil llevarlo a cabo?
Técnicamente es muy fácil. Ellos se habían comprometido a introducir una disposición adicional a una de las leyes que están en tramitación ahora.
¿Por qué consideran necesario reducir los grupos de población?
Los letrados, en función de donde trabajamos, estamos clasificados en cinco grupos.
En el 1 están los compañeros que trabajan en Madrid capital y Barcelona ciudad, en el 2 los que ejercen en grandes ciudades como Bilbao, Palma o Valencia, en el 3 ciudades como Vigo o La Coruña, en el 4 ciudades como Segovia y en el 5 los juzgados de pueblo.
La consecuencia de que haya cinco grupos es que los compañeros que están en los juzgados de pueblo perciben retribuciones muy inferiores a los que están en juzgados de ciudad. A veces incluso inferiores a las de sus subordinados.
La diferencia entre trabajar en Redondela, que es grupo 5, y Vigo, grupo 3, puede estar en 500 euros netos al mes.
Los asuntos de los vecinos de los pueblos son igual de importantes que los de las ciudades.
¿Qué balance hace de la huelga?
Estamos muy satisfechos del alto seguimiento por nuestros compañeros, pero también muy preocupados por los efectos en el servicio público.
El Ministerio empezó la huelga faltando al respeto a los letrados, diciendo el secretario de Estado que somos unos golpistas, que estamos haciendo una huelga contra el pueblo, que cogemos de rehén al pueblo, que estamos endiosados…
Nos sentimos humillados en ese momento con las declaraciones del secretario de Estado.
Dicho esto, nuestro ánimo es el de llegar a un acuerdo lo antes posible y lamentamos que la falta de urgencia por parte del Ministerio, que nos ha citado para el día 16 de febrero, esté demorando la primera fase para solucionar el conflicto, que es algo tan básico como sentarse a una mesa.
Y si eso lo están retrasando cuatro semanas desde que empezó la huelga, poco interés tienen en solucionar algo.
No es de recibo que el Ministerio esté prolongando el conflicto. No es admisible que esté demorando tanto solucionarlo.
El gran problema es que el perjudicado de todo eso es el ciudadano.
¿Y qué responde a lo que dice el Ministerio de que para hacer huelga han usado muchos permisos (moscosos y días de vacaciones)?
Eso forma parte de la guerra sucia del Ministerio, que no nos permitió gastarlos después. Eran permisos que se perdían a partir del 31 de enero. Dictó una instrucción al poco tiempo de convocar la huelga diciendo que no se podían solicitar más allá del 31, cuando lo habitual es que se prolongue.
Su intención era rebajar la participación porque la gente querría consumir sus días, pero le ha salido mal la estrategia porque cuando llegó el 1 de febrero subió la participación en 10 puntos.
¿Qué expectativas tienen?
Los letrados somos antiguos opositores y estamos acostumbrados a enfocar problemas a largo plazo y día a día. Somos muy constantes y aguantaremos el tiempo necesario para conseguir nuestro objetivo.
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