La magistrada del caso Mediador ha acordado mantener en prisión a Francisco Espinosa, general de División retirado de la Guardia Civil, para «garantizar el acceso a determinados medios de prueba que podían verse perjudicados» si se aprobase su puesta en libertad, como especifica en un auto al que ha tenido acceso Confilegal
Así, la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, Ángeles Lorenzo-Cáceres, deniega la solicitud de libertad provisional que hacía la defensa del general. La jueza, sin embargo, deniega esta pretensión debido a «la naturaleza del presunto delito cometido, la pena que pudiera corresponderle, las circunstancias del hecho y los antecedentes del imputado».
El fin de esta medida es «garantizar la eficacia de la investigación procesal», además de «la disponibilidad del imputado a los llamamientos judiciales», así como «garantizar el acceso a determinados medios de prueba que podían verse perjudicados para el supuesto en que no se hubiera adoptado» esta acción.
El auto señala los oficios policiales de la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil como fuente de esta conclusión, a raíz de la cual «se ha llevado a cabo una ingente actuación dirigida a la obtención de aquellos medios probatorios que justificaban la solicitud que hoy el Ministerio Público ratifica en el presente informe».
La magistrada también hace referencia al escrito por el que la Fiscalía se oponía a la puesta en libertad de Espinosa, solicitando más bien la prisión provisional por el tiempo estrictamente necesario al considerar que existe un riesgo real de destrucción de fuentes de prueba». Desde el Ministerio Fiscal afirman que se trata de «una finalidad puramente instrumental».
La instructora señala que Espinosa habría aprovechado «las relaciones personales que tendría con personas relevantes del sector público y empresarial en el ámbito de las Islas Canarias», con una participación «esencial» en la trama criminal por esos contactos, además de su «capacidad de transmitir confianza a los distintos empresarios en la consecución de sus ilícitos propósitos».
Ya la jueza aseguraba que el general «podría frustrar la investigación policial» de permanecer en libertad en el auto por el que lo enviaba a prisión, fechado el 16 de febrero, citando los pagos de la trama y el descubrimiento de más de 60.000 euros en su domicilio de «ilícita procedencia».
