Los máximos responsables de la huelga indefinida declarada desde el 24 de enero pasado por el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia (LAJ) han planteado que, para desencallar el «grave conflicto» es necesario que se incorpore a la mesa de negociación la ministra de Justicia, Pilar Llop.
Sustituyendo así a su secretario de Estado, Tontxu Rodríguez, en la dirección de las conversaciones para que resuelva lo que definen «el mayor problema que tiene la Justicia desde siempre».
«El Comité de Huelga sigue haciendo propuestas que, en ningún caso, exceden de las reclamaciones iniciales, ni de las aceptadas por el propio Ministerio de Justicia en el mes de abril [del año pasado]. Nos remitimos a las notas de prensa y publicaciones en redes sociales del propio Ministerio de Justicia», explicaron ayer en un comunicado.
«El Comité de Huelga, a la vista de las maniobras desplegadas por el Ministerio de Justicia en la primera reunión, requerirá para que se establezcan reglas claras de funcionamiento de la mesa negociadora para evitar situaciones tan kafkianas como las de la otra noche, dando una imagen al exterior falsa de lo que estaba ocurriendo dentro», añadieron.
UNA NEGOCIACIÓN QUE PASÓ BUENA PARTE EN SILENCIO
El primer encuentro del Comité de Huelga de los LAJ con los representantes del Ministerio de Justicia, liderados por Rodríguez, duró 15 horas, entre las 5 de la tarde del jueves pasado y las 8.30 del viernes. No se llegó a ningún acuerdo.
La mayor parte de la madrugada se la pasaron ambas partes mirándose los unos a los otros sin decir nada. En silencio.
Manuel Olmedo, secretario general de la Administración de Justicia y superior jerárquico de este cuerpo de funcionarios, explicó después en RNE que en ese encuentro le pidieron al Comité de Huelga que desconvocaran la huelga porque se estaba causando un gran daño a la ciudadanía y que esa era la condición indispensable para empezar a hablar.
«No han estado dispuestos a desconvocar la huelga. Ellos han hecho una propuesta que era superior, incluso, a la que venían reivindicando durante la huelga. Lo que piden es cobrar lo mismo que los jueces en un 85 %. Quieren una cláusula de enganche tanto para los jueces, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Por ahí hemos dicho en el Ministerio que no puede ser porque los jueces son los jueces y los letrados son los letrados y sus funciones son distintas. No son mejores ni peores. Son distintas. Por lo tanto, su salario también es diferente», declaró Olmedo.
De acuerdo con el secretario general de Justicia, en ese encuentro se les planteó, desde el Ministerio, una contrapropuesta: «Mejorar las retribuciones de los LAJ que tienen unos ingresos inferiores. Los de los grupos de población 4 y 5. Se han negado, siquiera, a considerarla. Les dijimos que se tomaran el tiempo necesario. A altas horas de la madrugada nos dijeron que distribuirían entre sus asociados la propuesta del Ministerio. Estamos esperando una respuesta a esta proposición».
«Las reivindicaciones de los huelguistas van en provecho económico propio. Van exclusivamente por la vía de la reivindicación salarial. No son reivindicaciones para mejorar el servicio público de justicia. Para dotar de más medios a los juzgados. Para conseguir que los juicios se celebren en un menor periodo de tiempo. Son, exclusivamente, para subir el sueldo. Aún así, estamos esperando una propuesta a la que hicimos nosotros».
Olmedo subrayó que esta era una «huelga de personas privilegiadas, de altos cargos de Justicia que tienen unos salarios anuales de entre 40.000 y 60.000 euros brutos, aparte de los complementos y la productividad. Es decir, que son sueldos que doblan y, en muchos casos, triplican el salario medio de España»
«SOMOS LOS DIRECTORES DE LAS OFICINAS JUDICIALES»
Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, una de las tres organizaciones convocantes que conforman el Comité de Huelga, que intervino en ese espacio, dijo que dicha propuesta había sido rechazada.
Casado, previamente, explicó que «ni queremos ser jueces, ni queremos ser fiscales, ni queremos cobrar lo mismo que los jueces o que los fiscales. Estamos pidiendo lo mismo que pedimos en abril, lo mismo que justificó el Ministerio de Justicia en su página web. Pedimos una adecuación salarial deriva del ajuste del Real Decreto para no cobrar conceptos inferiores al resto de funcionarios del Ministerio de Justicia. Estamos pidiendo una simple adecuación que se llama técnicamente grupos de población».
«Nosotros tenemos unos grupos de población que nos perjudica con respecto a lo que tienen los demás», añadió. Y eso se tiene que rectificar.
Según Casado, desde 2009 la configuración orgánica de los LAJ ha cambiado radicalmente. «Hemos asumido una serie de responsabilidades muy importantes. Antes eramos fedatarios públicos, éramos secretarios judiciales. Ahora somos fedatarios públicos, somos los directores de las oficinas judiciales, impulsores del proceso y de las propias oficinas, bajo la dirección suprema del señor Olmedo. Nos encargamos, además, de la ejecución. Y desde 2015 somos los encargados del Registro Civil».
