El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha inadmitido las recusaciones promovidas por más de 50 diputados del PP y de Ciudadanos en el Congreso contra los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díez por presentarlas fuera de plazo en varios recursos de inconstitucionalidad.
Lo hicieron para apartarlos de ocho recursos al considerar que por sus anteriores trabajos como ministro de Justicia y alto cargo de Moncloa podrían haber participado «directa o indirectamente» en los mismos.
Estas recusaciones afectaban a la ley de eutanasia; la reforma legal que impide que un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones haga nombramientos discrecionales en la cúpula judicial; la modificación del Estatuto de los Trabajadores «para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de las plataformas digitales»; los presupuestos generales de 2021; o un decreto ley sobre medidas urgentes en lo sanitario, social y jurisdiccional tras el final del estado de alarma declarado en octubre de 2020.
Tanto Campo como Díez tomaron posesión el pasado 9 de enero y ese día comenzó el plazo para promover su recusación. El plazo finalizó pasados 10 días, es decir, el 23 de enero, en cambio, los escritos se presentaron el día 31.
También han inadmitido las recusaciones formuladas por Vox
Por otro lado, el Pleno también ha acordado inadmitir las recusaciones formuladas por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso contra Cándido Conde-Pumpido, presidente del TC, y los magistrados Campo, Díez y Maria Luisa Segoviano por su vinculación con el Gobierno.
En concreto, estas recusaciones se dirigían en el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 12/2022 de 22 de diciembre de transposición de directivas europeas y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando.
El partido liderado por Santiago Abascal puso el foco en la etapa de Conde-Pumpido como fiscal general del Estado «durante el mandato del PSOE». En concreto, le señalan por «haber ocupado cargo público con el que ha podido formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad».
En cuanto a Campo, Vox apuntó al vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad o afinidad por la relación que le une con Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados.
En relación a Díez, el partido la señaló por haber ocupado cargo público, empleo o profesión habiendo participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito, debido a su condición de alto cargo en el Ministerio de Presidencia y ser personal de confianza del ministro Félix Bolaños.
A Segoviano la quisieron recusar por sus declaraciones «mientras era magistrada emérita en el Supremo» cuando se refirió a la autodeterminación como «un tema muy complejo»
